El número de muertos alcanzó la cifra de 37 el jueves en las protestas nacionales y enfrentamientos callejeros que han engarrado a Venezuela desde el mes pasado.

La identidad de las últimas víctimas refleja el carácter violento y provocativo de la campaña promovida por la oposición de derecha del país, así como la cada vez más intensa represión llevada a cabo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En paralelo a esta confrontación política realizada en las calles de Caracas y otras ciudades importantes, la terrible crisis económica del país ha desatado una creciente ola de saqueo por parte de los oprimidos quienes han sido llevados a la desesperación por la falta de comida y bajos ingresos

Hecder Lugo Perez, 22, murió el viernes luego de que le dispararan a la cabeza en la ciudad noroeste de Valencia, un centro de la moribunda industria automotriz de Venezuela y otras plantas de fabricación que han sufrido despidos masivos. La ciudad de 1.8 millones se ha vuelto uno de los puntos críticos en el saqueo que ha arrasado al país; unas 70 tiendas fueron saqueadas el martes.

El jueves fue asesinado Juan López Manjares, 33, el presidente de la federación estudiantil del Instituto Universitario Tecnologico Jose Antonio Anzoátegui en la ciudad nordestina de El Tigre. El líder estudiantil, un partidario del gobierno, fue baleado después de dirigir una asamblea estudiantil; el asesino fugó en una motocicleta.

El jueves también se informó sobre la muerte de un policía, Gerardo Barrera, 38, quién murió de heridas de balas sufridas el día anterior en una confrontación con manifestantes en la ciudad noroeste de San Joaquín.

La ola de manifestaciones fue desatada el 1 de abril luego de que la Corte Suprema venezolana emitiera un decreto en el que revocaba los poderes legislativos de la Asamblea Nacional que es controlada por la oposición. La acción fue parte de un intento del gobierno de Maduro de consolidar el poder bajo condiciones en las que el presidente y sus políticas se han vuelto completamente impopulares, no sólo en el sector adinerado que apoya a la derecha política, sino entre amplios sectores de la población trabajadora.

El gobierno fue obligado a retirar la medida luego de que vinieran importantes críticas dentro de sus filas, incluyendo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una lealista el gobierno que está casada con un legislador del gobernante PSUV. La sintomática crisis interna del gobierno de Maduro y los cálculos entre algunas de sus principales figuras de que el cambio de régimen puede estar cerca fueron expuestos en una entrevista que ella dio al Wall Street Journal esta semana: “Es tiempo de mantener discusiones y negociar. Significa ceder en decisiones por el bien del país”. También se distanció del gobierno con respecto a su responsabilización de toda la violencia en los manifestantes: “No podemos exigir comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”.

Las manifestaciones se han intensificado luego del anuncio de Maduro de convocar a una “asamblea constituyente” para realizar cambios a la constitución instituidos en 1999 por su predecesor, el fallecido Hugo Chávez.

El gobierno no ha dado señales de lo que intenta cambiar en la existente constitución, pero ha dejado claro de que intenta rellenar a la asamblea con sus propios seguidores, la primera mitad por parte de miembros de “movimientos sociales” -que son controlados por el estado- y la otra mitad por parte de elecciones regionales.

Maduro ha descrito en términos vagos a la asamblea como un camino hacia la “paz” y el “diálogo nacional”. La oposición de derecha ha acusado de que tiene como objetivo esquivar las elecciones presidenciales de 2018 en las que él probablemente perdería.

En un discurso el primero de mayo, Maduro afirmó que las revisiones a la constitución incluiría medidas para apoyar la “economía post-petrolera”, una referencia pasajera al fracaso de 18 años de gobierno chavista para alterar la fatal dependencia semi-colonial e una sola mercancía: el petróleo. Es completamente posible que el gobierno plantee invitar a inversionistas extranjeros para licitar partes de PDVSA, la industria petrolera estatal. A finales del año pasado, el gobierno abrió 112,000 kilómetros a la minería a cielo abierto en acuerdo de US$4.5 mil millones con compañías mineras multinacionales.

Así como con el intento de suspender a la derechista Asamblea Nacional, no hay nada progresivo con respecto a la convocatoria de tal asamblea, la cual no reflejaría las aspiraciones de las masas del pueblo trabajador venezolano, sino las exigencias políticas del gobierno de Maduro y sus principales partidarios: el ejército, los funcionarios dentro del aparato estatal y el partido gobernante y la boliburguesía, el sector de inversionistas capitalistas, contratistas y especuladores que se han enriquecido a sí mismos bajo el gobierno del denominado “socialismo bolivariano”.

Bajo Chávez –y gracias a precios de petróleo que superaron los US$100 por barril– estos sectores persiguieron sus intereses al mismo tiempo que otorgaban programas mínimos de asistencia social que reducían la pobreza y otorgaban viviendas, cuidado a la salud y mejoraban la educación a las secciones más oprimidas de la población. Sin embargo, la muerte de Chávez fue rápidamente seguida por la caída del precio del petróleo, la mercancía que representa el 95 por ciento de las ganancias por exportación del país. Desde entonces, la economía se ha contraído por 27 por ciento, mientras que la tasa de inflación, la más alta en el mundo, alcanza el 720 por ciento este año, de acuerdo a un estimado por el Fondo Monetario Internacional.

Con las ganancias por exportación ampliamente reducidas, el gobierno ha recortado las importaciones de comida, medicina de origen extranjero y otras necesidades básicas para así desviar las cada vez menos reservas para satisfacer los pagos de la deuda extranjera al capital financiero internacional.

La clase trabajadora venezolana ha sufrido el terrible peso de tener que pagar a Wall Street. Cuatro de cinco personas ahora viven en la pobreza y las masas confrontan el hambre. Recientes encuestas han encontrado que casi un tercio de la población come ahora dos comidas o menos al día –comparado a un 12.5 por ciento en el 2015– y tres de cuatro venezolanos perdió ocho kilos el año pasado.

Ante la campaña derechista para derrocar a su gobierno, por un lado, y el creciente malestar social y tensiones de clase, por el otro, Maduro ha virado cada vez más hacia el ejército, el cual siempre ha servido como el principal pilar del movimiento fundado por Hugo Chávez, el mismo un ex coronel paracaidista que dirigió un fracasado golpe de estado en 1992.

Los militares ahora encabezan un tercio de los ministros del gobierno y componen la mitad de los gobernadores del país. Áreas claves de la economía, incluyendo aquellas en dónde más se obtiene dinero por parte de la corrupción han sido puestos bajo el control militar como por ejemplo, los puertos, la distribución de comida y el control de las divisas.

Bajo un decreto conocido como Plan Zamora, el gobierno de Maduro se ha apropiado a sí mismo del poder para imponer ley marcial, mientras que al mismo tiempo llevó a la policía al control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El jueves se anunció que “70 vándalos” arrestados durante una ola de saqueos en el estado de Carabobo serán llevados a tribunales militares para confrontar acusaciones de saqueo y “rebelión”.

La oposición de derecha está cada vez más haciendo un llamado al ejército para derrocar a Maduro en un golpe con el pretexto de defender la constitución. El líder de la oposición de derecha venezolana y ex candidato presidencial Henrique Capriles, quién ha exigido que el ejército “intervenga”, afirmó en su Twitter el viernes que “85 funcionarios de nuestras FANB (Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas)” han sido arrestados por “haber manifestado su descontento”.

El New York Times, el cual apoyó abiertamente el fracasado golpe de la CIA contra Chávez en el 2002, publicó una columna de opinión esta semana por un periodista venezolano que afirmó que “la posibilidad de una transición negociada satisfactoria a la oposición es desdeñable” añadiendo que “la alternativa sería una intervención militar para instalar un gobierno de unidad nacional”.

Mientras tanto, uno de los principales tenedores de bonos venezolanos dejó claro que su firma está apostando y apoyando un “cambio de régimen”.

Bloomberg News reportó que Mike Conelius escribió a inversionistas en un correo que “Como la mayoría de venezolanos, acogeríamos y esperaríamos, al final del caso, un cambio de régimen”. La firma ha obtenido enormes ganancias debido a que Venezuela repetidamente ha realizado sus pagos de interés recortando las importaciones y las condiciones de vida a las masas de trabajadores venezolanos. Esperan dividendos aún más ricos en el caso de que ocurra un golpe de estado contra Maduro. “El momento catártico de un cambio de régimen rápidamente será revalidado en el mercado”, escribió Conelius.

Un grupo bipartidista de senadores de EE.UU. ha urgido al presidente Donald Trump de que intervenga más agresivamente en Venezuela. Los senadores, que incluyen a demócratas como el ex compañero de fórmula de Hillary Clinton, Tim Kaine de Virginia, introdujeron el miércoles el “Acta Humanitaria de Asistencia y Defensa de Gobernancia Democrática de Venezuela del 2017” para acelerar las sanciones contra Venezuela y presionar a su gobierno.

En particular, la legislación llama atención a las inversiones hechas por el gigante energético ruso Rosneft en Citgo, la subsidiaria con sede en EE.UU. de la compañía petrolera del estado venezolano PDVSA, describiendo a estos lazos como un “riesgo significativo a la seguridad nacional de EE.UU. y la seguridad de energía”.

La búsqueda de una política más agresiva contra Venezuela en vinculación con la escalada militar contra Rusia, será encargada en gran parte al Secretario de Estado Rex Tillerson. Él es el ex gerente ejecutivo de ExxonMobil, cuya compañía predecesora, Standard Oil, controló la producción petrolera de Venezuela por casi mitad de un siglo hasta que Caracas nacionalizara la industria en 1976.