La élite gobernante de Brasil teme al “aislamiento” internacional

por Miguel Andrade
11 septiembre 2017

La gira por Latinoamérica del vicepresidente de los EE.UU. Mike Pence el mes pasado generó preocupación en los círculos gobernantes de Brasil, ya que el país no formó parte de su itinerario, el que comprendía reuniones con los gobiernos de Perú, Argentina, Chile y Colombia. Esta es la segunda vez en dos años que Washington margina al mayor país de Latinoamérica de este modo, ya que Barack Obama también excluyó a Brasil de su gira por el continente el 2016.

Las inquietudes de la clase gobernante brasilera respecto a la posición geopolítica del país se originan en la creciente inestabilidad económica y política del país en medio de la peor crisis económica en un siglo, además de las intrigas palaciegas y conflictos internos de las altas esferas del aparato estatal liderado por Michel Temer.

Esta inquietud se expresó claramente en el informe del 22 de agosto del diario financiero Valor Econômico titulado “Bajo Temer, Brasil sufre de aislamiento internacional.” El artículo recalcaba que antes de Pence, la Canciller Alemana Angela Merkel, el Presidente Francés François Hollande, y los primeros ministros de Canadá e Israel Justin Trudeau y Benjamín Netanyahu tampoco habían visitado el país en sus giras por Latinoamérica.

El informe incluye declaraciones de funcionarios del gabinete de que el gobierno prepara una “ofensiva diplomática” para romper el “aislamiento,” y el día siguiente el gobierno presentó un enorme paquete de privatizaciones que incluye la subasta de importantes aeropuertos, el principal productor de energía del país, Eletrobras, e incluso la valiosa fábrica de moneda nacional.

Este anuncio elevó el valor de las acciones de Eletrobras en un 50 por ciento en un solo día, y la bolsa de São Paulo llegó a su máximo nivel desde enero del 2011, durante el auge de las materias primas que garantizaba la estabilidad del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) anterior a la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y la llegada del gobierno de Temer.

El momento del anuncio se eligió para que precediera la visita estatal de siete días de Temer a China que comenzó el 29 de agosto, en la que el presidente de Brasil y otros funcionarios buscan inversionistas para las 57 empresas públicas que serán vendidas. China ya es dueño del segundo mayor productor de energía de Brasil, un subsidiario de la corporación de la central eléctrica Three Gorges Dam, y en los primeros días de la visita de Temer se logró un acuerdo con inversionistas chinos de completar la construcción de la planta nuclear Angra 3 en las afueras de Rio de Janeiro.

Además, el 22 de agosto el poder ejecutivo anunció el fin del monopolio estatal de la minería en la zona del Amazonas, rica en minerales y tierras raras, como parte de un plan anunciado en julio para incrementar la participación de la minería en el PIB de 4 a 6 por ciento. Aunque las licitaciones de exploración están abiertas al extranjero, es seguro que China sería el país más beneficiado, y ya conforma la mayoría de la demanda de la minería brasilera. Aunque el fin del monopolio estatal fue revocado en la corte federal el 28 de agosto, y el 31 de agosto se retiró el decreto presidencial para ser reescrito después de enfrentarse a la indignación popular y la oposición dentro del mismo gobierno, la adquisición de inversiones extranjeras en la minería nacional todavía es parte fundamental de la estrategia económica del gobierno actual.

Dentro de esta “ofensiva diplomática” para contrarrestar el “aislamiento,” el 22 de agosto el gobierno anunció que aceptaría “con brazos abiertos” a la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que rompió con el gobierno de Maduro y ahora está exiliada en Colombia, si ésta buscase asilo en Brasil. A fines de agosto, Ortega participó de una reunión de los fiscales generales del Mercosur en la capital Brasilia, donde acusó al gobierno de Maduro de corrupción por sobornos y comisiones multimillonarias liadas a proyectos del gigante contratista constructor brasilero, Odebrecht.

El cortejo de Ortega Díaz parece ideado para ganar favor con el imperialismo estadounidense, el que ha alabado a la fiscal general como parte de su campaña de cambio de gobierno en Venezuela.

El 30 de agosto, Valor Econômico informó que el Ministerio de Medioambiente del país alertó al Ministerio de Asuntos Exteriores que la extracción petrolera en el Amazonas podría interferir con el territorio Venezolano, y está programado que Brasil realice unos juegos de guerra inauditos con Perú y Colombia—ambos bajo gobiernos derechistas alineados a Washington—y los Estados Unidos en el Amazonas en noviembre.

Estas maniobras, sin embargo, inevitablemente agudizan las contradicciones de la dependencia de la burguesía brasilera de las inversiones e importaciones chinas, en medio de un “giro a Latinoamérica” de EE.UU. cada vez más violento. Notablemente, una de las demandas realizadas durante la gira de Pence, que fue recalcada por la prensa brasilera, es el corte completo de relaciones con Corea del Norte. Brasil tiene una embajada en Pyongyang desde el 2012, completa con refugio antiaéreo.

La participación china en el desarrollo del Angra 3 también se convertirá en un punto álgido. El programa nuclear de Brasil, en su mayoría nacional y enfocado en desarrollar un submarino militar nuclear, está en la mira del imperialismo estadounidense. La negación de Brasil a permitir el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) a una planta de enriquecimiento de uranio cerca de Rio el 2004 provocó un conflicto diplomático, y los ministros de ciencia más de una vez han jugado con la idea de expandir el programa nuclear del país para producir una bomba.

La aparentemente ambigua estrategia internacional de Brasilia, además de las despreciables conspiraciones dentro del estado brasilero, son un síntoma principal de la crisis de confianza que afecta a los círculos gobernantes, como se refleja en el informe de Valor .

A pesar de la autocomplacencia de los funcionario del gobierno con el mísero 0,2 por ciento de crecimiento trimestral del PIB anunciado por el Instituto Estadístico y Geográfico del país el 1 de septiembre, el segundo consecutivo después del crecimiento de 1,0 por ciento del primer trimestre, la tasa de inversión bajó a un 15,6 por ciento del PIB, el más bajo desde que se establecieron las métricas actuales en 1996, en el momento más álgido de la ortodoxia “neoliberal” de la presidencia de Fernando Henrique Cardoso.

Pese a las declaraciones del Ministro de Planificación Dyogo Oliveira a principios de agosto de que la “inversión privada” debería llevar al crecimiento económico del 2017 en adelante, los funcionario del gobierno admiten que la liberación de 44 mil millones de reales (US$ 14 mil millones) de retiros de seguridad social bloqueados de 26 millones de trabajadores en el primer semestre fue el principal factor responsable del mínimo crecimiento reciente, y en segundo lugar la producción agrícola récord ocasionada por condiciones climáticas excepcionalmente favorables.

Mientras tanto, la inmensa redistribución de dinero a los más ricos fruto de la “reforma” laboral aprobada por el congreso brasilero se ha expresado en las últimas cifras de empleo publicadas junto con los datos del PIB. El desempleo sigue en 12,8 por ciento, pero el gobierno celebra una baja del 14 por ciento en base a medio millón más de trabajadores que salieron del mercado laboral y unos 300.000 más registrados como “independientes” desde principios del 2017.

Sin embargo, detrás del optimismo del gobierno existe una profunda desconfianza en sus políticas económicas, como demuestran las críticas abiertas de los principales diarios del país a los planes de privatización, incluyendo el fin del monopolio minero en el estado de Amazonas.

La venta de Eletrobras ha sido especialmente controversial, y algunos comentaristas la ven como un intento por contener el déficit estimado de US$50 mil millones en el presupuesto del 2017. Tanto Folha de São Paulo como O Globo han puesto atención especial a la declaración de la destituida presidenta Dilma Rousseff—que anteriormente fuese ministra de energía del ex presidente Lula Da Silva—de que la privatización pondría en peligro el abastecimiento energético del país. En otras columnas de opinión se mostró preocupación por el posible control chino de la energía, con titulares tales como “Las privatizaciones son buenas, pero son peligrosas cuando sólo se toman en cuenta los gastos actuales,” que apareció el 24 de agosto en Valor Econômico. Folha de São Paulo también expresó preocupación de que las privatizaciones pudieran subir los precios energéticos, contradiciendo las predicciones optimistas de los centros de estudios y el gabinete de Temer.