Washington presenta plan para mayores ataques contra la clase obrera centroamericana

por Andrea Lobo
15 mayo 2017

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, describió la política del gobierno de Trump hacia América Central en la presentación de un informe sobre la región publicado por el Atlantic Council, un influyente centro de pensamiento en Washington. Las estrategias establecidas en el informe se enfocan en disuadir la migración desde el Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— y fortalecer el dominio histórico, militar y económico de EE.UU. sobre la región.

El evento tuvo lugar mientras el Congreso estadounidense aprobaba la ley de gastos para financiar al gobierno hasta septiembre, incluyendo enormes aumentos en seguridad fronteriza y el ejército, junto con $655 millones para Centroamérica. El grueso de esta última cantidad será canalizado para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un acuerdo firmado bajo Obama y en gran parte definido por el mismo Kelly cuando era comandante del Comando Sur, que supervisa las operaciones militares de EE.UU. en el Caribe, América Central y del Sur.

Tanto el plan del Atlantic Council como el nombramiento de Kelly a la cabeza de Seguridad Nacional y la asignación de fondos sustanciales para la región —sólo ligeramente inferiores a los $750 millones del año pasado— indican que, en forma de una consolidación de la Alianza de Obama, el gobierno de Trump tiene como objetivo recrudecer la represión de los trabajadores centroamericanos, sean como migrantes en el exterior o residentes de sus países de origen, todo dentro del marco de seguridad nacional.

Previamente, los gobiernos de Guatemala y Honduras habían agradecido oficialmente la asistencia económica y esta vez el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno salvadoreño, el cual es dirigido por el movimiento exguerrillero FMLN, declaró servilmente, “estos nuevos recursos coadyuvarán a los países a seguir avanzando en la generación de oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos y desincentivar con ello la migración irregular hacia los Estados Unidos…”.

Kelly aplaudió el hecho de que la inmigración, sobre todo proveniente de esos tres países, ha disminuido un setenta por ciento desde diciembre y lo atribuyó a la mayor persecución de personas indocumentadas, sus propios “llamados a las iglesias, al movimiento evangélico y a los políticos”, y la ayuda del gobierno mexicano –“todos grandes amigos míos”, dijo.

Luego, insistió demagógicamente que busca “salvar” a los migrantes, algo en conflicto directo con sus representaciones de los migrantes como una amenaza mortal. Tras la presentación, le preguntaron por qué fue que no impidió la deportación de una mujer y un niño de Honduras cuando se lo pidió un senador de Pennsylvania. Con absoluta indiferencia, Kelly respondió, “nosotros no deportamos personas, la ley deporta personas”, y calificó como mentiras todas las peticiones de los inmigrantes que insistan en tener un “temor creíble” de ser lastimados o asesinados en Centroamérica, pese a que los últimos años han sido testigo de niveles de violencia propios de las guerras civiles.

Los esfuerzos de Kelly para militarizar la frontera y ampliar el muro fronterizo, además de su apoyo a implementar el veto y “escrutinio extremo” de viajantes musulmanes decretados por Trump son factores que obligan a los migrantes que huyen de la devastación social en el Triángulo Norte, Oriente Medio y el norte de África a tomar rutas cada vez más peligrosas en busca de refugio. Entre el 2000 y el 2016, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. encontró los restos de 6.023 migrantes que intentaban entrar en el país, una mera fracción del total de fallecidos, mientras que miles más han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.

El flujo de drogas hacia EE.UU. sigue siendo el principal motor de la crisis social en el Triángulo Norte, señaló Kelly. Por ende, la Alianza se centrará en cuestiones de desarrollo económico y seguridad, las cuales serán abordadas en una conferencia en Miami prevista para mediados de junio, con representantes de los gobiernos de Estados Unidos, México, Canadá, Colombia y los países del istmo centroamericano.

Kelly dejó claro que cualquier emprendimiento o acuerdo empresarial “para abrir sus economías a más inversión” tendrá como fin crear “empleos agrícolas, de mano de obra no calificada... y mano de obra intensiva”. Por otra parte, plantea la necesidad de “ajustes” favorables a las empresas, lo que significa que la mayor parte de los programas de la Alianza continuarán siendo pagados por la clase obrera de la región a través de impuestos cada vez más regresivos y enormes recortes en programas sociales, salud, educación y pensiones.

El informe solicita más impuestos como el impuesto regresivo de telecomunicaciones para gastos de seguridad en El Salvador, cuyo gobierno ya se declaró en bancarrota el mes pasado. El FMI ha presionado para imponer un impuesto de valor agregado (IVA) del 16 por ciento, el cual aumentaría la carga impositiva al 29.6 por ciento de los ingresos de hogares mientras que en la práctica las empresas pagan sólo el 5.2 por ciento de impuestos sobre sus ganancias, una figura representativa de la región tomando en cuenta la evasión y las exenciones generalizadas.

En materia económica y militar, Kelly aclaró, “la seguridad de nuestra frontera sudoeste comienza 1.500 millas al sur. Tenemos socios increíblemente buenos en esa parte del mundo. Los colombianos son absolutamente los mejores amigos y aliados que tenemos”.

En el mismo evento, un influyente exdiplomático estadounidense y codirector del informe, John Negroponte, elaboró más sobre este tema, señalando que “la visión ideal para esta parte del mundo es tener una plataforma económica norteamericana que puede competir con el resto del mundo”. Negroponte, quien fue embajador de Honduras bajo Reagan (1981-85) cuando utilizaban el país como base militar para la contra apoyada por EE.UU. en las guerras civiles, destacó que, con respecto a la economía y la seguridad nacional, la clave es la “integración”. En otras palabras, una mayor presencia de capital y fuerza militar estadounidenses.

La sección del informe sobre desarrollo económico hace referencia a la Comisión Kissinger sobre América Central de 1984 que fue nombrada por Reagan. Al igual que en aquellos años, las menciones a “desarrollo” o a una “transición a una economía basada en el conocimiento” son fraudes para encubrir su principal interés de recrudecer la brutal explotación de los trabajadores y campesinos centroamericanos.

Además, Henry Kissinger escribió explícitamente sobre el temor de Washington en América Central: “... la necesidad humana es yesca esperando ser incendiada. Y si esto pasa, la conflagración podría amenazar a todo el hemisferio”. Asimismo, el Atlantic Council expresa su preocupación por la “volatilidad” de la región. Una encuesta de Gallup comisionada para el informe encontró que tres cuartas partes de los habitantes del Triángulo Norte creen que su país va por el camino equivocado; la misma proporción no tiene ninguna confianza en las autoridades estatales; y más de la mitad respondió que su situación económica ha empeorado en el último año.

Las décadas de explotación imperialista, las guerras encabezadas por EE.UU. y los ataques contra los derechos democráticos en todo el hemisferio para apuntalar a los regímenes clientelistas de Washington son las principales causas de las condiciones sociales que han llevado a muchos a escapar del Triángulo Norte. Utilizando datos comparables, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reporta que las tasas de pobreza respectivas para El Salvador, Honduras y Guatemala son 41,6 por ciento, 74,3 por ciento y 67,7 por ciento.

Ante la aceleración de su propio declive, sus campañas bélicas y el crecimiento de la oposición social entre trabajadores y jóvenes en el país e internacionalmente, la clase gobernante de EE.UU. busca nuevamente consolidar el control sobre su “patio trasero”.

“Las únicas instituciones que funcionan hoy día son las fuerzas militares”, dijo Kelly en una entrevista en octubre del 2015. “Puedo llamar a un presidente y va a tomar mi llamada más rápido de lo que le respondería a cualquier otra persona... Una vez le aconsejé a un presidente que renunciara”, presumió, reflejando así el matonismo que caracteriza el dominio estadounidense sobre las élites gobernantes de la región.

El Atlantic Council menciona que el empeoramiento de las condiciones sociales en esos tres países —con una cuarta parte de los jóvenes que no estudia ni trabaja, seis millones de personas que ingresarán al mercado laboral en los próximos seis años y miles que serán repatriados por las deportaciones de Trump— desencadenará “una mayor espiral descendente que afectará directamente los intereses de EE.UU.”.

En la presentación de la semana anterior, cuando John Kelly se refirió al “Banco Interamericano de Defensa” en vez de “Banco Interamericano de Desarrollo”, fue más que un lapso freudiano. En el Triángulo Norte, el BID, junto con la CFI del Banco Mundial, en la que EE.UU. es el principal accionista, han invertido cientos de millones de dólares en proyectos de energía en competencia con las firmas chinas y han financiado nuevas fuerzas militares especiales asociadas con el asesinato de activistas indígenas y ambientales.

Por otra parte, la sugerencia del informe de establecer una “cadena de producción y suministro público-privada que se centraría en la seguridad física de las mercancías transportadas”, la cual sería administrada por el BID, va dirigida no sólo contra las maras, sino para garantizar el acceso de EE.UU. a la mano de obra barata de la región mediante dicha “integración” y en preparación para futuras guerras. Refiriéndose a la protección de la frontera sudoeste del país, John Kelly enfatizó en la Universidad George Washington: “No nos engañemos, somos una nación bajo ataque de personas que nos odian... Estados fallidos, terroristas informáticos, contrabandistas crueles y radicales sádicos”.

Mientras que el envilecimiento de los inmigrantes en Estados Unidos tiene como objeto atacar los derechos democráticos de todos los trabajadores de dicho país y sentar las bases para un Estado policial, la clase gobernante estadounidense pretende utilizar su campaña antiinmigrante para incrementar su presencia militar en toda la región, en preparación para revueltas sociales y enfrentamientos con potencias rivales. Para ello, también les ha pedido a sus aliados colombianos y mexicanos capacitar a miles de soldados y policías del Triángulo Norte y ayudarles a desarrollar capacidades navales.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ya aprobó acuerdos de cooperación militar como estos con los países de la Alianza para la Prosperidad, mientras que Reuters reportó que el canciller mexicano dijo recientemente que, “La prosperidad y la seguridad de América Central... representan una prioridad de la política exterior de México”.