El referéndum de independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre, está preparando el escenario para un amargo enfrentamiento entre Madrid y Barcelona.

Los secesionistas catalanes —la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, Esquerra Republicana de Catalunya), el Partido Democrático Europeo Catalán (PDeCAT) y la pseudoizquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP)— siguen adelante con el referéndum. El Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos se oponen vehemente, con el primer ministro Mariano Rajoy jurando que utilizará “todos los medios” para evitar que se realice la votación.

Una confrontación es probable para finales de este mes, cuando el parlamento catalán comience la redacción formal de la ley del referéndum y de desconexión —la base jurídica para la transición del sistema jurídico español a una nueva república catalana de ganar el “Sí”—. Éstas entrarían en vigor independientemente del nivel de participación e ignorarían el hecho de que la mayoría de los que se oponen a la independencia no votarán porque consideran que el referéndum en sí es ilegítimo.

El gobierno del PP, el cual ha apelado al Tribunal Constitucional que lo ha respaldado con sus fallos, ya ha puesto en marcha el desarrollo de un marco represivo contra los secesionistas. Ha perseguido enjuiciamientos, descalificaciones de cargos públicos y amenazas a los funcionarios que faciliten el referéndum (como con la instalación de cabinas de votación en escuelas públicas), ha alentado interrogatorios por parte de la Guardia Civil sin autorización judicial y ha espiado “legalmente” e ilegalmente a figuras secesionistas. El PP también ha amenazado con retener el financiamiento del gobierno central si el gobierno regional lo utiliza para los preparativos del referéndum.

Estas medidas están siendo respaldadas por la mayoría de los medios de comunicación de Madrid, con escasa consideración sobre su naturaleza antidemocrática y represiva. El chovinismo oficial ha alcanzado niveles no vistos desde la dictadura franquista.

Por su parte, los secesionistas catalanes han aprobado una reforma antidemocrática a los estatutos del parlamento regional que permitirá aprobar leyes después de una sola lectura, permitiendo que la legislación independentista se pase por vía rápida con poco o ningún debate.

El gobierno catalán también ha sustituido al jefe de la policía regional Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, quien comandaba a 17 000 oficiales. La CUP lo había estado presionando para que renunciara después de que dijo que obedecería la ley y las cortes españolas. Su sustituto, Pere Soler, un nacionalista firme, tiene un historial de comentarios despectivos sobre España, declarando el año pasado: “Espero que nos vayamos, porque me dais pena todos los españoles”.

Los medios de comunicación de Madrid han reaccionado definiendo todo el proceso como un “golpe” contra el gobierno y pidiendo que se invoque el artículo 155 de la Constitución de España. El País declaró que sería “la única vía ordinaria, al margen del estado de excepción, para que el Gobierno pueda tomar el control de los Mossos d’Esquadra en caso de que la policía autonómica catalana colabore con los planes secesionistas del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont”.

La deposición de Batlle ocurrió días después de que tres miembros del gobierno regional de Cataluña dimitieran y unas semanas después de que Puigdemont, despidiera a un miembro de alto rango de su gobierno por expresar dudas sobre el referéndum.

Es en este contexto que los principales diarios europeos están sonando la alarma.

En su artículo “Rajoy está llegando tarde con su intervención catalana”, David Gardner para el londinense Financial Times describe la oferta de última hora del primer ministro de conceder una mayor autonomía fiscal para Cataluña como un gesto simbólico de “estadista, esperando casi hasta la víspera del choque de trenes constitucional que podría destrozar a España”.

Acusa a Rajoy y al PP de ser “responsables” de la crisis, de la cual se han aprovechado irresponsablemente por considerar que “es electoralmente beneficioso en el resto de España incitar antagonismos contra el País Vasco y Cataluña, donde su intuición centralista limita severamente su apoyo”.

El FT concluye con una advertencia para el Tribunal Constitucional en contra de que se reúna el próximo mes y “afile sus armas legales contra el plebiscito catalán”. En lugar de ello, “La prueba [...] será si Madrid deja ir la coartada de que España está atrapada en un laberinto legal, en el que la Constitución está escrita en piedra y los jueces están protegidos ante un problema político que los representantes electos tienen el deber de resolver”.

En un artículo titulado “España está amenazando a los catalanes, en lugar de transformarlos”, el diario alemán Suddeutsche Zeitung va aun más lejos. Simpatiza abiertamente con los secesionistas, describiéndolos como “una coalición muy proeuropea de liberales, conservadores y socialdemócratas” que trabaja en “la tradición de la República Española que fue aplastada por el general Franco, quien contaba con el apoyo del régimen nazi en la guerra civil”. Describe al PP como una formación que “surgió de los franquistas”.

El periódico afirma que los diplomáticos de la Unión Europea (UE) “se sorprenden de que el gobierno central no haya hecho ni un intento para seducir a los catalanes”, especialmente bajo condiciones en que la mayoría de los catalanes están de acuerdo con celebrar un referéndum, pero no apoyan la secesión. Concluye advirtiéndole a Rajoy y sus partidarios que “el problema no debe ser resuelto con prohibiciones. Cuanto más ataquen a Barcelona... más fuertes serán los llamados para un referéndum”.

Un editorial en Le Figaro de Francia, titulado “El divorcio español”, sigue la misma línea, criticando a Madrid por desplegar sus “armas pesadas” y toda una serie de otras medidas como parte de un “arsenal legal” para impedir el referéndum. Culpa al gobierno por su actitud “rígida” y su incapacidad para generar una alternativa que “calme la fiebre”.

En su crítica al gobierno español, los editores del FT, Suddeutsche Zeitung y Le Figaro siguen los pasos del New York Times, que criticó el mes pasado la “intransigencia” del PP y la forma en la que “galvanizó” a los separatistas catalanes.

Las preocupaciones de ambos lados del Atlántico expresan el temor de secciones de la élite gobernante de que un enfrentamiento entre Barcelona y Madrid, entre amenazas de suspender la autonomía catalana y de enviar al ejército, pueda provocar una crisis que engullirá a toda España.

Tal escenario podría salirse de control rápidamente, trayéndose abajo a la cuarta economía más grande de la eurozona y un miembro líder de la Unión Europea y la OTAN. Todo esto estaría ocurriendo después de la salida británica de la UE o brexit, arrastrando así a la UE a un lodazal mucho más espeso.

Arriesgaría con incendiar las tensiones entre las principales potencias europeas, Estados Unidos y Rusia, en un contexto de tensiones sociales cada vez mayores en España y en todo el continente provocado por la imposición de una oleada de austeridad tras otra.

En julio, Barcelona registró un número récord de huelgas que en el sector de transporte. Los taxistas, los trabajadores del metro, Bicing (el sistema de bicicletas compartidas), Renfe (la compañía estatal de trenes de mercancías y pasajeros), la seguridad del aeropuerto de Barcelona y Deliveroo (la compañía británica en línea de entrega de alimentos), todos han realizado acciones industriales.

Estas luchas se han visto impulsadas por recortes salariales y problemas de inseguridad laboral —cuestiones de clase que todos los trabajadores de España, Europa y el mundo reconocen—. Este es un recordatorio de que el crecimiento del separatismo es un desarrollo retrógrado que atraviesa la lucha crítica para unir a la clase obrera en oposición a la contrarrevolución social llevada a cabo tanto por España como por Cataluña bajo los auspicios de la UE.