En un estremecedor ataque a la libertad de expresión, un juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia falló el jueves que la compañía DreamHost que aloja páginas web tendrá que entregarle al Gobierno de Trump una gran cantidad de datos relacionados con el sitio disruptj20.org, el cual organizó las protestas contra la inauguración de Trump en enero.

La solicitud se dio a conocer por primera vez el 14 de agosto, cuando DreamHost develó que una orden judicial emitida en julio le exigía entregar todos sus datos sobre disruptj20.org, incluyendo los registros de visitas y las direcciones IP de más de 1,3 millones de visitantes, información que podría ser utilizada para identificar a individuos. También se solicitaban los correos, las fotos y los otros datos de aquellos que hayan contribuido o producido contenido para el sitio.

Siguiendo la develación de la orden del Departamento de Justicia, el Gobierno “clarificó” su solicitud: no quería las direcciones IP, pero sí “todos los registros y otra información que pertenezca a la Cuenta, incluyendo sus documentos, bases de datos y los registros de las bases de datos guardados por DreamHost en relación con la Cuenta”.

El juez, Robert Morin, nombrado por Clinton, produjo la orden con la inútil estipulación que la corte supervisará los métodos que emplee el Gobierno en su inspección de los datos.

DreamHost, una compañía privada que hospeda a más de 1,5 millones de páginas web, ha decidido acatar la orden y comenzar a entregar los datos, alegando que el fallo judicial es en realidad una “victoria para la privacidad”. No podrían estar más lejos de la verdad. Como el mismo abogado de la compañía, Raymond Aghaian, manifestó en la corte el jueves, la información requerida por el Gobierno y que ahora recibirá, “equivale a la lista de miembros de un grupo activista”.

Aghaian indicó que la demanda del Gobierno es una “orden judicial general”, es decir, una solicitud de información sumamente extensa sin concernir ningún crimen ni individuo en específico. Tales órdenes fueron prohibidas en Reino Unido en el siglo XVIII. Están proscritas en la Cuarta Enmienda a la Constitución de EE. UU., la cual prohíbe “pesquisas y aprehensiones arbitrarias” y requiere que toda orden tenga un “motivo verosímil… y describa con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”.

El Gobierno ahora puede emplear este precedente legal para exigir información similar de cualquier sitio que organice o apoye cualquier acción de protesta u oposición, invocando el pretexto de que hubo violencia—usualmente el resultado de agentes provocadores policiales—, esencialmente criminalizando toda disensión.

El fallo desde la capital estadounidense se dio en el contexto de una serie de esfuerzos coordinados por parte de la burguesía a nivel internacional para suprimir e ilegalizar toda oposición política. El viernes, el Gobierno alemán tomó el extraordinario paso de clausurar el sitio alemán de Indymedia, acusándolo de organizar las protestas violentas en Hamburgo, Alemania, contra la reunión del G-20 en julio.

En las semanas desde dicha cumbre, las alegaciones del Gobierno aleman de que hubo “manifestantes violentos” han sido todas desmentidas. De hecho, las protestas fueron abrumadas por una sublevación policial para reprimir a los “extremistas de izquierda” que contó con el respaldo de todas las facciones de la élite política alemana.

En una declaración propia de un régimen autoritario, el ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière manifestó que el sitio web tuvo que ser cerrado porque estaba “cultivando odio contra las distintas opiniones y los representantes del país”—en otras palabras, promovía una oposición política al Gobierno—.

En Estados Unidos, las vastas implicaciones de la decisión judicial contrastaron con la casi absoluta falta de cobertura y comentarios en la prensa corporativa y las cúpulas políticas. Ninguno de los líderes demócratas emitió una declaración en contra.

En uno de los pocos comentarios sobre el fallo, el diario Washington Post publicó un editorial el viernes bajo el título, “No creas el revuelo: el Departamento de Justicia no está reprimiendo la disensión anti-Trump”. El Post da su aprobación a la justificación del Gobierno, que los fiscales están “investigando violaciones serias del orden público”, y sólo critica levemente la envergadura de la orden original. “La clarificación del caso estatal” lo ha “fortalecido substancialmente”, señala el Post .

El periódico concluye llamando a institucionalizar el tipo de búsquedas como la requerida por el Gobierno. “Las cortes y el Congreso deberían contemplar cómo establecer [los protocolos aprobados por la corte] en un reglamento claro para el camino”.

Mientras que la Administración Trump representa una amenaza seria para los derechos democráticos de la clase obrera, es en sí un producto del prolongado colapso de las formas democráticas de gobierno en EE. UU., al punto en el que violaciones flagrantes de la Constitución ni siquiera generan comentarios, ni mucho menos oposición.

Desde la elección de Trump, el “debate” político oficial ha omitido una discusión sobre la enorme expansión del aparato de inteligencia, incluyendo el espionaje ilegal e inconstitucional a manos de la Agencia de Seguridad Nacional, el cual fue expuesto por Edward Snowden hace cuatro años. Las solicitudes del Departamento de Justicia en el caso de DreamHost expresan el propósito central del espionaje que fue apoyado y aumentado bajo Obama. Ese propósito es reprimir toda la disensión interna.

A lo largo de los últimos siete meses desde que Trump llegó al poder, el Partido Demócrata y la prensa han buscado encubrir el carácter social verdadero de la nueva Casa Blanca—un gobierno de la oligarquía corporativa y financiera, determinado a expandir irrestrictamente la guerra en el exterior y la contrarrevolución dentro de Estados Unidos—. Sus críticas del mandatario se han enfocado en diferencias sobre política exterior, alrededor de que Trump haya entrado en conflicto con secciones del ejército y las agencias de inteligencia.

Después del incidente de violencia neonazi en Charlottesville hace dos semanas, los demócratas han apoyado la reestructuración de la Administración para ponerla incluso más bajo el control directo del ejército y la aristocracia financiera.

Las acciones del presidente contra los protestantes políticos son congruentes con la campaña de las compañías de Internet, con el apoyo del Partido Demócrata y los medios de comunicación afiliados a éste, para implementar un profundo programa de censura detrás del disfraz de estar combatiendo las “noticias falsas”. El ejemplo más prominente es la manipulación de Google de sus resultados de búsqueda para bloquear y poner en una lista negra a sitios web de izquierda, atacando con la mayor fuerza al World Socialist Web Site .

La amenaza subyacente a los intereses de la élite gobernante, tanto dentro de EE. UU. como internacionalmente, es el resurgimiento de una clase obrera organizada, políticamente independiente y armada con un programa socialista. Las acciones represivas del Estado van dirigidas precisamente a prevenir y bloquear la construcción de tal movimiento.

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Una carta abierta a Google: ¡Detengan la censura del Internet! ¡Dejen de poner al World Socialist Web Site en su lista negra política!

[24 de agosto del 2017]