España suspende la ley de independencia catalana, intensificando el conflicto con los separatistas

por Alejandro López
18 septiembre 2017

El Tribunal Constitucional de España anunció la suspensión de la ley de “transición” a la independencia aprobada por el parlamento regional de Cataluña el pasado viernes. Esto viene después de que cerca de un millón de personas marcharan en Barcelona el pasado lunes durante el día nacional de Cataluña, y menos de tres semanas antes del referendum de independencia catalán previsto para el primero de octubre.

La ley de transición fue aprobada por los partidos separatistas burgueses en el parlamento catalán, la coalición Junts pel Sí compuesta por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y las Candidaturas de Unidad Popular (CUP). Sienta las bases para una constitución tras una declaración de independencia, si el voto por el “sí” gana en el referendum.

Con el referendum sobre la independencia de Cataluña y la campaña legal y policial por parte de Madrid para impedirlo, ha brotado una profunda crisis en el sistema estatal español tal como surgió de la Transición de 1978 hacia la democracia parlamentaria. Está alimentando el derrumbe de la Unión Europea (UE) ejemplificado por el voto de Gran Bretaña para abandonar la UE el año pasado. Después de una década de profunda austeridad y desempleo masivo por toda Europa desde la caída de Wall Street en 2008, la élite gobernante está violentamente dividida.

El gobierno del presidente Mariano Rajoy del Partido Popular (PP), cuyas raíces políticas se extienden hasta el régimen fascista anterior a 1978 de Francisco Franco, está decidido a aplicar mano dura a los nacionalistas catalanes. El PP tiene muy claro el carácter de clase de la coalición Junts pel Sí, cuyos partidos componentes han apoyado o conducido los gobiernos catalanes favorables a la austeridad.

En medio de una creciente ira social por toda Europa, sin embargo, el PP ve como una amenaza mortal cualquier iniciativa que pudiera desencadenar sin proponérselo la oposición política de la clase trabajadora —en una región que fue el centro de la oposición a Franco durante la Guerra Civil española de 1936-1939— como una amenaza mortal. A pesar de advertencias de la prensa internacional y de secciones de la clase gobernante española de que debería negociar un acuerdo con los separatistas catalanes, el PP sigue presionando con medidas agresivas que amenazan con provocar un conflicto armado dentro de la maquinaria estatal.

Sectores del PP proponen ahora invocar el artículo 155 de la Constitución, que suspendería el gobierno catalán e impondría el gobierno directo desde Madrid. El martes, el portavoz del grupo parlamentario del PP Rafael Hernando señaló que el artículo 155 “es una provisión constitucional que está siempre encima de la mesa”, y el Ministro de Justicia Rafael Catalá dijo que “es una herramienta que se puede aplicar”.

El Fiscal General del Estado José Manuel Maza ha ordenado a los cuatro fiscales jefes provinciales de las provincias catalanas que investiguen a los 712 alcaldes que han expresado su apoyo al referendum. Son tres cuartos del número total de alcaldes en Cataluña. Si no se personan voluntatiamente ante la Fiscalía, Maza advirtió, se ordenará a la policía que los arreste. La CUP ha dicho que sus alcaldes desobedecerán a los tribunales.

Fiscales del Estado también ordenaron a la Policía Nacional, a la policía militarizada o Guardia Civil, y a la policía regional catalana, que se incauten de cualquier material que ayude a preparar o a desarrollar el “referendum ilegal de autodeterminación, incluyendo urnas, material impreso y ordenadores”. Se han allanado imprentas buscando papeles para la votación, y cientos de policías adicionales han sido despachados a la región.

Encuentros mantenidos en respaldo del referendum han sido también puestos en la mira, incluyendo uno que estaba previsto para el 17 de septiembre en Madrid por Madrileños por el Derecho a Decidir, que ha sido prohibido. El juez responsable afirmó que “no es posible que un acto que es abiertamente contra la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional sea ayudado por un municipio que, como ha sido expresado, también tiene el deber de hacer respetar la ley”.

A pesar de las amenazas de Madrid, los separatistas catalanes están siguendo adelante con el referendum, poniendo a las burguesías española y catalana en el camino a colisionar en un conflicto que se está yendo de control rápidamente.

El gobierno regional catalán bajo el presidente Carles Puigdemont (PDeCAT) se niega a dar marcha atrás, declarando que “ante los procesos judiciales y las amenazas” está “más decidido que nunca” a llevar a cabo el referendum. La campaña fue lanzada el jueves por la noche en Tarragona bajo las consignas “Hola nuevo país”, “Hola República”, “Hola Europa” y “Hola mundo”. Los partidos separatistas solicitaron a la presidenta del parlamento, Carme Forcadell (ERC), que suspendiera el parlamento regional durante la campaña.

Va en aumento en la clase dirigente en España e internacionalmente la preocupación de que el conflicto entre Madrid y Barcelona abra una crisis que podría arrastrar rápidamente a España y la UE. La mayoría culpa al presidente Rajoy por su intransigencia, argumentando que el PP de Rajoy debería llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes.

El sindicato de la patronal española, la CEOE, ha advertido de que aunque apoya el Estado de derecho y “todos los pasos” que el gobierno pueda dar para aplicarlo, la “convivencia social y la prosperidad económica” de España están en juego. La CEOE declaró que una solución política a la crisis tenía que ser alcanzada “con la mayor urgencia posible”.

El Financial Times, bajo el titular “Se acaba el tiempo para un compromiso catalán”, acusaba a Rajoy de ser “inflexible” y exigió que el gobierno español viera el referendum “como un problema político a resolver y no tanto como a una sedición que tiene que ser aplastada”. Expresó su disgusto por la escena “no edificante” de “fuerzas de la seguridad española intentando confiscar urnas ilegales y papeletas”, comparándola con la “exhibición de protesta cívica” de los nacionalistas catalanes.

El referendum no es ampliamente popular entre los trabajadores. Mientras la mayoría de los sondeos muestra oposición al endurecimiento de Madrid contra el referendum, que un 70 por ciento de los españoles querría que tuviera lugar, el apoyo a la separación en Cataluña también es bajo, del 30 al 40 por ciento. No obstante, el respaldo a la separación en Cataluña parece ir en aumento debido al descontento popular por la rigidez de Madrid.

El asunto crítico en esta situación explosiva es la intervención política independiente de la clase trabajadora en oposición tanto a la élite gobernante de Madrid como a los separatistas burgueses en Cataluña. Ni la división de España por el surgimiento de un nuevo Estado burgués en Cataluña, ni el crecimiento de un aparato policial represivo centrado en Madrid, ofrecen nada a los trabajadores.

Las fuerzas pequeño-burguesas “de izquierdas” han dedicado recursos considerables a promocionar un referendum conducido por partidos burgueses que están por la austeridad y que apoyan a la OTAN como un paso radical hacia adelante. Los Anticapitalistas pablistas han descrito el referendum como una “revolución política” que, según su dirigente Jaime Pastor, podría “ayudar a democratizar España, ayudando a contener las tendencias autoritarias del régimen”.

Nada más lejos de la verdad. El apoyo de los separatistas catalanes a la austeridad y su indiferencia ante el impulso bélico imperialista que se desarrolla en el Medio Oriente, o de hecho a cualquier cosa que ocurra fuera de las fronteras de su región, es en definitiva no menos reaccionario que las políticas de Madrid.

Hablan por sectores de la clase dirigente catalana que —consciente de que mientras Cataluña alberga solo al 16 por ciento de la población de España, representa un quinto de la producción económica y un cuarto de las exportaciones de España— persiguen quedarse con una mayor tajada de los beneficios. Indignados porque sus impuestos pagan el gasto social de otras regiones de España que son más pobres, esperan que, al utilizar la riqueza de Cataluña, podrán conseguir mejores negocios para sí mismos en el mercado mundial si su región fuera autónoma o independiente. Han demostrado ser amargamente hostiles a la clase trabajadora.