Luego de reducir el número de refugiados que podrán admitirse en EE.UU. a 50.000 —menos de la mitad de la cuota previa— la administración Trump se encuentra preparando recortar esa cifra aún más como parte de su programa “EE.UU. primero” el cual promueve el nacionalismo de derecha y la xenofobia.

Con una fecha límite para el primero de octubre acechando a la administración para que realice una declaración al Congreso detallando el número de refugiados que está dispuesto a aceptar, Stephen Miller, el fascistoide consejero político de Trump y principal arquitecto de sus políticas vehementemente anti-migratorias, ha propuesto —según el New York Times — que el número sea reducido a la cifra tan baja de 15.000.

El Times reporta que si bien el proceso de decidir un tope a los refugiados es “típicamente conducido por el Departamento de Estado y coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional”, este año ha sido tomado por el Consejo de Política Doméstico, el cual se reporta a Miller y el Departamento de Seguridad Nacional. Este cambio refleja la decisión de la administración de aprovecharse de una política dura de criminalizar a los refugiados e inmigrantes en general para así hacer un llamado a la escasa base política derechista de Trump.

Bajo condiciones en las que el mundo confronta la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, con 66 millones de personas obligados a desplazarse, en gran parte como resultado de las interminables guerras ejercidas por el imperialismo estadounidense durante los últimos 16 años, Washington está, de manera efectiva, cerrándole la puerta a hombres, mujeres y niños que huyen por sus vidas.

El tope de refugiados ya impuesto por Trump fue el más bajo desde la emisión del Acto de Refugiados en 1980, el cual requiere que el presidente de EE.UU. establezca un límite para las admisiones. Solamente una vez durante los últimos 37 años este límite ha caído por debajo de 70.000 cuando fue recortado a 67.000 en 1986 bajo la administración Reagan.

El reporte sobre este planeado aumento de la guerra de la administración Trump a los refugiados viene después del inicio de otra reaccionaria decisión por la Corte Suprema de EE.UU., el cual retira restricciones al “travel ban” o prohibición de viajar que fue impuesto por la Casa Blanca el pasado enero y que prohíbe entrada hacia EE.UU. a refugiados y ciudadanos de seis países mayormente musulmanes.

La declaración de un solo párrafo emitido por la corte permite la petición de la administración de que se elimine un decreto hecho por un tribunal de apelaciones federal para que se mantenga a 24.000 refugiados formalmente asignados y aceptados por agencias de restablecimiento para que entren al país.

El decreto sobre el tribunal de apelaciones provino de una decisión de la Corte Suprema en junio —apoyado unánimemente por la denominada ala “liberal” que incluye a los designados por Obama como Sonia Sotormayor y Elena Kagan— que anula las acciones por jueces de cortes federales bajas que bloquearon la flagrantemente discriminatoria orden ejecutiva de que sea ejercida.

Un panel del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones había interpretado la categoría de “conexión bona fide” para que incluya no sólo personas con familias en EE.UU., con ofrecimientos de trabajos o admisiones a universidades, sino también a refugiados con garantías de apoyo por parte de patrocinadores de EE.UU.

El fallo de la alta corte ahora revoca esta interpretación, colocando de esta forma otro bloqueo en el camino de los perseguidos refugiados.

La Corte Suprema tiene programado el escuchar argumentos sobre los méritos de la prohibición de viaje a los musulmanes el 10 de octubre. La prohibición de viaje de 90 días contra los ciudadanos de las naciones mayormente musulmanas expirará a fines de setiembre, antes de que la corte escuche el caso, mientras que la prohibición de 120 días a los refugiados caducará un mes después, antes de que dé una decisión.

La anulación del fallo del Noveno Circuito, que fue aclamado por Breitbart News y otros medios de extrema derecha, puede que bien sea una señal de la dirección que la Corte Suprema tomará cuando considere la constitucionalidad de la prohibición de viaje. Si es así, tomará un giro dramático en la legitimización de una medida profundamente reaccionaria y anti-democrática que no sólo persigue a los musulmanes y refugiados, sino establece el escenario para mayores ataques a la clase trabajadora en conjunto.

El reporte del planeado aumento en la campaña de ataques a los refugiados vino una semana después de que Trump anunciara el revocamiento de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés), el programa gubernamental que ofrecía protección limitada de deportación a casi 800.000 inmigrantes que llegaron a EE.UU. como niños. La acción impuso una fecha límite de seis meses para que el Congreso tome acción antes de que el programa sea desechado, lo que conduciría a las deportaciones masivas de niños a países con los que tienen pocos o casi ningún lazo.

Trump programó una cena en la Casa Blanca la noche del miércoles con el líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer y el líder de la minoría de la Cámara de los Representantes Nancy Pelosi, en dónde DACA iba a ser discutida junto con otros temas legislativos.

Pelosi señaló que ella y el liderazgo demócrata estaban preparados para alcanzar un acuerdo con la administración Trump que otorgaría alguna forma de protección para aquellos cubiertos por DACA en cambio de medidas aún más duras a los inmigrantes en la frontera EE.UU.-México.

“Todos queremos que se haga algo en la frontera, por ello eso no es un problema”, Pelosi declaró a los reporteros el miércoles.

Schumer hizo una declaración similar el martes, indicando que si bien los demócratas no apoyan el financiamiento al “muro” de Trump, este era solamente una cuestión de su practicalidad. “Ciertamente, queremos más seguridad en la frontera que haga sentido, seguridad de frontera que sea efectivo”, declaró.

Mientras solamente concentran su oposición política a la administración Trump en el asunto de la supuesta interferencia gubernamental rusa en las elecciones estadounidenses del 2016 y la supuesta insuficiente hostilidad de Trump hacia Moscú —una línea de ataque que está completamente sincronizada con los objetivos de ejército y la inteligencia de EE.UU.— los Demócratas están completamente preparados para colaborar en los ataques a los inmigrantes, los recortes a los impuestos corporativos y la agresión militar extranjera.

A pesar de la retórica vehementemente anti-inmigrante de Trump, su administración ha llevado a cabo, en promedio, menos deportaciones que aquella de Barack Obama, quién se volvió conocido como el “deportador en jefe” por expulsar a casi 3 millones de trabajadores inmigrantes durante sus ocho años a cargo.

Según las cifras emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés) el mes pasado, un total de 84.473 personas fueron deportadas entre el 1ero de febrero y el 30 de junio de este año, o, en promedio, alrededor de 16.900 al mes. Bajo Obama, el número promedio de personas deportadas cada mes fue 20.000 en 2016 y casi 34.000 en el 2012.

Los demócratas bajo Obama han establecido el camino para un masivo aumento de la campaña contra los inmigrantes. Durante los primeros seis meses de este año, el número de órdenes de deportación se incrementó 31 por ciento en comparación con las del mismo período el año pasado.

Más aún, según un memo filtrado del Departamento de Seguridad Nacional, ICE había establecido lanzar este mes “Operación Mega”, una masiva emboscada nacional descrita como “histórica” en enfoque, el cual tiene en la mira a 10.000 inmigrantes indocumentados alrededor de EE.UU.

A finales de la semana pasada, ICE emitió una declaración en la que dice que la operación había sido cancelada debido a los huracanes que azotaron a Texas y Florida: “Debido a la actual situación del clima en Florida y otras áreas potencialmente impactadas, junto con la actual recuperación en Texas, ICE ha revisado ya todas las operaciones futuras y ha reprogramado debidamente. No hay actualmente ninguna operación coordinada planeada para ahora”.

La implicación clara es que una vez que la administración juzgue a la recuperación —en la que los trabajadores inmigrantes indocumentados no están jugando un rol pequeño— que sea adecuada, la campaña contra ellas será reactivada.