Los principales comandantes militares venezolanos declararon el domingo que las fuerzas armadas del país habían aplastado un intento de golpe de Estado protagonizado por "terroristas" y "mercenarios" vinculados a la oposición derechista del país y a gobiernos extranjeros.

El presunto intento de golpe aparentemente involucró no más de dos docenas de hombres armados que intentaron hacerse cargo de la base militar estratégica de Paramacay de la 41ª Brigada Blindada en la ciudad de Valencia, ubicada en la Zona Central de Venezuela.

El supuesto golpe ocurrió un día después de que la asamblea constituyente votara a favor de la destitución de la fiscal general del país, Luisa Ortega, una partidaria desde hace mucho tiempo del partido gobernante, que había cuestionado públicamente la legitimidad de las elecciones para la asamblea celebrada el domingo pasado.

Ortega había procesado a miembros de las fuerzas de seguridad por actos de represión llevados a cabo durante las manifestaciones contra el gobierno que fueron organizados por la oposición derechista. Cuatro meses de protestas han dejado más de 100 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. Un número significativo de los muertos han sido miembros de las fuerzas de seguridad, ya que los elementos de la extrema derecha han empleado métodos cada vez más violentos.

Después de que la asamblea constituyente votara a favor de la destitución de Ortega, miembros armados de la guardia nacional rodearon sus oficinas en el centro de Caracas, bloqueando su paso cuando intentó entrar al edificio.

Ortega sostiene que la razón verdadera de su despido fueron los cargos que presentó contra miembros del gobernante PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) del presidente Nicolás Maduro por vínculos ilícitos con Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción. La empresa admitió haber pagado 98 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos en Venezuela, y Ortega imputó a la esposa y la madre de un exministro del PSUV el mes pasado en relación con estos planes.

En la misma sesión en que la asamblea votó por la expulsión de Ortega, Diosdado Cabello, un poderoso miembro de la dirección del PSUV y exoficial militar, anunció que el órgano legislativo permanecería en sesión por un periodo de dos años. Una asamblea constituyente convocada a través de un referéndum convocado por el fallecido predecesor de Maduro, Hugo Chávez, duró sólo cuatro meses.

El líder del supuesto intento de golpe de Estado en Valencia fue identificado como Juan Carlos Caguaripano, excapitán de la Guardia Nacional, quien fue destituido en el 2014 después de haber hecho declaraciones públicas contra el gobierno. Posteriormente, Caguaripano apareció en CNN en Español, denunciando a Maduro y, según los informes, se había exiliado en Estados Unidos.

Presentándose el domingo en un video subido a YouTube con una docena de hombres vestidos en uniformes de camuflaje, algunos armados con armas automáticas, Caguaripano declaró: "...este no es un golpe de Estado. Esta es una acción cívica y militar para restablecer el orden constitucional. Pero más aún, para salvar al país de la destrucción total".

Entre los relatos contradictorios sobre la acción militar, se habla de elementos dentro de la brigada blindada que apoyaron la acción antes de que fuera aplastada por fuerzas leales al gobierno. El gobierno afirmó que el grupo armado fue inmediatamente reprimido por las tropas.

Según un comunicado difundido por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, los hombres armados que fueron capturados admitieron haber sido reclutados por elementos de la "extrema derecha venezolana" actuando en colaboración con gobiernos extranjeros.

También hubo informes de un pequeño grupo de manifestantes civiles que salieron a las calles cerca de la base militar para apoyar el levantamiento antes de que fuera expulsado por las fuerzas de seguridad con gas lacrimógeno y balas de goma.

Sin embargo, los medios locales citaron a otras personas en Valencia que opinaron que todo el asunto había sido "organizado" por el gobierno para desviar el creciente enojo popular.

Se expresaron reacciones similares a finales de junio cuando un excapitán de la policía y ocasional actor de películas se apoderó de un helicóptero y lanzó granadas contra el edificio de la Corte Suprema de Venezuela.

En todo caso, el gobierno de Maduro se encuentra extremadamente sensible ante la amenaza de un levantamiento dentro del ejército, que ha servido como su principal pilar desde que Chávez, un excoronel de paracaidistas que lideró un golpe fallido y luego quedó electo por primera vez en 1999. Los oficiales y exoficiales militares ocupan aproximadamente un tercio de los puestos del gabinete del gobierno y comprenden casi la mitad de los gobernadores del país.

Los últimos acontecimientos sucedieron en un momento en que la Casa Blanca está considerando la imposición de sanciones más amplias contra el gobierno de Maduro, descrito por miembros del gabinete de Trump como un dictador. El gobierno estadounidense ha impuesto sanciones personales contra Maduro, convirtiéndolo en el quinto presidente en el poder que ha recibido tal penalización. Los otros cuatro incluyen al iraquí Sadam Huseín y el libio Muamar Gadafi, ambos asesinados, y el sirio Bashar al Asad y el norcoreano Kim Jong-un, ambos objeto de amenazas de guerra y cambios de régimen.

Aunque se han propuesto sanciones económicas más amplias, la crisis y reorganización en la Casa Blanca de Trump han demorado estas medidas. Según se informa, el jefe del gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, un general recientemente retirado de la Marina y exjefe del Comando Sur de EE. UU. que supervisa las operaciones militares estadounidenses en América Latina, quiere dirigir personalmente la escalada de agresión estadounidense contra Venezuela.

La otra cuestión es que la imposición de sanciones contra el petróleo venezolano, la principal palanca económica al alcance del imperialismo estadounidense, sería un arma de doble filo. El año pasado, Estados Unidos importó cerca de 10 000 millones de dólares de petróleo crudo de Venezuela para alimentar a las refinerías estadounidenses. Si bien un bloqueo de estas importaciones probablemente obligaría a el estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a incurrir en incumplimiento y hundir aún más la economía del país que ya está cayendo en picada, también implicaría un aumento en los precios de la gasolina en EE. UU.

La imposición de sanciones económicas estadounidenses significaría un mayor deterioro en las condiciones de vida de la clase obrera venezolana. La falta de ingresos por petróleo disminuiría aún más la capacidad de importar productos básicos como alimentos y medicinas. El 75 por ciento de los venezolanos informaron haber perdido un promedio de 19 libras en el 2016 debido a la escasez de alimentos, y las tasas de mortalidad infantil y materna en el país aumentaron en un 30 y 65 por ciento, respectivamente.

En el último año, la divisa nacional, el bolívar, ha perdido 94 por ciento de su valor en el mercado cambiario, reduciendo drásticamente los salarios reales de los trabajadores venezolanos, aun cuando la denominada boliburguesía, el sector de capitalistas que, junto con los militares, constituye la principal base de apoyo del gobierno de Maduro, se ha enriquecido a través de la especulación y la manipulación de divisas.