El ataque no provocado del gobierno de Trump contra Siria usando misiles de crucero, seguido por el uso de la bomba no-nuclear más grande en su arsenal en la frontera de Afganistán y Pakistán, marca un nuevo período en el colapso del derecho internacional.

Desde la primera Guerra del Golfo de 1990-91, la creciente aseveración del militarismo estadounidense por parte de los sucesivos presidentes —George H.W. Bush, Clinton, George W. Bush, Obama y Trump— ha llevado a la humanidad a un punto en el cual las reglas de la guerra que fueron adoptadas después de las bajas masivas y los horrores de la última guerra mundial están siendo violadas abiertamente.

El gobierno de Trump no ha hecho ningún esfuerzo en absoluto para proporcionar pretextos legales para sus bombardeos. Como lo explican las declaraciones del presidente Donald Trump y del vicepresidente Mike Pence, el objetivo principal de los ataques en Siria y Afganistán fue demostrar que no tiene límite el nivel de violencia que Estados Unidos está dispuesto a librar de manera completamente unilateral en la búsqueda de sus intereses imperialistas.

Agresión descarada

El ataque del Pentágono contra Siria claramente desafió el derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas adoptada en 1945, después de dos guerras mundiales, sólo prevé dos justificaciones para el uso de la fuerza militar: una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o como autodefensa después de un ataque armado. Ninguna resolución del Consejo de Seguridad sancionó los ataques estadounidenses, y Washington no trató de afirmar que estos fuesen necesarios para su propia defensa.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada para discutir el ataque estadounidense, Washington y sus aliados rechazaron completamente la negación de responsabilidad por parte del gobierno sirio por el presunto uso de armas químicas, aparte del hecho de que las fuerzas respaldadas por Estados Unidos en Siria han utilizado tales armas anteriormente. Sin presentar evidencia, EE.UU. culpó al gobierno sirio, como lo hizo en Ghouta en el 2013.

El embajador de Siria en la ONU llamó al ataque de misiles un "acto de agresión flagrante", el cual viola “la Carta de las Naciones Unidas, así como todas las normas y leyes internacionales". En respuesta, la embajadora de EE. UU ante la ONU, Nikki Haley, declaró despectivamente: “Cuando la comunidad internacional falla consistentemente en su deber de actuar colectivamente, a veces los Estados se sienten obligados a tomar sus propias medidas".

En otras palabras, Estados Unidos insiste en que tiene el derecho de emprender una guerra de agresión contra cualquier país que escoja, a menos que la "comunidad internacional" acepte llevar a cabo "su deber"—en otras palabras, los dictados estadounidenses—.

El párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe "la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado". El artículo 51 exonera únicamente “el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Aun así, el párrafo 7 del artículo 2 especifica: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados". Esto incluiría un ataque químico interno por parte de un gobierno, incluso si dicho ataque fuese comprobado.

Marjorie Cohn, profesora emérita de la Escuela de Derecho Thomas Jefferson, escribió: "Siria no había atacado a Estados Unidos ni a ningún otro país antes de que Trump ordenara el ataque de misiles ... Por lo tanto, Trump cometió un acto de agresión ilegal contra Siria al lanzar sus misiles".

Incluso si el gobierno sirio hubiese llevado a cabo un ataque con armas químicas, eso no justificaría legalmente el uso de misiles por parte de Estados Unidos. Mary Ellen O'Connell, profesora de derecho de Notre Dame, señaló: "El uso de armas químicas en Siria no es un ataque armado contra Estados Unidos".

El presidente de EE.UU. y sus funcionarios son culpables del crimen principal por el cual los líderes de los nazis fueron juzgados en el tribunal de Nuremberg en 1946: emprender una guerra de agresión. El artículo 6 (a) de la Carta del Tribunal Militar Internacional, en el que se basó el juicio de Nuremberg, define como "crímenes contra la paz" la "planificación, preparación, iniciación o realización de una guerra de agresión o una guerra en violación de los tratados internacionales, acuerdos o garantías, o participación en un plan común o conspiración para realizar cualquiera de los anteriores”.

Es igual de significativo el rápido consentimiento de los crímenes de guerra estadounidenses por parte de otras potencias imperialistas —incluyendo a Alemania, Francia y Gran Bretaña—. Esto señala su deseo de seguir el precedente de EE.UU. en la búsqueda de sus propios intereses.

Armas ilegales

Fue igual de ilegal el uso de la bomba Massive Ordnance Air Blast (MOAB), llamada la “madre de todas las bombas” por el ejército estadounidense. Esta bomba, la cual pesa 22,000 libras o 10 toneladas, fue lanzada supuestamente sobre túneles construidos por "fuerzas del Estado islámico" cerca de la frontera de Afganistán y Pakistán.

Estados Unidos uso este dispositivo, el más grande que ha utilizado desde la demolición de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial, con un desprecio flagrante por las bajas civiles.

Bajo el derecho internacional humanitario (DIH), todas las operaciones militares, aunque sean sancionadas por la ONU, deben obedecer reglas de "necesidad" y "proporcionalidad". En primer lugar, la magnitud de fuerza militar debe ser necesaria para enfrentar la supuesta amenaza.

En segundo lugar, la regla de la proporcionalidad prohíbe "los ataques con el que es de prever que cause incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.

En tercer lugar, el DIH prohíbe el uso o amenaza de uso de cualquier arma o táctica cuando el propósito principal de la operación sea aterrorizar a la población civil.

Evidentemente, el uso del MOAB fue desproporcionado con respecto a cualquier amenaza que presentaba el número relativamente pequeño de combatientes del Estado Islámico que afirmaban que estaban en la región. Su propósito fue aterrorizar al pueblo de Afganistán y del mundo.

Este fue un crimen de guerra, a pesar de que EE.UU. esté operando militarmente en Afganistán bajo el manto de la fraudulenta "guerra contra el terrorismo" que fue declarada por la ONU en el 2001 después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. La resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU requirió que cada Estado luchara contra el terrorismo "por todos los medios", así otorgándole a EE.UU. permiso para proseguir su campaña predatoria para controlar las regiones estratégicamente vitales y ricas en recursos naturales de Medio Oriente y Asia Central.

Un cuarto de siglo de guerras criminales

La beligerante doctrina de "Estados Unidos ante todo" del gobierno de Trump eleva a un nuevo plano el impulso del imperialismo estadounidense para usar su supremacía militar global a fin de recuperar la hegemonía que estableció tras las victorias sobre sus principales rivales —Alemania y Japón— en la Segunda Guerra Mundial.

Durante el último cuarto de siglo, a raíz de la liquidación de la Unión Soviética, EE.UU y otras potencias imperialistas ya se han arrogado el derecho de atacar, invadir o abatir militarmente a los gobiernos de otros países.

Durante la Guerra del Golfo en Irak, el gobierno de George H.W. Bush inicialmente obtuvo una hoja de parra para la invasión de Irak con el pretexto fraudulento de defender al "pequeño Kuwait." Respaldado por la complicidad de Rusia y la abstención de China, Washington obtuvo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU autorizando el uso de "todos los medios necesarios" para obligar a Irak a salir de Kuwait. Esto rápidamente se convirtió en una luz verde para una ofensiva asesina que fue mucho más allá de lo que indicaba ese mandato, la cual llevó al desmembramiento parcial de Irak por una coalición liderada por Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad de la ONU, un grupo dominado por las principales potencias imperialistas, demostró ser un centro de intercambio de información para la guerra. Sin embargo, para librarse de cualquier restricción legal, incluso formal, Estados Unidos y sus aliados presentaron dos doctrinas para justificar la eliminación de la prohibición de guerras de agresión después de la Segunda Guerra Mundial: una de intervenciones "humanitarias" y otra de "autodefensa preventiva".

Durante los ataques de la OTAN en Kosovo y otras partes de ex-Yugoslavia en la década de 1990, el gobierno de Clinton operó ilegalmente fuera de la ONU, a través de la alianza de la OTAN. Al haber contribuido a fomentar la ruptura de Yugoslavia, Estados Unidos adoptó una falsa máscara "humanitaria", supuestamente para proteger a las minorías de la agresión serbia, pero no pudo pasar una resolución a través del Consejo de Seguridad de la ONU.

En el 2005, hubo un esfuerzo para legalizar dichas operaciones militares "humanitarias" y anular el párrafo 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe las intervenciones nacionales. Estados Unidos y sus aliados, en particular Gran Bretaña, orquestaron pasar una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre "la responsabilidad de proteger", nominalmente para evitar que los gobiernos cometieran "genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad". Estas acciones aún deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En el último ataque en Siria, a pesar de las afirmaciones del presidente Trump de que fue motivado por la difícil situación de "hermosos bebés", Estados Unidos actuó solo, sin siquiera molestarse con las formalidades de la ONU.

La doctrina de "guerra preventiva", la cual fue explícitamente excluida de la Carta de las Naciones Unidas, fue promulgada por la Casa Blanca de Bush en el 2002. La criminalidad de este credo fue resaltada en marzo del 2003 con la invasión de Irak, basada en mentiras sobre "armas de destrucción masiva".

La doctrina de Bush desautorizó la insistencia de la Carta de las Naciones Unidas de que la autodefensa se limita a responder a un ataque armado que ya ocurrió. EE.UU. se otorgó el derecho de atacar a cualquier Estado que pudiese ser considerado como un peligro en algún momento en el futuro.

La invasión de Irak resultó en la muerte de miles de miles de personas inocentes y puso en marcha procesos catastróficos que desde entonces han llegado a envolver a todo Medio Oriente. Fue llevada a cabo por Estados Unidos y sus aliados más cercanos ("la coalición de los voluntarios"), desafiando la falta de un voto de autorización por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. La guerra fue librada a pesar de protestas de millones de personas, entre ellas cientos de abogados y académicos legales que la denunciaron como una guerra de agresión ilegal.

El carácter bipartidista de esta criminalidad fue demostrado por un discurso del presidente Obama en diciembre del 2009 —que dio, irónicamente, al aceptar el Premio Nobel de la Paz— en el cual adoptó la doctrina de Bush. Obama declaró el derecho exclusivo de EE.UU. de realizar "guerras preventivas" contra cualquier "amenaza" a los intereses de Washington. De hecho, Obama trató de enunciar una doctrina más amplia para santificar las guerras de agresión. Declaró: "Las naciones seguirán descubriendo que el uso de la fuerza no sólo es necesario, sino que se justifica moralmente".

Al llevar a cabo el último ataque contra Siria, el gobierno de Trump dejó a un lado cualquier pretensión de autodefensa contra una amenaza del régimen sirio —tanto en el presente como en el futuro— y por lo tanto no se molestó en nombrar la doctrina de guerra preventiva usada por Bush y Obama.

La presidencia de Trump representa tanto una continuación como una profundización cualitativa del uso ilegal de la fuerza militar por parte del imperialismo estadounidense. Todos los pretextos de respetar el derecho internacional han sido dejados a un lado para que Washington pueda afirmar su derecho absoluto de usar su arsenal militar dondequiera y cuando quiera.

Con la ruptura del marco jurídico posterior a la Segunda Guerra Mundial, el peligro de otra guerra mundial está creciendo. El WSWS advirtió en una Perspectiva sobre el ataque a Siria: "Buscando revertir el declive histórico del capitalismo estadounidense, la clase gobernante ha bombardeado o invadido a un país tras otro en conflictos regionales que se están convirtiendo rápidamente en una guerra contra sus rivales más grandes, incluyendo China y Rusia".

Como insistió León Trotsky en 1934, escribiendo después del colapso del predecesor de la ONU, la Sociedad de Naciones, las irresolubles contradicciones del sistema global capitalista del Estado nación vuelven a “poner a la humanidad cara a cara con la erupción volcánica del imperialismo estadounidense".