La investigación de la torre Grenfell y el caso a favor del socialismo

por Partido Socialista por la Igualdad (Reino Unido)
18 septiembre 2017

La apertura oficial de la investigación de la torre Grenfell es una ofensa hacia las víctimas y sobrevivientes del terrible infierno que quemó el bloque de apartamentos de 24 pisos en el oeste de Londres el 14 de junio, matando al menos a 80 personas.

En su declaración de 45 minutos, el presidente de la comisión investigadora, el sir Martin Moore-Bick, habló de recordar a los que habían sufrido con “humildad y compasión”, “consternación” y “tristeza”.

El cinismo de sus observaciones quedó claro por su negativa a responder las preguntas de los asistentes. Sólo hubo 200 entradas disponibles para aquellos que quisieran asistir, y luego se delimitó a los primeros que llegaran a la presentación. Moore-Bick se puso de pie inmediatamente después de que terminó de hablar, le dio la espalda a la audiencia y salió de la habitación, que le gritaba resignada “¡Qué desperdicio!”.

Su actuación despectiva no es simplemente la de un individuo. Representa la misma arrogancia e indiferencia de clase de las autoridades establecidas hacia los trabajadores que, en primer lugar, garantizaron que la torre Grenfell se convirtiera en una trampa de muerte para muchos de sus residentes.

Exactamente tres meses después del incendio, ni una sola persona ha sido arrestada, y mucho menos amonestada. Tampoco ha sido publicado ningún saldo oficial de muertos. Un número permanece en el hospital, mientras que cientos de supervivientes y sus familias han sido abandonados en alojamientos temporales. Se calcula que veintena de personas ha intentado suicidarse como resultado del trauma que sufrieron.

La afirmación central de la investigación –que nadie pudo haber sabido del peligro— es una mentira. Todas estas personas murieron porque sus vidas son desvaloradas en un país donde sólo importan los superricos.

En la prisa por “adornar” el bloque de la torre para los vecinos superricos de Chelsea y Kensington, el distrito más pudiente de Londres, la vida y seguridad de sus residentes fueron puestas en peligro.

El incendio, que se inició debido a un fallo eléctrico de una nevera en un apartamento del cuarto piso, fue capaz de engullir rápidamente todo el edificio gracias al revestimiento altamente inflamable con el que fue cubierto. Según los expertos, envolver el edificio con el material de aluminio compuesto (ACM, por sus siglas en inglés) elegido fue el equivalente a remojar la torre en 32 000 litros de gasolina, para luego prenderle fuego. Pero fue seleccionado porque era £293 000 más barato que una alternativa no combustible.

Por debajo de este revestimiento, se instaló una capa de aislamiento térmico que, cuando se quema, desprende grandes cantidades de cianuro de hidrógeno, cuyos efectos siguen afectando a muchos sobrevivientes. El destino de los que murieron fue sellado por la falta de medidas básicas de seguridad antiincendios, incluyendo la falta de un sistema de rociadores, una alarma para incendios central y una sola escalera.

Los residentes de Grenfell habían advertido continuamente que se estaba preparando una “catastrófica pérdida de vidas”. No sólo fueron ignorados, sino que fueron amenazados con acciones legales si seguían quejándose.

En cuanto a la referencia de Moore-Bick al “desafío sin precedentes” al que se enfrentaron los servicios de emergencia esa noche, lo mencionó como si no estuviera relacionada con los recortes generalizados del gobierno central y local a los bomberos. Sólo en Londres, el entonces alcalde de la ciudad y actual canciller británico, Boris Johnson, cerró diez estaciones de bomberos y eliminó seis mil puestos de bomberos, el mismo que notoriamente le dijo a los que criticaban sus recortes que se “váyanse al carajo”.

Hasta ahí llegó la promesa de Moore-Bick de que la investigación “proporcionará respuestas a las preguntas apremiantes de cómo un desastre de este tipo pudo ocurrir en el Londres del siglo XXI” y, sobre esta base, “dar un poco de consuelo”.

Lo que ofrece son aguadas gachas de consuelo. Moore-Bick dijo que la investigación no tendrá la autoridad para “castigar a nadie ni conceder ninguna compensación”, declarando que “el artículo 2 de la Ley de Investigaciones del 2005 (que rige la investigación de Grenfell) me prohíbe decidir o determinar la responsabilidad civil o criminal de cualquiera”.

El insulto principal fue la explicación de por qué rechazó las peticiones para nombrar a un residente local que actúe como asesor de la investigación. Nombrar a alguien “que haya participado directamente en el incendio podría arriesgar socavar mi imparcialidad ante los ojos de otros que están profundamente involucrados en la investigación” (énfasis añadido).

¡Cuál imparcialidad! La investigación fue establecida por un gobierno conservador cuyas políticas de austeridad, desregulación y privatización proporcionaron el marco para la catástrofe de Grenfell. Este mismo gobierno ha determinado el alcance de la investigación y designó a Moore-Bick como su presidente. Además, el personal directivo de la investigación proviene de los departamentos gubernamentales, como su secretario, Mark Fisher, quien anteriormente fue el responsable de diseñar el programa de trabajo para el Departamento de Trabajo y Pensiones.

En cuanto a los “otros que están profundamente involucrados en la investigación”, éstos no son nada menos que los cabecillas del Ayuntamiento del distrito real de Kensington y Chelsea, la Organización Gestora de Arrendatarios de Kensington y Chelsea y las empresas de menores costos que contrataron, quienes son los responsables del infierno.

Cuando Moore-Bick habla de no favorecer una “clase de testigos”, lo que realmente quiere decir es que no se debe permitir que la participación de los testigos de la clase trabajadora interfiera con el encubrimiento que está en marcha. Así como las quejas de los residentes de Grenfell fueron silenciadas, las voces de los trabajadores siguen siendo excluidas y suprimidas.

Para la élite gobernante esto es esencial. No sólo para que ninguno de sus miembros tenga que rendir cuentas por sus decisiones y acciones, sino para asegurar que los grupos de poder puedan continuar las mismas políticas antiobreras que produjeron este crimen social.

Esto se vio subrayado en una entrevista del editor de Evening Standard y excanciller de la tesorería, George Osborne, que apareció en la revista Esquire. Atacando a los que “se apresuraron a culpar todo el incidente [el incendio en la torre Grenfell] en los ahorros presupuestarios del Ayuntamiento de Kensington y Chelsea”, Osborne indico que en vez se trató de “una falla masiva de los estándares contra incendios durante muchos, muchos años...”.

Él comparte directamente el interés de tales afirmaciones. Como canciller en el Gobierno tori anterior, empujó las medidas de austeridad más draconianas desde la Segunda Guerra Mundial. Esto iba de la mano con la evisceración de las normas de protección. Fue David Cameron, como primer ministro en el mismo gobierno, que se jactó de estar llevando a cabo una “guerra” para “matar todas las insensateces en salud y protección de una vez y por todas”, y que declaró la necesidad de reconocer que “algunos accidentes son inevitables”.

Pero estas políticas fueron sólo una continuación de la contrarrevolución social iniciada bajo Thatcher en los años ochenta y profundizada por el gobierno laborista de Blair. El asesor de Blair, Peter Mandelson, declaró que el Partido Laborista estaba “intensamente relajado acerca de que las personas se enriquecieran extraordinariamente”, ya que facilitaba el saqueo de fondos y recursos públicos por parte de sus partidarios de la oligarquía financiera.

Este no es sólo un fenómeno británico. Catástrofes como Grenfell se repiten en todos los países del mundo, y más recientemente, y gráficamente, en el abyecto fracaso de la clase dominante estadounidense de llevar a cabo incluso las medidas más básicas de seguridad pública ante los huracanes Harvey e Irma.

Muchos trabajadores y jóvenes no tienen confianza en la investigación de Grenfell. Ellos saben que lo que está en marcha es un encubrimiento. Apremia, sin embargo, tomar conclusiones políticas sobre estos acontecimientos.

Todo un sistema social, el capitalismo, yace imputado. La sociópata y codiciosa burguesía de todos los países es incapaz de planificar nada, excepto transferirle enormes riquezas a los superricos y ordenar guerras que amenazan a la humanidad con una destrucción nuclear.

La liberación de los recursos sociales para satisfacer las necesidades de los trabajadores exige romper el dominio de la aristocracia financiera y sus representantes políticos y reorganizar la sociedad sobre bases socialistas. Esta es la perspectiva del Partido Socialista por la Igualdad.