Gobierno mexicano usa malware para espiar a periodistas y opositores políticos

por Alex González
10 julio 2017

El 19 de junio, un informe del New York Times y del centro de investigación Citizen Lab reveló que el software israelí comprado por el gobierno mexicano fue utilizado para espiar a destacados periodistas y activistas de derechos humanos en el país, incluyendo a un menor. El software, conocido como Pegasus, recoge todas las comunicaciones de un teléfono de destino si el destinatario abre un enlace malicioso enviado a través de un mensaje de texto.

El software espía Pegasus permite a los hackers supervisar en silencio todos los correos electrónicos, textos, contactos y ubicaciones de un teléfono infectado, así como activar el micrófono y la cámara de un teléfono a voluntad, incluso cuando el dispositivo está apagado. Más de 76 mensajes de texto que contenían el malware de Pegasus fueron enviados a abogados que trabajaban en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, grupos de presión que trabajaban en la legislación anticorrupción y de salud del consumidor, opositores políticos del gobierno y críticos del gobierno de Peña Nieto. Algunos individuos habrían abierto los enlaces maliciosos y cayeron víctimas de esta vigilancia específica. Algunas personas han informado de que han abierto los enlaces maliciosos y han caído víctimas de esta vigilancia que se dirige a ellos.

Según el New York Times, al menos tres agencias federales —el Secretario de Defensa, la Oficina del Fiscal General y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional— han comprado más de 80 millones de dólares del software espía de la firma israelí de armas cibernéticas NSO Group, propiedad de la firma de capital privado estadounidense San Francisco Partners. NSO Group vende productos exclusivamente a los gobiernos bajo el disfraz de la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

Los intentos de hacking coincidieron con investigaciones críticas contra el gobierno por parte de las personas que fueron atacadas por el malware entre enero del 2015 y agosto de 2016, después de lo cual Citizen Lab público un informe que vinculo el software espía Pegasus con la represión de los defensores de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos. Debido a la cobertura mediática del incidente en ese momento, es posible que la investigación del Citizen Lab condujo a la terminación del programa en suelo mexicano.

Aunque los registros indican que el gobierno mexicano comenzó a comprar el software espía Pegasus en 2011, la primera instancia conocida de vigilancia NSO en México data de principios de 2015, cuando la destacada periodista Carmen Aristegui comenzó a recibir mensajes sospechosos que parecían ser alertas Amber, o enviados por su banco y sus colegas. Pocos meses antes, Aristegui había roto una historia de conflicto de intereses nacional relacionada con la compra de una casa de $ 7 millones por la esposa de Peña Nieto de un subcontratista del gobierno, que se adjudicó contratos lucrativos cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.

Después de atacar a Aristegui por más de un año y medio, los hackers comenzaron a contactar a su hijo de 16 años mientras estaba en los Estados Unidos. Un mensaje se hizo pasar por la embajada de los Estados Unidos a México, que puede haber violado las leyes de Estados Unidos. En general, Aristegui y su hijo recibieron más de 45 mensajes que contenían el malware Pegasus.

Otros intentos de hacking atacaron a periodistas que estaban investigando posibles asesinatos militares y funcionarios corruptos. Carlos Loret del Sol, periodista del canal de televisión nacional Televisa, recibió mensajes de texto con el malware de Pegasus mientras informa sobre ejecuciones extrajudiciales de militares en el occidente de México y su posterior encubrimiento por funcionarios del gobierno. Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, ambos periodistas de los Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fueron blanco de la investigación de funcionarios mexicanos y destacados hombres de negocios nombrados en los Papeles de Panamá.

Otros cargos de espionaje por NSO de parte de los gobiernos arrojan luz sobre el papel creciente de la vigilancia digital en la defensa de los intereses empresariales y políticos de la élite gobernante. En febrero, una investigación separada realizada por Citizen Lab reveló que los defensores de un impuesto nacional sobre soda —incluyendo un científico del Instituto Nacional de Salud Pública de México y directores de ONG de derechos del consumidor- recibieron el malware de Pegasus—. A los ojos de la élite gobernante, un impuesto nacional sobre soda se consideraba una inaceptable invasión de los intereses de las empresas de soda en un país donde el 40 por ciento de la población es obesa.

La semana pasada, también se reveló que el software espía NSO fue encontrado en los teléfonos de los principales miembros de la oposición de derecha Partido de Acción Nacional (PAN), incluyendo los teléfonos del presidente del partido, Ricardo Anaya, el potencial candidato presidencial Roberto Gil Zuarth, y el partido Portavoz Fernando Rodríguez Doval. Estos mensajes fueron recibidos en junio de 2016, el mismo mes en que el PAN obtuvo 12 gobernaciones en el país, tres de las cuales estaban anteriormente en poder del PRI gobernante.

"Es inaceptable que los intentos de infectar los teléfonos de los miembros del PAN hayan sido llevados a cabo por un programa cuya licencia sólo puede ser adquirida por el gobierno para combatir el crimen organizado", afirmó el presidente del PAN, Ricardo Anaya. A pesar de la oposición fingida de Anaya, el software fue comprado en 2011, cuando el PAN Felipe Calderón era presidente.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento de la Regeneración Nacional "de la izquierda" (Morena), también se opuso al espionaje y afirmó que eliminaría los programas de vigilancia si ganaba la presidencia: "En lugar de tratar con asuntos de seguridad pública, están espiando a los opositores y ahora a los periodistas... cuando Morena gane, Cisen desaparecerá, no habrá espionaje político, se garantizará la libertad, no habrá vigilancia telefónica”. La mención de López Obrador de “seguridad pública”, demuestra que es un firme defensor de las fuerzas armadas y que se limita a proponer un cambio táctico para dar un barniz a la apariencia al corrupto establecimiento político mexicano.

El presidente mexicano respondió a la investigación amenazando a los que acusan al gobierno y duplicando las afirmaciones de que la tecnología de vigilancia fue utilizada para "garantizar la seguridad de todos los mexicanos".

"Ninguno de los partidos lesionados puede demostrar que su vida ha sido afectada o lastimada por estas supuestas intervenciones y por el presunto espionaje... Espero que se pueda hacer justicia a quienes han planteado falsas reclamaciones contra el gobierno", afirmó Peña Nieto.

Siguiendo el artículo del New York Times, la Oficina del Fiscal General (PGR) inició una investigación sobre las acusaciones de espionaje, a pesar de ser una de las agencias que compraron el software. La PGR ha ignorado los llamamientos para una investigación independiente del programa de vigilancia y se ha negado a publicar una lista de los individuos que son blancos del hacking.

A pesar de la amplia oposición popular, el gobierno en crisis ha estado presionando para ampliar sus capacidades de vigilancia. La Ley de Seguridad Interior, introducida tanto por el PRI como por el PAN durante la última sesión legislativa, tenía como objetivo institucionalizar más las medidas de espionaje, otorgando a los militares la capacidad de recopilar datos sin ningún tipo de rendición de cuentas y obligando a las empresas privadas a entregar al usuario datos.

En México, los intentos de espiar a los periodistas tienen lugar en el contexto de ataques más amplios contra la libertad de prensa. México es el tercer país más letal del mundo para los periodistas, muchos de los cuales están destinados a cubrir la delincuencia organizada, el narcotráfico y la corrupción. No ha habido una sola condena por los 103 asesinatos de periodistas en el país desde el año 2000.

Los esfuerzos del gobierno mexicano por restringir la libertad de expresión y de prensa no son en modo alguno un fenómeno aislado. En todo el mundo, el sistema capitalista está recurriendo al espionaje masivo de la población para tratar de controlar y controlar el creciente descontento social en el marco de la protección de la "seguridad nacional".