El miércoles por la noche en San Antonio, Texas, el juez principal de distrito Orlando García bloqueó temporalmente las disposiciones clave del proyecto de ley 4 del Senado (SB4), un proyecto de ley antiinmigrante diseñado para acabar con las llamadas "ciudades santuario" en Texas, días antes que entrará en vigor el 1 de septiembre.

La ley, conocida como "muéstrame tus papeles", tendrá consecuencias devastadoras para la comunidad de inmigrantes en Texas si el bloqueo temporal es anulado. Algunos de los aspectos de SB4 que se han puesto en espera incluyen:

* Obligar a las cárceles locales a que cumplan con las solicitudes de los agentes federales, conocidas como solicitudes de detención, para que los inmigrantes pasen más tiempo encarcelados que en lo que normalmente serían liberados, de manera que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) los recoja para su detención federal.

* Prohibir a cualquier funcionario local que "respalde", o que parezca endosar, cualquier política que pueda limitar materialmente la aplicación de la ley de inmigración (incluyendo, posiblemente, estar en el escenario con grupos de defensa que abogaban por tales límites).

* Requerir que la policía local permita a sus oficiales cooperar con agentes federales siempre que sea posible, incluyendo "asistencia de cumplimiento" de la ley federal de inmigración.

Sin embargo, una de las disposiciones más polémicas del proyecto de ley que permitiría que las autoridades locales tuvieran autoridad para exigir pruebas del estatus migratorio de una persona durante las interacciones de rutina, como una parada de tráfico.

Amy Fischer, directora de políticas de RAICES, un grupo sin fines de lucro de defensa de la inmigración basado en Texas, dijo al WSWS: “Si se implementa, este proyecto de ley codificará la relación entre los policías locales y el ICE. Esto resultaría en un incremento rampante de perfil racial y deportaciones aceleradas para todos los inmigrantes en todo el estado”.

Conforme al proyecto de ley, las autoridades locales no estarían autorizadas a adoptar políticas que obstaculizarían la notificación a las autoridades federales de cualquier individuo sospechoso de estar en el país ilegalmente. Además, la nueva ley les apunta a aquellos que ayuden a la comunidad inmigrante: los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley podrían ser multados y destituidos si no cooperan con las autoridades federales de inmigración. Las entidades gubernamentales que no cooperen van hacer multados 25.500 dólares por cada día en que se viole la ley.

Inmediatamente después del anuncio de la suspensión temporal del juez García en las disposiciones claves del SB4, el gobernador Greg Abbott prometió apelar el fallo, mientras que el Procurador General Ken Paxton también prometió continuar luchando por la completa aplicación de la ley. Escribiendo en una declaración pública publicada en su sitio web, Paxton dijo: "La ley 4 del Senado fue aprobada por la legislatura de Texas para establecer una política estatal de cooperación con las autoridades federales de inmigración que aplican las leyes de inmigración de nuestra nación. Texas tiene la autoridad soberana y la responsabilidad de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Confiamos en que el SB4 sea confirmado como constitucional y legal".

El proyecto de ley es, de hecho, salvajemente antidemocrático y anti-inmigrante. Representa la culminación de las tácticas de la clase dirigente utilizadas para apuntar a los inmigrantes ya la clase trabajadora de manera más amplia en las últimas cuatro décadas; la destrucción sistemática de los derechos democráticos básicos, la vigilancia masiva del gobierno y el aumento de la fuerza militar.

La integración de los esfuerzos de aplicación de la ley locales y federales en el ataque contra los inmigrantes, uno de los principales componentes de SB4, no es una iniciativa original de los legisladores de Texas. Este esfuerzo fue encabezado en gran parte por el ex presidente Obama bajo el programa "Comunidades Seguras", que llevó a cabo una campaña similar a través del uso de la biometría electrónica, como las exploraciones de huellas dactilares. Bajo este programa, la información sobre cualquier individuo sospechado de ser indocumentado es recolectada de agentes de la ley estatales, locales y tribales y luego enviada al FBI. El FBI transmite los datos al ICE.

El debate sobre SB4 llega mientras que la comunidad inmigrante de Houston de un estimado de 500.000 personas indocumentadas lucha por recuperarse del huracán Harvey, que ha dejado la ciudad devastada. La indiferencia absoluta de la clase dominante hacia no sólo los inmigrantes, sino también la gente trabajadora en general ha estado en plena exhibición a raíz del huracán Harvey. Justo antes de que la tormenta llegara a tierra, el ICE emitió una declaración en la que hacía notar a los inmigrantes que los puestos de control de inmigración permanecerían abiertos a pesar del acercamiento de la tormenta mortal.

Fischer, de RAICES, dijo al WSWS: "Detener el SB4 no significa que nuestras comunidades estén seguras. Antes del SB4 vimos a estudiantes con estatus de DACA apuntados por ICE ... apenas esta semana cuando el huracán Harvey estaba golpeando, las familias de Texas fueron forzadas a tomar la decisión entre buscar refugio de la tormenta o enfrentar la posibilidad de detención y deportación, decisión que nadie debe tener que hacer. Todo esto sucedió antes de la implementación de SB4. "

Debajo del debate sobre el SB4 está la batalla más fundamental entre la guerra anti-inmigrante que es perseguida agresivamente por el establecimiento político y el sentimiento abrumador favorable-inmigrante de las masas de la población. No es sorprendente que SB4 esté totalmente respaldado por la administración Trump. El Departamento de Justicia presentó un escrito a favor de SB4 cuando el proyecto de ley fue aprobado inicialmente.

La lucha por implementar SB4 está ocurriendo en medio de otros planes por parte de la administración Trump de escalar la guerra contra los inmigrantes en la forma de poner fin a la orden ejecutiva conocida como DACA, que ofrece derechos limitados para trabajar y estudiar a inmigrantes indocumentados traídos aquí como niños. Se espera que Trump tome una decisión sobre el destino del programa para el 5 de septiembre.

La "oposición" está siendo llevada a cabo por elementos dentro del establishment político del Partido Demócrata a SB4, respaldado por funcionarios de la ciudad que se posturan como defensores de los derechos de los inmigrantes apoyando "ciudades santuario", es en gran medida un truco político. Ya sea por la reelección o por consideraciones económicas para su ciudad, su oposición no tiene nada que ver con los profundos sentimientos de las masas. Cuando en el poder, el Partido Demócrata ha llevado a cabo algunas de las políticas de inmigración más draconianas de la historia, con su principal representante el ex presidente Barack Obama quien ganó el apodo de "jefe de deportacion".