La comparecencia de tres horas del Fiscal General Jeff Sessions ante el Comité de Inteligencia del Senado fue quizás el ejemplo más flagrante de los esfuerzos de las autoridades en Washington y de los medios corporativos para desviar la atención del pueblo estadounidense del ataque frontal de la administración Trump a los derechos democráticos y las condiciones sociales del pueblo trabajador.

Con la administración arrestando y deportando a miles de inmigrantes, muchos de los cuales se enfrentan a una muerte inminente en Medio Oriente o América Central, y el Senado estadounidense in las etapas finales de la desmantelación de la cobertura sanitaria para decenas de millones de personas, todo el foco del Partido Demócrata y los medios está en intensificar las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia y buscar despertar una fiebre bélica anti-rusa.

Sessions fue "interrogado a fondo" ("grilled", en inglés), a decir de comentaristas sin aliento de los medios, sobre un no tema: sus supuestos contactos con oficiales del gobierno ruso el año pasado en el contexto de su papel como consejero de alto nivel en la campaña presidencial de Trump. En el curso de esa campaña, Sessions se cruzó en el camino del embajdor ruso Sergey Kislyak exactamente tres veces, incluyendo un encuentro real cara a cara y dos ocasiones cuando él y Kislyak estuvieron en la misma habitación como parte de un evento de la campaña de Trump.

El antiguo senador por Alabama se hizo adulto en el Sur Profundo de los '60, donde se le enseñó que el movimiento de los derechos civiles era una "conspiración comunista" dirigida por Moscú para fomentar la "mezcla racial". La idea de que este intransigente reaccionario ha sido seducido por los halagos de Vladimir Putin serían tronchantes si no fuera promovida para fines políticos tan sucios.

Demócrata tras demócrata intentaron colgarle la etiqueta de Putin a Sessions o a su jefe, el presidente Trump, buscando hacer de la audiencia del martes el próximo paso, siguiendo el testimonio de la semana pasada por parte James Comey, el director del FBI que fue despedido, en una exposición de la Casa Blanca de Trump al estilo del Watergate.

A diferencia del Watergate, sin embargo, no hay ningún asunto de derechos democráticos implicado en la campaña anti-Rusia. Dos facciones reaccionarias de políticos de los grandes negocios y operativos del "Estado profundo" están peleando para resolver asuntos de política exterior imperialista ─que los Estados Unidos sigan la línea anti-Rusia adoptada durante el segundo mandato de Obama, enfrentándose a Rusia por Siria, Ucrania, el Báltico y otros temas, o que el foco inmediato de la agresión militar-diplomática de Estados Unidos esté puesto en China y su aliado Corea del Norte.

De manera no menos importante, la campaña anti-rusa sirve de desvío político, dirigiendo la atención del público estadounidense a un asunto enteramente falaz e inventado ─si Rusia intervino en las elecciones presidenciales estadounidenses para ayudar a que gane Trump─ mientras el conflicto ruidoso en la oficial Washington encubre los ataques sistemáticos al pueblo trabajador por parte de la administración de Trump.

Basta considerar las preguntas que los senadores demócratas NO hicieron al fiscal general para reconocer que el circo de ayer en el congreso fue un ejemplo excelente de este proceso de desvío. Sessions es responsable de algunas de las políticas antidemocráticas más feroces de la administración Trump. Pero ningún demócrata le pidió que justificara las prohibiciones a viajar anti-musulmanas que su Departamento de Justicia redactó, que han sido rechazadas dos veces como inconstitucionales por los tribunales federales.

Sessions es uno de los principales proponentes de las salvajes medidas anti-inmigrantes, y el Departamento de Justicia es la principal agencia en perseguir penalizar a ciudades y condados que han intentado proteger a inmigrantes del acoso federal negándose a cooperar con el Cumplimiento de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, en inglés, ICE). Esas "ciudades santuario" han sido el blanco de Sessions para el recorte de fondos federales, otra acción antidemocrática que ha sido temporalmente bloqueada por los tribunales.

Ningún demócrata le preguntó a Sessions sobre las redadas por parte de agentes del ICE en Michigan y Tennessee en las que cientos de inmigrantes iraquíes, en su mayoría católicos caldeos, fueron cercados y enviados a instalaciones de detención federales para ser deportados a Irak, donde estarán en peligro inminente de ser matados en manos del ISIS o de las milicias shiíes. ¡Eso va por las afirmaciones de la administración Trump (y de los demócratas) de que se oponen al ISIS y defienden los intereses de los cristianos!

En las semanas recientes, Sessions estuvo en los titulares por sus posiciones extremas respecto a la ley y el orden. Anuló hasta las medidas que eran en gran proporción solo cosméticas contra la violencia policial adoptadas bajo la administración de Obama, mientras exigía que se impusieran las sentencias máximas de prisión a todos los que hayan cometido infracciones relacionadas con las drogas, sin importar lo leve de sus infracciones. Ningún demócrata quiso cuestionar al fiscal general sobre esos temas en la audiencia del martes.

Esto es parte de un modelo mayor en el que el Partido Demócrata utilizó un foco decidido sobre la campaña anti-Rusia para subvertir la oposición a Trump por encima de cualquier otro tema. Como la declaración de la Perspectiva publicada ayer por el World Socialist Web Site observó, "Los demócratas no están exigiendo audiencias por los ataques al sistema sanitario, el ataque a los trabajadores inmigrantes, el encumbramiento de fuerzas nacionalistas de extrema derecha dentro de la administración, o los planes de guerra contra Corea del Norte, Irán y China.

El New York Times comentó, en un editorial publicado el martes, que los republicanos del senado estaban redactando un plan de asistencia médica que dejará a 23 millones de personas sin seguro médico, con la intención de promulgarlo por el 4 de julio sin una sola audiencia o ningún debate público sobre las provisiones de la ley. Los temas que se están debatiendo a puertas cerradas en la dirigencia republicana se limitan a cuestiones como que los beneficios de Medicaid para 10 millones de personas se eliminen gradualmente en tres años o en siete: dicho de otra manera, cómo empaquetar la destrucción de la asistencia sanitaria para confundir al público sobre el impacto real del proyecto de ley.

Una columna en el mismo número del Times notaba el silencio comparativo de grupos que se oponen tanto al proyecto de ley que ha promulgado este año la cámara y el proyecto de ley complementario que está siendo redactado ahora por el senado, incluyendo entre esas organizaciones "a casi todos los principales grupos de interés de la salud: a grupos de presión de médicos, enfermeros y hospitales, así como defensores de los pacientes con cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas o defectos de nacimiento".

El silencio más importante, sin embargo, es el del Partido Demócrata, la supuesta oposición a Trump y a los republicanos dentro del establishment político. Los demócratas probablemente votarán contra el rechazo al Obamacare y generarán muchas protestas. Pero no están haciendo nada para oponerse de verdad a la destrucción de la cobertura sanitaria para decenas de millones de personas.

En vez de hacer eso, los demócratas están redoblando sus esfuerzos para empujar a la administración Trump todavía más a la derecha en política exterior, hacia una actitud anti-rusa más beligerante, que lleva aparejado el peligro real de una guerra con armas nucleares.