Una crisis política de gobernabilidad se está desarrollando rápidamente en el Perú, incluyendo a todos los principales partidos. Se extiende desde las fisuras internas de los partidos de extrema derecha, como el gobernante Partido por el Kambio del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el fujimorista Fuerza Popular, hasta el pseudo-izquierdista Frente Amplio.
El primer año de Kuczynski en el gobierno ha sido generalmente evaluado por los medios de comunicación como algo entre decepcionante y casi catastrófico. Su desempeño se ha caracterizado por continuos cambios de ministros, incapacidad para lidiar con el Congreso controlado por Fuerza Popular y el mega-escándalo relacionado con sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que está teniendo fuertes repercusiones negativas en el crecimiento económico de la nación.
El gobierno ha culpado la caída de la economía durante la primera parte de este año a la devastación producida por el llamado "Niño costero", que afecta a la mayor parte del país, especialmente a la región norte, con fuertes lluvias y grandes inundaciones. Si bien es cierto que las inundaciones en el norte dañaron la producción agrícola y la distribución, la respuesta del gobierno a esta catástrofe ha sido asegurar que las empresas privadas se beneficien de la "reconstrucción" con un fondo de 25.700 millones ($US 7,7 mil millones) a invertir en las áreas dañadas.
Aunque los precios de los metales están experimentando un repunte en los mercados mundiales de materias primas, éste puede llegar demasiado tarde para reactivar la economía peruana, que se ha estado desacelerando durante casi dos años.
Pero, como en muchos otros países que enfrentan problemas en el crecimiento de la economía real, la bolsa de valores peruana ha aumentado un 13,7 por ciento hasta el año 2017.
Según el diario de negocios, Gestión, el único crecimiento este año ha sido en empleos "informales"; los que se mantienen fuera de los libros, sin pagar impuestos al gobierno central, ni beneficios a los trabajadores. Se crearon 332.600 empleos informales en los últimos 12 meses.
El escándalo de Odebrecht –que está vinculado a los enormes sobornos y “coimas” del caso denominado “Lava Jato” que envuelve al brasilero conglomerado estatal Petrobras– amenaza con poner a otros dos ex presidentes peruanos tras las rejas: Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de haber recibido US$ 20 millones de Odebrecht, y Alan García (2006-2011).
El ex presidente Toledo vive cómodamente en el área de la Bahía de San Francisco, contratado por la Universidad de Stanford. Pero en los últimos días, los fiscales han estado preparando un expediente para Washington, que ha señalado extraditaría a Toledo si el gobierno peruano presenta pruebas de sus fechorías.
La posición de Toledo se debilitó aún más cuando su antiguo socio, el multimillonario israelí Josef Maiman, acordó colaborar con los fiscales. Maimán reveló que fue parte de una transacción de US$ 3 millones en el caso de "Ecoveta"; un escándalo que involucra una adquisición multimillonaria de bienes raíces en Lima por Eva Fernenbug, madre de la esposa de Toledo, Elaine Karp. Otros colaboradores han indicado que van a testificar sobre otros esquemas utilizados por Toledo para ocultar US$ 20 millones en sobornos solicitados a Odebrecht.
Entre los varios megaproyectos de construcción que Odebrecht obtuvo a través de sobornos, el más significativo fue la construcción de la parte sur de la Autopista Interoceánica, un ambicioso plan para crear un enlace terrestre entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Durante los últimos años, además de los proyectos mineros de miles de millones de dólares, las fortunas de Perú se han basado en gran medida en megaproyectos de infraestructura, una industria que Odebrecht llegó a dominar. Como resultado del escándalo de soborno, muchos proyectos importantes están ahora paralizados.
El dilema del gobierno de PPK es que se ve obligado a fingir que está luchando contra la corrupción, pero traer a Toledo ante los tribunales peruanos pondría en peligro el futuro político de Kuczynski mismo, que era primer ministro bajo Toledo. El ex presidente ha declarado que PPK participó en la reunión que aprobó la contratación de Odebrecht para construir la Carretera Interoceánica. Y recientemente, un fiscal del gobierno anunció que cuestionará a PPK por su participación en el escándalo de Odebrecht.
La calificación de aprobación de PPK se está deteriorando rápidamente, de 40 por ciento en la última semana de agosto a un escaso 19 por ciento hoy. Ningún presidente en la historia peruana ha sufrido tal colapso en popularidad durante su primer año en el cargo.
PPK no es la única figura de alto perfil que los fiscales buscan. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido acusada de recibir contribuciones de Odebrecht para su campaña presidencial. Por lo tanto, Keiko –la hija del ex presidente dictatorial Alberto Fujimori, condenado a 25 años en prisión por crímenes contra la humanidad en la década de 1990– podría terminar cumpliendo un período de prisión preventiva de 18 meses.
El ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han estado en la cárcel desde julio de 2017 bajo una orden similar de detención preventiva. En su edición del 7 de septiembre, La República, informó que " Human Rights Watch presentó un informe que indica que hay nuevas pruebas de que el ex presidente [Humala] estuvo involucrado en atrocidades cometidas durante el conflicto armado" en los años noventa.
Junto a las denuncias de corrupción, Fuerza Popular, que controla el Congreso, está sufriendo divisiones dentro de sus filas condicionadas por una lucha política entre Keiko y su hermano Kenji.
Los tribunales también se preparan para interrogar y presentar pruebas contra los dos últimos alcaldes de Lima: la pseudo-izquierdista Susana Villarán, y el actual alcalde, Luis Castañeda Lossio, conocido por los tratos corruptos que caracterizaron su primer mandato como alcalde (2003-2010).
Luego está la coalición pseudo-izquierda Frente Amplio, que se ha dividido entre los alineados con Marco Arana del partido Tierra y Libertad y los que apoyan a la ex candidata presidencial "de izquierda" Veronika Mendoza, que está construyendo su propio partido para las próximas elecciones presidenciales. Cada facción tiene 10 representantes en el Congreso.
Últimamente ha habido rumores sobre la posibilidad de declarar una vacancia presidencial para Kuczynski, una medida constitucional que el Congreso puede emplear para forzar a un presidente democráticamente elegido a renunciar a la presidencia. Aunque tal medida extrema se reserva normalmente sólo para circunstancias extraordinarias, como cuando un presidente está físicamente incapacitado, algunas facciones de la clase dominante claramente temen que tener un presidente extremadamente impopular en condiciones de una economía estancada y la crisis de confianzas de la mayoría del establishment político por escándalos de corrupción está creando una situación peligrosa e inaceptable para la burguesía peruana.
Estos temores están bien fundados. A lo largo de este año, Perú ha visto una oleada creciente de luchas obreras y campesinas. A partir del 15 de junio, 400.000 maestros de escuelas públicas se declararon en huelga nacional, junto con huelgas en los sectores de la salud y minería, además de paros regionales de 24 o 48 horas.
A partir de mediados de julio, en la combativa región sur, los profesores adoptaron las tácticas tradicionalmente utilizadas por mineros y campesinos, bloqueando caminos con piedras, quemando neumáticos y realizando marchas masivas en todas las grandes ciudades, seguidas de sangrientas confrontaciones con la policía. Más de 15.000 maestros, estudiantes y padres, procedentes de todos los rincones del país, se congregaron en la Plaza San Martín en la capital, Lima.
Los maestros han resistido valientemente la represión del gobierno y sus provocadoras acusaciones de que son "terroristas", organizando protestas cerca de la sede del gobierno todos los días hasta finales de agosto.
El 4 de agosto, el gobierno anunció un acuerdo sobre algunas de las cuestiones planteadas en la huelga y pidió a los maestros que regresaran a las clases. Según Telesur, "el gobierno elevará el sueldo básico de los maestros a US$ 617 por mes para diciembre del 2017. Los líderes de los maestros acordaron reanudar las actividades en todas las escuelas de todo el país a partir del 7 de agosto. Los gobiernos regionales también prometieron asignar el 70 por ciento de sus presupuestos al sector de la educación para 2018."
La huelga también ha visto que el principal sindicato de docentes, SUTEP, durante décadas bajo el control del movimiento maoísta Patria Roja, gradualmente pierde el control sobre la mayoría de los profesores frente a un nuevo movimiento dirigido por miembros opuestos a la burocracia del SUTEP, que colaboró con el gobierno, incluso unirse a ella en acusar a los huelguistas de "terrorismo". En todo el país, los maestros han creado "Comités de lucha" independiente del sindicato.