En más de dos horas de testimonio ante un comité del Senado el miércoles por la mañana, el Secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, defendió los duros ataques por parte del gobierno Trump contra los derechos democráticos, dirigidos contra inmigrantes, visitantes y ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. Kelly es un general retirado de la Infantería de Marina que recientemente dirigió el Comando Sur, el cual controla todas las fuerzas estadounidenses en el Caribe y América Latina.

Kelly confirmó lo esencial del artículo del Wall Street Journal publicado el martes, indicando que el Departamento de Seguridad Nacional está considerando obligar a los visitantes de Estados Unidos a entregar sus teléfonos celulares, y contraseñas de medios sociales cuando solicitan una visa. También se les podría preguntar sobre sus puntos de vista ideológicos sobre cuestiones políticas y sociales como la condición de la mujer. Requisitos similares podrían aplicarse también a los visitantes de los 38 países que ahora participan en el Programa de Exención de Visas de los Estados Unidos, incluyendo la mayoría de los países europeos, Australia y Japón.

Gene Hamilton, consejero principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo al diario: “Si hay alguna duda acerca de las intenciones de una persona que viene a los Estados Unidos, ésta tendrá que superarla —probando real y verdaderamente a nuestra satisfacción— que vienen por razones legítimas.”

Kelly afirmó que esta “investigación extrema” se llevaría a cabo sólo en raras ocasiones. Lo presentó como la extensión de una política existente, ya llevada a cabo bajo la administración Obama, donde los visitantes pueden ser retirados de la fila durante la inspección de inmigración en los aeropuertos y otros puertos de entrada y obligados a entregar sus dispositivos y contraseñas.

Varios senadores criticaron esta política durante el interrogatorio de Kelly, incluyendo a la demócrata Claire McCaskill de Missouri y al republicano Rand Paul de Kentucky. McCaskill, la principal demócrata del comité, señaló la posibilidad de que otros países impongan requisitos de seguridad similares a los visitantes estadounidenses. “Cada embajador en Washington llamó a su país y dijo ‘escuchen esto’” después que el artículo sobre la investigación extrema apareció en el Wall Street Journal, dijo.

Preguntó si Kelly esperaba que los estadounidenses entregaran sus teléfonos celulares y contraseñas como una condición para visitar Londres o Tokio, lo que sugiere que el resultado de tales requisitos sería un colapso general de los viajes y el turismo.

Rand Paul le preguntó a Kelly acerca de recientes informes de prensa que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes habían sido obligados a entregar celulares y contraseñas como condición para reingresar al país. “Yo mismo podría estar viajando al extranjero y la entrada a mi propio país podría ser negada”, dijo, calificando esta práctica de “obscena”, y una violación de la Cuarta Enmienda, que prohíbe búsquedas arbitrarias.

Kelly afirmó: “No le está sucediendo a los ciudadanos. En algunos casos, está ocurriendo a los no ciudadanos, pero no de forma rutinaria”. Habló sin emoción, como si la Declaración de Derechos no se aplicara a los no ciudadanos, o que un pisoteo ocasional y no continuo de la Constitución, fuera de alguna manera aceptable.

El secretario del DHS también confirmó la declaración emitida el martes por el portavoz de su departamento, David Lapan, que agentes de Inmigración y Control de Aduanas ICE) seguirían arrestando a las víctimas de la delincuencia y testigos dentro de los juzgados donde habían participado en procesos judiciales, si eran indocumentados.

El portavoz del DHS dijo en una conferencia de prensa: “Solo porque sea víctima en un determinado caso, no significa que no haya algo en sus antecedentes que pudieran hacerlo un extranjero sujeto a extradición”. Agregó, “Solo porque son testigos no significa que no representen una amenaza a la seguridad por otras razones.”

El senador Kamala Harris de California planteó el tema que se ha convertido en un importante problema político en California después de una serie de arrestos. Funcionarios del gobierno estatal y local de California se quejaron que los inmigrantes están rechazando toda colaboración con la policía local y los fiscales, por temor a que sean arrestados cuando van a los tribunales para presentar una queja o para testificar.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de California, Tani G. Cantil-Sakauye, envió una carta a Kelly y al Procurador General, Jeff Sessions, protestando: “Los tribunales no deben ser utilizados como carnada” en la aplicación de las leyes de inmigración. Kelly y Sessions contestaron con una carta defendiendo la política, argumentando que esto era necesario para superar la resistencia a las operaciones de ICE por las jurisdicciones locales, los así llamados ciudades, condados y estados “santuario”.

Esta política expone la cínica hipocresía de las afirmaciones de Trump que su represión anti-inmigrante está dirigida a defender los derechos de las víctimas de los crímenes cometidos por inmigrantes “ilegales”. En un caso reciente, una mujer de Houston fue arrestada por agentes de inmigración cuando presentó una orden de protección contra el abuso violento por parte de su esposo quien era ciudadano.

Kelly habló ampliamente sobre otros dos asuntos importantes relacionados con la frontera de los Estados Unidos con México, comentarios que fueron inmediatamente presentados en los medios como indicativo de un enfoque más suave o más razonable y pragmático.

En respuesta a las sugerencias de los senadores demócratas y republicanos, declaró que la promesa de Trump de un muro entre los Estados Unidos y México no significaba un muro físico a lo largo de cada centímetro de la frontera de casi 2.000 millas. El control fronterizo podría establecerse a través de muros, cercas, detección electrónica o patrulla aérea, dijo. Los lugares más importantes para las paredes físicas estarían en áreas urbanas, dijo, y aquellos identificados por agentes de la Patrulla Fronteriza como particularmente sensibles. (Esta práctica, también desarrollada bajo Obama, obliga a los inmigrantes a cruzar por áreas más peligrosas, aumentando así el número de muertes en tránsito.)

Estos comentarios fueron aclamados por demócratas como McCaskill y Jon Tester de Montana, que halagaron a Kelly como “siendo el adulto en la sala” cuando se trataba de las discusiones dentro del gobierno de Trump.

Kelly también indicó que el DHS estaba revisando una política de separación de mujeres y niños de América Central cuando cruzaron la frontera suroeste buscando asilo en los Estados Unidos. Esta política se introdujo a principios de este año, con el objetivo de intimidar a los refugiados y disuadirlos de huir de la violencia en sus países de origen.

El jefe del DHS declaró categóricamente que los niños no serían separados de sus madres a menos que “las circunstancias” indicaran que las madres eran un peligro para ellos, como su adicción a las drogas. Sin embargo, enfatizó que la decisión de huir de Guatemala, El Salvador y Honduras e intentar el largo viaje a Estados Unidos estaba poniendo en peligro a los niños—un pretexto potencial para reinstalar la política de separación en algún momento en el futuro.

En respuesta a las preguntas de Harris, Kelly también se refirió a la nueva latitud que el gobierno de Trump ha dado a los agentes de ICE, yendo mucho más allá de la priorización de inmigrantes indocumentados con condenas criminales. Dejó claro que los agentes de ICE ahora tienen la autoridad para apuntar virtualmente a cualquier persona que ellos sospechen de ser indocumentada.

Kelly declaró con suficiencia que en virtud de esta política, los agentes de ICE estaban ahora “autorizados para hacer su trabajo”, con la correspondiente mejora dramática de su moral. En otras palabras, la policía fronteriza y de inmigración están contentas porque se les ha dado luz verde y se han desatado contra una población indefensa.

Los métodos cada vez más represivos que se están empleando contra los inmigrantes se utilizarán contra toda la clase trabajadora. Esto no es una cuestión de especulación, o pronóstico, sino un hecho consumado. Kelly dijo en la audiencia del Senado que el DHS seguiría adelante con el programa “Real ID”, que requiere que los gobiernos estatales adhieran a las normas federales en la expedición de licencias de conducción, con un plazo hasta mediados de enero de 2018.

Hay 23 estados que probablemente no estarán de acuerdo con la Identificación Real antes de la fecha límite, según Kelly. Los residentes de estos estados no podrán usar las licencias de conducir para abordar un vuelo doméstico. Tendrán que mostrar un pasaporte, una tarjeta fronteriza o una Identificación Militar, o se les negará el paso.

El programa Real ID es un paso importante hacia el establecimiento de una tarjeta de Identificación Nacional—por primera vez en la historia de los Estados Unidos—sentando las bases para una masiva base de datos gubernamental sobre cada ciudadano y residente de los Estados Unidos.