El martes marcó otra importante escalada en el ataque de la administración Trump a los inmigrantes. El Procurador General Jeff Sessions, hablando en la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona, amenazó diciendo: “Para aquellos que siguen buscando entrada impropia e ilegal en este país, se les advierte, esta es una nueva era. Esta es la era Trump”.

“La anarquía, la abdicación del deber de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y las viejas prácticas de captura y liberación han terminado”.

La elección de Nogales por Sessions para su discurso fascista tiene un significado histórico. La pequeña ciudad de 20.000 habitantes fue el centro de la masacre de 1918 provocada por agentes fronterizos estadounidenses que amenazaron con matar a un carpintero mexicano que cruzaba legalmente los Estados Unidos. En el altercado que siguió, soldados estadounidenses mataron a más de 100 civiles mexicanos, entre ellos el alcalde de Nogales, Sonora, y participantes de la revolución mexicana que se llevaba a cabo entonces.

El discurso de Sessions coincidió con la publicación de un nuevo memorando que indica los nuevos mecanismos para procesar criminalmente a los inmigrantes y a cualquier persona que intente protegerlos de la deportación. El memorando ordena que se procese a personas—inmigrantes y no inmigrantes por igual—que cometan los actos de “transporte ilegal o albergue de extranjeros”. El memo cita un estatuto que hace ilegal el “proteger a los inmigrantes de ser detectados”.

Si bien el estatuto se dirige a los “coyotes” que traen a los inmigrantes a través de la frontera, también castiga a los padres que traen a sus hijos, así como a las personas que intentan proteger a los inmigrantes de ser detectados. Bajo el estatuto, aquellos que ayudan o esconden inmigrantes enfrentan una posible condena de cinco años de prisión.

El memorando también ordena a los fiscales federales que presionen cargos criminales contra inmigrantes que vuelvan a entrar a Estados Unidos después de una deportación; que cometan fraude de identidad o que entren en matrimonios fraudulentos. Los inmigrantes a menudo se ven obligados a adquirir falsos números de Seguro Social para obtener empleo, y los funcionarios de inmigración regularmente afirman que los matrimonios de buena fe son fraudulentos, obligando a las parejas a enviar fotos personales y cartas de amor y espiando sus hogares y vecinos.

El memorando del martes ordena a cada fiscal a lo largo de la frontera, asignar un “Coordinador de Seguridad de Frontera” encargado de “la investigación y enjuiciamiento de los delitos enumerados arriba.” Estos oficiales son también responsables de coordinar con la policía local para realizar incursiones en lugares de trabajo y hogares.

El Los Angeles Times informó el miércoles que varios departamentos de policía de California están usando manuales que enseñan a la policía qué personas pueden ser sospechas de carecer de documentos de inmigración. El manual indica que “se puede considerar la carencia de dominio del inglés” como un factor para establecer la sospecha razonable de que una persona ha cometido un delito. Los manuales, producidos por la corporación Lexipol, son utilizados por las ciudades de Blythe, Azusa, Brisbane, Ciudad de Culver, Fontana, Fremont, Laguna Beach, Murrieta, Rialto y Walnut Creek.

La policía local no es la única agencia que trabaja en colaboración con los funcionarios de inmigración de Trump. De acuerdo con los correos electrónicos revelados por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, el Departamento de Vehículos Motorizados de Vermont entregó a ICE a las personas indocumentadas que solicitaban licencias de conducción. En particular, el departamento entregó la información de solicitantes de una tarjeta de especial de conducción, destinada a los no ciudadanos. Aproximadamente 50,000 inmigrantes poseen estas tarjetas de conducción en Vermont.

El gobierno de Trump también ha contratado a asesores políticos del ultra-derechista Centro de Estudios de Inmigración (CIS) y de la Federación para la Reforma de Inmigración Americana (FAIR) para liderar el encarcelamiento de inmigrantes.

FAIR fue fundada por el supremacista blanco y eugenista John Tanton, y sus líderes han dicho que los mexicanos quieren convertir California en una “cloaca del tercer mundo”.

ICE recientemente contrató al ex representante del CEI, John Feere, para que sirviera como asesor del Director Interino del ICE, Thomas Homan.

Feere recientemente tuiteó que “muchas personas inmigrantes pro-ilegales simplemente odian a los estadounidenses” y ha promovido el trabajo del sitio web de la supremacía blanca fascista Vdare y de la organización American Free Press, antisemita y negadora del holocausto. Feere aboga por la derogación de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en Estados Unidos. CIS ha llamado a los inmigrantes “buscadores de oro del tercer mundo”.

La agencia gubernamental U.S. Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP) también contrató recientemente a Julie Kirchner, ex directora ejecutiva de FAIR, como consejera del comisionado en funciones de la CBP, Kevin McAleenan. El trabajo de Kirchner ha sido ampliamente citado por Breitbart. En 2016, afirmó falsamente, que “centenares de terroristas nacidos en el extranjero han sido detenidos sólo en los Estados Unidos”.

El Partido Demócrata ha abandonado la oposición a la política anti-inmigrante de Trump, centrándose enteramente en forzar a Trump a llevar a cabo un giro en la estrategia geopolítica dirigida contra Rusia. El clima de guerra azotado por los demócratas sólo intensificará el clima nacionalista anti-inmigrante.