El proyecto de ley de los senadores republicanos en EE.UU. para "derogar y substituir" Obamacare, dado a conocer el jueves pasado y programado para una votación esta semana, le sigue los talones a una medida similar aprobada el mes pasado en la Cámara de Representantes. Estos dos proyectos de ley constituyen un hito en las décadas de ofensiva burguesa para destruir las reformas sociales fundamentales de los años treinta y sesenta.

La característica más importante de ambas versiones de la ley es la imposición de más de $800 000 millones en recortes para Medicaid, el programa de seguros sociales estatales para los pobres y discapacitados, efectivamente poniéndole fin como garantía social. La promulgación de una legislación de guerra de clases como tal, sentará las bases para la privatización y el desmantelamiento de Medicare, el plan gubernamental de asistencia sanitaria para las personas de mayor edad, y del seguro social, el sistema público de pensiones del gobierno promulgada durante lo peor de la Gran Depresión de los años treinta.

Las leyes del Senado y la Cámara de Representantes reducen los impuestos a las corporaciones y a los ricos en más de $700 000 millones, eliminan requisitos a las empresas en cuanto a los seguros médicos que proveen a sus empleados y les permite a los estados eximir a las aseguradoras de incluir servicios esenciales en los planes que ofrecen, como las consultas médicas, la atención intrahospitalaria y ambulatoria, el servicio de ambulancia, los medicamentos recetados, los embarazos, los partos, y los servicios de salud mental y de abuso de sustancias.

Estamos ante una contrarrevolución social que ha estado en marcha por más de cuatro décadas, durante gobiernos demócratas y republicanos, y que entró a una etapa más agresiva bajo el mandato de Obama tras el desplome de Wall Street del 2008. Con la llegada de Donald Trump al poder, un multimillonario que personifica a la oligarquía financiera norteamericana, el salvajismo de los ataques se eleva a nuevas alturas.

¿Cuál será el impacto de esta legislación en la vida cotidiana de los trabajadores estadounidenses? Las personas que sufren de enfermedades como diabetes, asma e incluso cáncer de repente no podrán pagar por los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Las personas de bajos ingresos —aproximadamente 23 millones— serán despojadas de toda cobertura médica.

Como resultado, millones sufrirán innecesariamente, y miles de miles tendrán una muerte temprana. Para los arquitectos de estos proyectos de ley y sus patrocinadores corporativos, este no es ningún efecto secundario lamentable, sino el objetivo deliberado de su "reforma sanitaria”. Para el diez por ciento más pudiente de los estadounidenses, cuyo poder adquisitivo se eleva marcadamente del resto de la población y que controla el sistema político y sus dos grandes partidos, la dedicación de dinero de sus ganancias y cuentas privadas para que los trabajadores puedan vivir más y con mejor salud —especialmente aquellos demasiado viejos para servir como una fuente de plusvalía y ganancias— es algo intolerable. La esperanza de vida en EE.UU. ya está disminuyendo, con tasas de mortalidad cada vez mayores para la clase obrera, junto con el colosal incremento de la desigualdad social. La clase gobernante busca acelerar este proceso.

¿Es un accidente que los planes republicanos ataquen con mayor fuerza a los adultos de bajos ingresos que están alcanzando los 65 años de edad, la edad de elegibilidad para Medicare? Las aseguradoras pueden cobrarles cinco veces más de lo que les cobran a los más jóvenes. Una mujer de 60 años de edad que gana $35.000 anuales tendrá que dedicar casi $6.000 para poder tener un seguro médico. No falta ser un genio para entender que miles no podrán costearlo y morirán antes de poder recibir Medicare. Si se las arreglan para sobrevivir hasta los 65 años, podrán beneficiarse menos de sus beneficios porque su salud ya estará tan deteriorada que morirán más temprano.

Es fundamental que no se confundan las protestas verbales y maniobras parlamentarias de los demócratas con una lucha seria en defensa de la salud. La ofensiva contra las garantías sociales básicas promulgadas en los años treinta y sesenta fue emprendida a fondo a partir del gobierno de Bill Clinton, quien puso fin "a la asistencia social tal como lo conocemos”.

Barack Obama tuvo el descaro de denunciar el nuevo proyecto de ley del Senado como una "transferencia masiva de riqueza de las familias de clase media y los pobres a las personas más ricas de EE.UU.”. ¡Bastante cierto!, pero Trump sólo está continuando el trillo que Obama le dejó hecho. A través de los rescates billonarios de Wall Street y las subvenciones a los bancos y fondos especulativos que alzaron los precios de las acciones y las ganancias corporativas a nuevos récords, Obama presidió la mayor transferencia de riqueza de los más pobres a los más ricos en la historia de Estados Unidos. En el proceso, les recortó los salarios a los trabajadores automotrices y las pensiones y beneficios médicos a los trabajadores municipales, además de imponer recortes brutales en el programa de estampillas para alimentos.

La erupción de la epidemia de opiáceos y heroína que, junto con el alza de las tasas de suicidio, está socavando la longevidad de amplios sectores de la clase obrera tuvo lugar durante el mandato de Obama. Su Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA; Affordable Care Act) marcó la pauta para que Trump profundizara los ataques contra el acceso a la salud. Les redujo a las corporaciones y al gobierno lo que tienen que pagar en la provisión de salud, mientras que aumentó los gastos directos y eliminó prestaciones para decenas de millones de obreros. Implementado la práctica de subsidiar parcialmente la compra de seguros privados con vales del gobierno proporcionó precisamente el marco legal que los republicanos han pedido para Medicare.

La actual política de los demócratas es rogarles a los republicanos para que acepten un “compromiso” bipartidista que "arregle" el ACA, conocido como Obamacare; es decir, acordarán más concesiones para las gigantescas e insaciables aseguradoras, recortando más drásticamente los beneficios de los trabajadores y aumentando sus primas y gastos deducibles.

Las opciones que ofrece la clase gobernante —"Trumpcare" o "Obamacare"— no son opciones en absoluto. Ambas conllevan al sufrimiento, la miseria y la muerte. La clase obrera no aceptará la destrucción de los logros sociales por los que luchó y sangró, conquistándolos mediante movilizaciones sociales de masas de una élite corporativa renuente.

Tanto EE.UU., como Europa y grandes partes del mundo se dirigen a un nuevo período de lucha de clases. Las décadas de austeridad, guerra y reacción política demuestran que la defensa de los beneficios sociales más básicos, como lo es el acceso a la salud, es hoy una cuestión revolucionaria. El capitalismo, en su fase de crisis avanzada y putrefacción, es incompatible con los derechos democráticos y sociales básicos, incluyendo el derecho a un salario digno, un trabajo seguro, salud, vivienda, educación, acceso a la cultura y una jubilación innegable.

La clase obrera debe avanzar su propio programa independiente, en oposición a Trump y los demócratas, basado en la lucha por el socialismo. El afán de lucro tiene que ser extirpado del sistema de salud. La industria de la salud debe ser tomada de las manos privadas y puesta bajo el control democrático de la clase obrera como propiedad pública. Para ello, es necesaria una lucha implacable contra una riqueza y privilegios atrincherados y el sistema político que los defiende.