En menos de una semana después de la derrota contundente en el congreso del Real Decreto del gobierno español atacando las condiciones de trabajo de los 6.140 estibadores del país, los sindicatos y la patronal siguen adelante con recortes salariales y la eliminación de puestos de trabajo.

El decreto, que hubiera abierto la puerta a despidos masivos, reducciones salariales de hasta el 60 por ciento, el uso de trabajadores de agencias de trabajo temporales con sueldos ínfimos, la destrucción de las condiciones de seguridad e higiene, fue derrotado con 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones.

Su fracaso fue el resultado de divisiones dentro de la clase dominante acerca la mejor manera de llevar a cabo ataques contra la clase obrera.

El gobierno minoritario del Partido Popular (PP) prefirió aprobar la reforma sin ningún acuerdo previo con los sindicatos, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) y los partidos de oposición, alegando que era urgente cumplir con una resolución de hace dos años del Tribunal de Justicia de la UE que exigía a España liberalizar al sector portuario para no enfrentarse a sanciones.

El Partido Socialista (PSOE) y Unidos Podemos (que comprenden el partido pseudoizquierdista Podemos y la estalinista Izquierda Unida) se opusieron a esta línea, temiendo que tales medidas minaran la autoridad de los sindicatos para frenar a la clase obrera en sus futuras luchas.

Susana Díaz, la dirigente del PSOE en Andalucia, criticó el decreto por no buscar “el consenso y el entendimiento entre la patronal y los trabajadores”. El portavoz de Unidos Podemos, Félix Alonso, afirmó que el PP no era “consciente de las repercusiones económicas y sociales de una solución no pactada” por los sindicatos y las empresas portuarias a largo plazo, y añadió que el unilateralismo del PP significaría que cualquier pacto que se pudiera llegar entre los sindicatos y la patronal “se quedaría en papel mojado”.

El PP, por supuesto, era consciente de las repercusiones de su draconiana solución: habían tomado la medida del PSOE y Unidos Podemos, sabiendo que éstos vendrían al rescate y responderían con una solución ligeramente menos draconiana. Como advirtió el 27 de febrero nuestra página web, el World Socialist Web Site, “el PSOE y Podemos pueden intentar ganar tiempo y maniobrar, para imponer mejor los ataques a los trabajadores sin provocar una huelga importante contra el gobierno minoritario de España, el cual es muy débil e impopular. Temen que una importante huelga portuaria pueda desencadenar luchas mucho más amplias en la clase obrera, y acabar con la ‘paz social’ supervisada por los sindicatos, potencialmente derribando al gobierno del PP y causando un daño irreparable a sus intereses económicos y políticos”.

Este es el escenario en el que nos encontramos ahora.

Después de una reunión con la asociación de los patronos y los funcionarios del gobierno, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) anunció que está dispuesta a recortar los salarios en un 6 por ciento. De esta cifra, el 1% tiene por objeto facilitar la jubilación anticipada y el otro 5% va destinado a aumentar la productividad mediante la modernización de la infraestructura en los puertos. Esto representa alrededor de 25 millones de euros anuales para la jubilación anticipada, una medida que ya había sido propuesta por el gobierno del PP.

Los sindicatos, que trabajan codo a codo con la patronal de la ANESCO, pretenden convencer a los estibadores de más edad - alrededor de 1.300 tienen más de de 50 años - de optar por los planes de jubilación anticipada y recibir un 70 por ciento de su salario. El objetivo es abrir las compuertas a contratos precarios que condenan a los trabajadores nuevos y más jóvenes a reducir sus salarios y tener peores condiciones.

El portavoz de la CETM, Antolín Goya, dejó claro el compromiso del sindicato de liderar un asalto implacable a los puestos de empleo, salarios y las condiciones de los estibadores, afirmando que están “dispuestos a contribuir cada trabajador para dinamizar el sector” frente al “inmovilismo del gobierno”.

El gobierno ha acogido con satisfacción la propuesta y la está revisando. Sin embargo, según el diario La Razón, la ejecutiva presentará otro Real Decreto, aunque no tenga apoyo parlamentario, con la esperanza de que “el PSOE reconsidere y no bloquee la reforma”.

El papel traicionero de los sindicatos ha facilitado una situación en la que los trabajadores han estado aislados y su capacidad para bloquear los puertos de España se ha debilitado gravemente.

Desde que se vio obligado, a regañadientes, a convocar la huelga el mes pasado, la CETM ha intentado impedir la movilización de toda la fuerza de los trabajadores portuarios, que podría haber paralizado la economía española. En su lugar, se dedicaron a aislar la lucha, llamando a las huelgas en días alternos en cada puerto, negándose a unirlas con otras luchas en España para que no se convirtiera en una batalla global contra la privatización de los puertos y la destrucción de los niveles de vida y salarios de los estibadores en el mundo.

Tres veces los sindicatos suspendieron una huelga propuesta. Esto, a su vez, proporcionó al Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios (IDC) la oportunidad de cancelar sus propias y insignificantes “movilizaciones” previstas en algunos puertos a nivel internacional, equivalentes a “acciones” simbólicas de entre una y tres horas, ninguna de las cuales habría tenido un impacto.

El coordinador general de IDC, Jordi Aragunde, como era de esperar, declaró que la derrota del decreto era “un paso adelante, pero también una gran oportunidad que nos dieron los grupos parlamentarios de la oposición”. Esto no fue una huelga en defensa de los trabajadores contra el capitalismo global y la espiral descendente en los salarios y las condiciones internacionales, sino que, Aragunde pidió que los sindicatos, el gobierno y la patronal en España “lleguen a un acuerdo sobre las mejores condiciones para la reestructuración del modelo portuario español y para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europea”.

Al mismo tiempo Aragunde afirmó que la derrota del decreto nunca habría sucedido sin la “constante demostración de apoyo” y “acciones” de los afiliados IDC en todo el mundo, lo que “ayudó a convencer a la opinión pública de que el Real Decreto era imprudente, deshonesto y perjudicial para los intereses de la clase obrera - los intereses que orgullosamente representamos.”

Toda la fraternidad de organizaciones de la pseudoizquierda que orbitan alrededor de Podemos también han quedado desenmascaradas. A lo largo de la lucha, han intervenido para apoyar el control absoluto de los sindicatos sobre la lucha y evitar cualquier movilización independiente de los estibadores. Celebraron la derrota del decreto como si fuera una gran victoria.

Izquierda Revolucionaria, la sección española del Comité para una Internacional de los Trabajadores, lo describió como “un primer triunfo”. Clase contra Clase, la sección española de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional, declaró que la “sola amenaza de huelga” era suficiente para obligar al PSOE y Unidos Podemos a votar en contra del decreto. “Uno de los sectores más concentrados, sindicalizados y coordinados del movimiento obrero han enseñado ‘músculo’ y en esta ocasión ha bastado para evitar que varios partidos del Régimen votaran con la ‘responsabilidad de Estado’ que les ha caracterizado en otros momentos”.

Tan pronto como la tinta se secó en estos artículos, la CETM anunció sus propuestas para recortar salarios y eliminar puestos de trabajo.

Al igual que el PSOE y Podemos, la principal preocupación de los partidos de la pseudoizquierda es que los sindicatos, donde desempeñan un papel clave y constituyen la mayor parte de sus líderes bien pagados, pierdan su autoridad justo cuando la clase dominante depende, cada vez más, de los sindicatos en su papel de policía frente a la clase obrera.

Las lecciones del conflicto de los trabajadores portuarios, que aún tiene que decir su última palabra, plantean urgentemente la necesidad de que los trabajadores establezcan nuevas formas de organización, independientes de los sindicatos, y construyan un nuevo liderazgo en la lucha contra la pseudoizquierda y los intereses de clase media que representan.