El gobierno de España del conservador Partido Popular (PP) prosigue con sus medidas drásticas contra el referéndum sobre la independencia de Cataluña previsto para el primero de octubre. El presidente del gobierno Mariano Rajoy está amenazando con implementar una cláusula de emergencia en la Constitución española para impedir el voto.

El viernes, Rajoy viajó a Barcelona y dijo que los catalanes “están cometiendo un error, y nos estáis obligando a ir adonde no queremos ir”. La semana pasada, el portavoz de la bancada del PP, Rafael Hernando, y el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, exigieron su invocación independientemente el uno del otro.

El Artículo 155, conocido ampliamente como la “opción nuclear”, dice que si un gobierno regional “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno” puede asumir el control del gobierno regional para forzarlo a cumplir con sus “obligaciones” o a defender el “interés general”.

El artículo nunca ha sido invocado. Hasta hace poco, hasta Rajoy y el ejército español dudaban si invocarlo por miedo a que ello desencadenara una explosión social entre los trabajadores tanto de dentro de Cataluña como de fuera de esta.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) teme en igual medida tanto la posibilidad de la ruptura de España, como la de que la oposición a las amenazas dictatoriales de Rajoy se desarrolle fuera del marco de la política burguesa española. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, respondió a los comentarios de Rajoy en Barcelona apoyándolo: “usted [Rajoy] hará lo que tenga que hacer”. Un editorial nervioso en El País del sábado, históricamente vinculado al PSOE, comentaba: “Es imposible que coexistan el orden democrático y el caos. No es estable. No es sostenible. Y sobre todo, no es aceptable. El gobierno no puede permitir que esa legalidad paralela se siga implantando…”.

El lenguaje y las acciones incendiarios de Madrid recuerdan la brutalidad de la dictadura franquista que gobernó España de 1939 a 1978. Esto solo aumenta la probabilidad de que el referéndum pase.

Madrid ha dado el paso sin precedentes de anunciar que se hará cargo de las finanzas de Cataluña esta semana para “garantizar que no se gaste ni un euro en actividades ilegales”, según el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El vicepresidente del gobierno catalán y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el dirigente Oriol Junqueras, ha dicho que esta medida es “una manera encubierta de liquidar las instituciones del país [es decir, de Cataluña] y una manera encubierta de implementar el Artículo 155 de la Constitución”. Los partidos independentistas —el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCAT), la ERC, y las Candidaturas de Unidad Popular (CUP)— hasta ahora han seguido preparándose para el referéndum, haciendo actos públicos pidiendo el voto por el “sí”.

La policía militarizada, la Guardia Civil, se incautó de por lo menos 1,3 millones de folletos y pósters pro-referéndum en imprentas, cerró 10 sitios web que promocionaban el referéndum, y amenazó a los editores de noticias catalanes con querellas criminales si publicaban anuncios sobre el referéndum en sus periódicos o en sus sitios web. La policía local también está confiscando materiales pro-referéndum en las calles e identificando a cualquiera que tenga material pro-referéndum.

Los 700 alcaldes que permiten que espacios públicos en sus pueblos y ciudades alberguen urnas están siendo llamados a comparecer en los tribunales por apoyar abiertamente la votación. Se los amenazó con ser arrestados si se negaban a acatar.

Por el momento, el Poder Judicial no se ha propuesto arrestar al presidente catalán Carles Puigdemont. Sin embargo, el Fiscal General del Estado de España, José Manuel Maza, ha amenazado con hacerlo en una entrevista para el diario de derechas El Mundo, añadiendo que “no descarto de ninguna manera pedir sentencias de prisión”.

El único precedente que existe es bajo la Segunda República en octubre de 1934, sobre el que ahora se está discutiendo mucho. Estas amenazas constituyen una advertencia a la clase trabajadora sobre las enormes tensiones políticas que subyacen al presente conflicto. En 1934, en el contexto de la toma del poder del fascismo en Alemania, Italia y Austria, el gobierno conservador de España incluyó a ministros fascistas, provocando luchas revolucionarias en la clase trabajadora, especialmente en Asturias, donde los trabajadores intentaron establecer una comuna.

En Cataluña, las autoridades regionales proclamaron entonces un Estado Catalán dentro de la República Federal Española. La iniciativa fracasó debido a la falta de apoyo popular y al hecho de que la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) anarcosindicalista, respaldada por la mayoría de los trabajadores, no apoyó al gobierno catalán.

La represión que siguió llevó a la detención de miles de trabajadores y dirigentes políticos de izquierdas. Se cerraron centros políticos, se suprimieron periódicos y en Cataluña, el presidente regional Lluis Companys fue arrestado y se anuló el Estatuto que le daba a la región cierto grado de autonomía.

Se han referido a los acontecimientos de 1934 ambos Albert Rivera, el dirigente del partido Ciudadanos que se opone a la independencia catalana, y el antiguo Ministro de Exteriores del PP José Manuel García Margallo.

Hoy, la prensa de derechas está denunciando el impulso secesionista catalán en artículos tales como “La República ya suspendió la autonomía de Cataluña” (OkDiario), “El primer ‘Estado catalán’ duró once horas y terminó tras las rejas” (El Confidencial), “6 de octubre de 1934: el golpe que terminó en las alcantarillas” (Libertad Digital), o “La Cataluña del 34: de Companys a Puigdemont” (ABC).

Una vez más, como en los años '30, la crisis del capitalismo ha sido testigo de ofensivas constantes contra la clase trabajadora en la forma de profunda austeridad, ataques a los derechos democráticos y un aumento del militarismo.

El asunto crítico es la movilización independiente de la clase trabajadora en oposición tanto a la élite gobernante de Madrid como a los independentistas burgueses en Cataluña y por la unidad de la clase trabajadora española con sus hermanos y hermanas de clase del resto del mundo. Ni la balcanización de España, ni el crecimiento de un aparato represivo policial centrado en Madrid, ofrecen nada a los trabajadores.

Los independentistas catalanes están reaccionando haciéndose pasar por defensores de los derechos democráticos. Las mismas fuerzas que han reprimido numerosas protestas y huelgas por parte de trabajadores y jóvenes a lo largo de los años contra sus sucesivas políticas de austeridad en la región se están presentando ahora como defensores de la “democracia” contra la “represión”. Puigdemont ha comparado la lucha de su movimiento independentista con Madrid con la Guerra Civil Española de 1936-39 e incluso con la Guerra de Vietnam, diciendo en una entrevista para la televisión, “Cada día es un Vietnam”.

El partido Podemos está profundamente dividido y, por ahora, permanece al margen. Aunque se opone al grado de represión de Rajoy, el partido afirma que este referéndum no es legal pero lo apoya como una “movilización ciudadana”. Como acérrimos defensores del imperialismo español y sus intereses geopolíticos en el mundo, se oponen al independentismo pero, como gran parte de la prensa burguesa europea y estadounidense, proponen hacer concesiones a los nacionalistas catalanes para frenar el impulso secesionista.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que las medidas del PP están poniendo en peligro los intereses de España: “No solo nos gobiernan corruptos, también son inútiles y pirómanos que están llevando nuestra democracia a un estado de excepción”.

Podemos espera que el gobierno minoritario del PP se desgaste contra los secesionistas, abriéndole las puertas a un gobierno de coalición “progresista” entre el PSOE y Podemos que esté mejor capacitado para contener tanto la indignación social como el impulso secesionista catalán.