La semana pasada, más de treinta presos de la instalación de detención de Adelanto en el estado de California iniciaron una huelga de hambre protestando contra la falta de atención médica y exigiendo ser puestos en libertad pendiente sus audiencias judiciales en las cortes de inmigración. Esta será la cuarta huelga de hambre desde el 12 de junio en la instalación privada ubicada en el pueblo desierto de Adelanto en el condado de San Bernardino, cuyo sitio se usa para encarcelar a los inmigrantes que esperan la deportación. La cárcel puede contener hasta 1900 presos, casi alcanzando el límite de su capacidad en marzo, según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles).

Hay discrepancias en la información difundida por las autoridades, y las amistades y familiares que han estado en comunicación directa con los huelguistas. Oficiales de Adelanto han hecho casi imposible que los periodistas y otros puedan determinar que exactamente está ocurriendo en la instalación, cuantos huelguistas hay y por cuanto tiempo han estado en huelga.

Los informes indican que la huelga se inició una mañana cuando nueve hombres, por mayor parte de descendencia salvadoreña y buscando asilo, rehusaron regresar a sus celdas después del desayuno hasta que podrían consultar con alguien acerca de sus reclamos. Luego fueron rosados con aerosol de pimienta y regresados a fuerza a sus celdas, según la portavoz de ICE Virginia Kice y Tristan Call, portavoz de los detenidos.

Algunos de los detenidos fueron azotados contra una pared. Uno fue golpeado tan severamente que se le cayó una corona. Los guardias luego los forzaron bañarse en agua caliente, empeorando el dolor causado por el aerosol de pimienta, y los humillaron con insultos verbales. ICE y GEO Group, la empresa que gestiona la cárcel, han prometido a los huelguistas investigar el incidente y castigar a los culpables.

Los hombres presentaron una queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional declarando que aparte de las golpizas se les negó atención médica y acceso a sus abogados. La portavoz de ICE Kice escribió, “La reclamación que los hombres involucrados en el disturbio fueron golpeados es una gran y lamentable exageración.”

Los huelguistas exigieron ser puestos en libertad en inmediato bajo su reconocimiento propio, “como no tenemos los recursos para pagar las cantidades infladas de las fianzas” e insistiendo en “negociación de buena fe de parte de ICE con nuestro grupo entero, y con un abogado de nuestra elección presente.”

Según los huelguistas, el costo de las fianzas se fija a cantidades desmesuradas con fin de negar la libertad a los detenidos y ICE les había mentido en materia de su papel particular en la emisión de fianzas. Isaac Lopez Castillo, portavoz del grupo de presos, aseguro por teléfono con activistas, “ICE nos mintió. En cuanto el asunto de las fianzas, creíamos que [lo que ICE nos había dicho] era cierto, que solo un juez podría decidirlo. Pero ahora hemos realizado que eso no es cierto, que las fianzas son emitidas por ICE. Ellos pueden hacer algo para bajar el costo de las fianzas… nos pueden conceder la libertad condicional sin fianza. Sentimos que nos han engañado, y le vamos a seguir porque no somos juguetes de nadie.”

En otra declaración el grupo indico, “Venimos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Les pedimos su atención porque Adelanto es una de las prisiones que existen para los que hallan el asilo político, y en realidad tenemos un record limpio, ninguno de nosotros tenemos antecedentes penales. Las fianzas se fijan a una cantidad imposiblemente enorme, y es una burla humillante porque somos pobres, no tenemos dinero en esas cantidades.

Según informes un grupo de detenidos migrantes haitianos se han unido a la huelga de hambre con sus camaradas centroamericanos.

El grupo también ha protestado contra la falta de papeleo en español, alimento sucio que solo se les provee una vez al día, ropa interior ya usada por presos anteriores, el deshecho de las pertenencias de los detenidos, y servicios religiosos de duración reducida.

Los huelguistas de Adelanto tenían previsto rehusar alimento por lo menos de 72 horas hasta que las demandas sean realizadas. Se han celebrado manifestaciones en defensa de los detenidos fuera de la cárcel de Adelanto y las oficinas de ICE en Los Angeles. Se estalló otra huelga de hambre a la misma vez en Tacoma en el estado de Washington por 35 mujeres migrantes detenidas en Northwest Detention Center, también gestionada por la empresa privada carcelaria GEO Group.

El 14 de junio, una huelga de hambre liderada por 30 mujeres en la cárcel de Adelanta rehusaron alimento por 24 horas hasta que recibieran atención médica, “respeto básico” de los guardias, costos de fianzas más bajas, y ser regresadas a sus familias. La huelga se acabó el día siguiente cuando muchas de las mujeres recibieron atención médica.

Ha habido por lo menos seis muertos en la cárcel de Adelanto en solo los últimos cinco años, tres de ellos desde el 22 de marzo, ganándole a la cárcel la distinción como “el centro de detención de inmigrados más fatal en el país.” En abril, el ciudadano nicaragüense Osmar Epifanio González-Gadba falleció de heridas sostenidas después de haber intentado ahorcarse la semana anterior. Había sido detenido en confinamiento solitaria en un cuarto cuando supuestamente los guardias lo descubrieron.

En una investigación interna de la cárcel llevado a cabo en 2012, ICE encontró muchas solicitudes para atención media se habían negado, escaso mantenimiento de registros, y falta de reportar el abuso sexual.

Otro reporte de 2015 documento la manera en que Raul Ernesto Morales-Ramos, de 44 años, había fallecido a consecuencia de insuficiencias renales y hepáticas después de haber permanecido en esperas para consulta con un doctor. El alto nivel de rotación de personal médica y falta de suministros médicos han resultado en más demoras. Expertos médicos de Human Rights Watch concluyeron que lo más probable era que Morales-Ramos se estaba muriendo de cancer.

Tan notorias son las condiciones en Adelanto que doce miembros del Congreso estadounidense escribieron a ICE declarando su oposición a la cárcel debido a los abusos documentados.

Migrantes pueden estar languideciendo meses y hasta años en cárceles privadas administradas por ICE y construidas bajo gobiernos demócratas tanto como republicanos. Según el Departamento de Justicia y el centro de investigación TRAC de la Universidad de Syracuse, hay 326 jueces de inmigración que manejan a 600 000 casos pendientes. Aunque hubiera una moratoria para casos nuevos, se tardaría más de dos años en acabar con el resto.

Mientras que se aguarden los casos de inmigración, ICE puede decidir si detener una persona indefinidamente o determinar que alguien se considere como un “riesgo tangible de fuga.” Por lo menos la mitad, y en algunos años hasta dos tercios, de los detenidos bajo la custodia de ICE esperan que DHS tramite una audiencia judicial con una fianza media fija en $8000. Uno de cada cinco inmigrantes permanece en la cárcel por no poder pagar la fianza.

Se han arrestado por lo menos a 41000 inmigrantes desde que Donald Trump asumió su cargo, inaugurando una ola de represión contra la clase trabajadora inmigrante. La cantidad de arrestados aumento 38 por ciento durante el mismo periodo del año pasado, inclusive a más de 10 000 detenidos denominados como “inmigrantes no criminales”, un aumento de 150 por ciento en comparación con el año pasado.

En su propuesta presupuestaria de marzo, el presidente Trump había previsto gastar $1,5 mil millones adicionales en “expandir la detención, transportación y extracción de inmigrantes ilegales.”