Con el fin del período de espera para que los diputados y senadores brasileños presenten enmiendas a la reforma de las pensiones del presidente Michel Temer, hasta el pasado viernes 17 de marzo, la Cámara Baja del Congreso Nacional ha programado la discusión y votación de la medida para el 6 de abril.

Para la aprobación de la reforma de las pensiones, el gobierno necesita una mayoría de dos tercios en dos vueltas de votación en ambas cámaras del Congreso, donde tiene mayoría. Una vez aprobada por la cámara baja, el gobierno de Temer espera que el Senado brasileño apruebe la reforma a mediados de año.

La reforma de las pensiones también aumenta el período de contribución mínima de 15 a 25 años, impone un período de contribución de 49 años para la jubilación con salario completo e incrementa la contribución de los trabajadores públicos a las pensiones del 11 al 14 por ciento. Esta reforma, que afecta a todos los trabajadores, establece una norma de transición que obliga a mujeres mayores de 45 años de edad y hombres mayores de 50 años a trabajar un 50 por ciento más hasta su retiro.

Una actividad afectada duramente por la reforma de las pensiones es la de los trabajadores rurales, cuyas condiciones laborales son las más precarias en Brasil, con un 30 por ciento trabajando en cultivos temporales y 59 por ciento trabajando informalmente. Para esos trabajadores, la reforma de las pensiones de Temer también aumenta la edad de jubilación de 60 a 65 años de edad, y crea una contribución del 5 por ciento.

La reforma de las pensiones del gobierno brasileño también afecta dramáticamente a categorías con planes especiales de retiro, como maestros, policías civiles y personas con discapacidad, que son efectivamente desechadas. Para los maestros, la categoría de título universitario en Brasil con sueldos más bajos y un 85 por ciento de mujeres, aumenta la edad de jubilación de 45 años de edad para las mujeres y 50 años para los hombres a 65 años de edad para ambos sexos, y también eleva el período de contribución de 25 años de las mujeres y 30 años de los hombres a 49 años para ambos para poder cobrar una remuneración de retiro completa.

La reforma de las pensiones de Temer fue anunciada en medio de la peor recesión económica de la historia de Brasil. Datos publicados el 7 de marzo por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) revelaron un segundo año consecutivo de caída del PIB sin precedentes, y un 10 por ciento de disminución de ingresos familiares desde 2014.

A fines de enero, datos del Banco Central ya habían mostrado un déficit primario de 156 mil millones de reales (50.3 mil millones de dólares). Fue el déficit primario más grande desde 2001, luego de otros déficit crecientes en 2014 y 2015.

Los mercados financieros y sus agencias reguladoras no sólo están dando la bienvenida a la reforma de las pensiones de Temer, sino a toda su agenda neo-liberal. Las señales cada vez más claras de que el gobierno brasileño está haciendo lo posible para colocar todo el peso de la crisis económica sobre los hombros de la clase trabajadora hicieron que los diferenciales de los seguros de riesgo crediticio de Brasil cayeran a su nivel más bajo en dos años a fines de febrero.

A pesar de su mayoría en el Congreso brasileño, el gobierno ha lanzado una campaña agresiva y amenazante para la aprobación de su reforma de pensiones. A principios de marzo, el partido del presidente, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), comenzó una campaña en Internet diciendo, “Sin la reforma de las pensiones, adiós a Bolsa Família (asistencia de ingreso mínimo para las familias brasileñas más pobres), FIES (préstamos para estudiantes universitarios), carreteras nuevas y programas sociales”.

Al mismo tiempo, el gobierno brasileño comenzó una campaña masiva en TV, radio, Internet y espacios públicos con el eslogan “Reforma hoy para asegurar el mañana”. Repitió consignas de la campaña del PMDB, diciendo, “los beneficios de las pensiones pueden terminar sin la reforma”, porque “no hay dinero para pagar las jubilaciones durante tanto tiempo”. Declarando inconstitucional la campaña, un juez federal ordenó su suspensión inmediata el 15 de marzo.

El gobierno ha insistido incansablemente en la necesidad de una reforma debido al déficit de las pensiones y también al déficit público de Brasil. Estas consignas desestiman no sólo el superávit en seguridad social, del que forma parte el sistema de pensiones brasileño, sino también el hecho de que casi la mitad del presupuesto federal es usado para pagar la deuda pública corrupta a las instituciones financieras internacionales.

El tono amenazador de la campaña de Temer no sólo es un mensaje para satisfacer a los mercados financieros, sino también para presionar a los diputados y senadores de los partidos alineados con el gobierno. Muchos congresistas son reacios a votar a favor de la reforma de las pensiones a la vista de la masiva oposición popular al gobierno y su reforma, que les puede hacer perder su apoyo electoral en los estados.

Hasta el viernes 17 de marzo, los legisladores aliados al gobierno presentaron 120 de las 164 enmiendas a la reforma de las pensiones, contradiciendo el deseo de Temer de conseguir su aprobación sin cambios. Estas enmiendas cambian medidas importantes de la reforma, como la edad mínima de jubilación y el período mínimo de contribución, y, de acuerdo al gobierno, socavan la reforma.

Sin embargo, no es la primera vez que el Congreso se ha resistido a votar a favor de las reformas de austeridad de Temer. El punto culminante de este conflicto ocurrió a fines del año pasado, cuando los legisladores de los partidos aliados al gobierno rechazaron todas las medidas de austeridad incluidas en el plan de recuperación fiscal de Temer para los estados brasileños endeudados, lo que llevó al gobierno a vetar el proyecto de ley aprobado por el Congreso.

En ambos casos, los cálculos electorales oportunistas de los aliados de Temer en el Congreso no se basan en ninguna consideración por los intereses de la clase trabajadora, y no hay motivos para ilusionarse con una resistencia parlamentaria que bloquee las reformas de Temer.

Por otra parte, hay una preocupación creciente en el Congreso y el propio gobierno de Temer de que su agenda política de austeridad pueda causar una revuelta popular como la que hizo erupción en 2013, que puede salirse de control, amenazando tanto al gobierno estatal como federal.

Este es el caso de Rio de Janeiro, el estado más endeudado de Brasil, cada vez más dependiente de préstamos federales para pagar a los trabajadores del sector público. Desde el año pasado, ha habido en este estado una represión feroz de parte de la policía militar estatal y las fuerzas de seguridad nacional hacia la oposición a las medidas de austeridad de Temer y el gobernador Luiz Carlos Pezão (PMDB).

En febrero, cuando la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro aprobó la privatización de la lucrativa compañía State Water and Sewage Company (CEDAE), la condición previa para un préstamo de rescate federal, el gobierno de Temer envió tropas del ejército y la marina a Rio de Janeiro para “liberar la policía militar de tener que intervenir en las protestas contra la privatización de CEDAE”, según el ministro de Defensa Raul Jungman.

Esta intervención fue sólo la preparación para medidas represivas similares en toda la nación, a medida que se desarrollen las reformas de austeridad de Temer.

Las manifestaciones contra la reforma de las pensiones ya habían comenzado el 15 de marzo, con protestas en todo el país. A medida que la reforma de las pensiones avance en el Congreso y la movilización popular aumente, la protesta enfrentará una represión brutal de la policía militar estatal y las fuerzas armadas de Temer, los únicos dos sectores con personal de la administración pública exentos de la reforma de las pensiones.