La revuelta policial en St. Louis

25 septiembre 2017

El asesinato del 2011 de Anthony Lamar Smith a manos de la policía de la ciudad de St. Louis (San Luis), Missouri, Jason Stockley, era un caso tan claro como el agua de asesinato policial.

Smith era un afroamericano de veinticuatro años de edad que se escapa en carro de la policía después de que irrumpieran en lo que ellos presumen que era una transacción de drogas. Stockley, quien es blanco, fue grabado por una cámara en el tablero de su auto diciendo, “Voy a matar a este hijo de puta, ya sabes”. Menos de 45 segundos después, su compañero, Brian Bianchi, atropelló el carro de Smith con la patrulla SUV. El video del incidente muestra que Smith permaneció en su alto sin intentar escapar.

Stockley salió rápidamente del auto y le disparó cinco veces a Smith. La evidencia forense revela que el “tiro fatal” ocurrió a 15 cm de distancia. El oficial luego volvió a su vehículo, rebuscó un maletín y volvió al carro de Smith a plantar una pistola desechable. Las muestras tomadas del arma sólo mostraban el ADN de Stockley.

Además de su arma del departamento policial, Stockley llevaba en el auto su rifle personal AK-47 en violación de los protocolos oficiales.

A pesar de la arrolladora evidencia, les tomó cuatro años a los fiscales para finalmente presentar cargos contra Stockley. Tras ser arrestado por homicidio en primer grado, pasó otro año y medio hasta que el viernes 15 de setiembre, el juez Timothy Wilson del tribunal de circuito de Missouri entregó su veredicto de no culpable.

La absolución de Stockley provocó una semana entera de protestas en su gran mayoría pacíficas en St. Louis y sus suburbios, exigiendo justicia por Smith y que se ponga fin a la violencia policial.

La respuesta violenta e incitadora de la policía antidisturbios, incluyendo su empleo de la táctica de “kettling” o acorralamiento de los protestantes, los arrestos en masa y el espectáculo de tinte fascista de los policías cantando “¿De quién son las calles? ¡Son nuestras!” develan la realidad de las relaciones de clases en Estados Unidos.

La Administración Trump y el Estado capitalista están utilizando la inevitable indignación provocada por el fallo judicial del asesinato policíaco para legitimar la violencia que libran a diario las tropas de choque de la burguesía en los barrios obreros. Fue hace pocas semanas que el mismo Trump se pronunció ante oficiales policiales en Long Island, incitándolos a tratar “con fuerza” a los detenidos.

En los días previos al anuncio del veredicto, hubo un grado de provocación deliberada. Anticipando la exoneración de Stockley, los oficiales de la ciudad y el estado, demócratas y republicanos, prácticamente retaron a los trabajadores y jóvenes a tomar las calles, dejándoles claro que cualquier indocilidad sería respondida con represión.

Una semana antes, el anuncio de que el juez había tomado su decisión atizó las tensiones, con la prensa haciendo predicciones a ciegas de que habría disturbios. La alcaldesa demócrata, Lyda Krewson, movilizó a la policía mucho antes del día de la decisión, mientras que el gobernador republicano, Eric Greitens, puso a la Guardia Nacional en alerta. Fueron colocadas barricadas en frente de los tribunales y el edificio municipal. Las escuelas fueron cerradas. Se les advirtió a los negocios entablar sus fachadas y dejar que sus empleados salieran temprano el día del veredicto.

La policía ha arrestado a 165 personas hasta ahora, a pesar de que las protestas hayan sido relativamente pequeñas. Los derechos constitucionales a congregarse pacíficamente y a la libre expresión fueron anulados cuando la policía comenzó a encapsular sistemáticamente a los protestantes, impidiéndoles una salida, ordenándoles irse y arrestándolos cuando no lograban dispersarse.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Missouri presentó una demanda contra la ciudad de St. Louis por la conducta inconstitucional de la policía, incluyendo el “kettling”, el gas pimienta e interferir con la filmación de las actividades policiales.

Se quiere utilizar St. Louis como un precedente. Bajo Trump, no habrá ningún titubeo en casos de asesinatos policiales, ninguna investigación federal ni decretos de consentimiento.

El veredicto de Stockley vino tres años y un mes después de que otro policía del área de St. Louis asesinara a un joven de dieciocho años, Michael Brown, a pocas cuadras de donde Smith fue matado y en la misma calle —la avenida Florissant—. El asesino de Brown, Darren Wilson, nunca fue imputado. En ese momento, el Departamento de Justicia bajo Obama se negó a presentar cargos civiles contra Wilson.

Después del asesinato de Brown y las subsecuentes protestas en Ferguson, el Partido Demócrata, el Gobierno de Obama y periódicos como el New York Times y el Washington Post derramaron lágrimas de cocodrilo por su muerte y llamaron a “sanar”. Después de que el entonces gobernador demócrata, Jay Nixon, pidiera el despliegue de la Guardia Nacional, un número de columnistas, políticos y otros moralistas presentaron varias sugerencias: cámaras en los policías, mejor entrenamiento, organismos más fuertes de supervisión, la contratación de más oficiales y jefes policiales afroamericanos y de otras minorías, entre otras.

Tres años después, continúa la oleada interminable de atrocidades. Se espera que este año el número total de asesinatos policiales a nivel nacional sobrepase los 1116 del año pasado, con 874 víctimas hasta este viernes. Ser disparados por la policía es un peligro real para millones de trabajadores estadounidenses de todas las razas. Sólo en la última semana, la policía mató a disparos a un estudiante blanco en Atlanta y a un hombre hispano en Oklahoma City.

Incapaces e indispuestos de ofrecer alguna política para atender la desesperante crisis social que afecta a decenas de millones de trabajadores y jóvenes, los representantes políticos de la oligarquía financiera reforzaron el aparato represivo estatal. Ahora, le están dando una luz verde a la policía para que realice sus actividades propias de escuadrones de la muerte con plena impunidad.

Tanto la alcaldesa demócrata de St. Louis como el gobernador republicano de Missouri aplaudieron la “mesura” de las fuerzas policiales de la ciudad, mientras que la prensa corporativa hizo caso omiso al motín policial. Ni el New York Times ni el Washington Post escribieron editoriales sobre la actuación al estilo de tropas de asalto de los policías.

Black Lives Matter y los proponentes pseudoizquierdistas de la política de identidad, incluyendo a los Socialistas Democráticos de América (DSA; por sus siglas en inglés) y Alternativa Socialista, insistieron en que la violencia policial es simplemente un problema de razas y racismo. Estas organizaciones buscan opacar las cuestiones fundamentales de clase y, asimismo, dividir a la clase obrera a lo largo de líneas étnicas, raciales y de género.

El abordaje policial a la protesta de “Sólo blancos” en St. Louis el jueves, la cual era avalada por el DSA y Alternativa Socialista, fue marcadamente diferente al resto, demostrando el apoyo tácito de las autoridades en la ciudad hacia la política de identidad del evento. No hubo arrestos y la policía simplemente miro a una distancia a los manifestantes con carteles de “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan) y “Silencio blanco = violencia blanca”.

El racismo es una parte significativa de la desproporcionalidad de víctimas afroamericanas; sin embargo, las agresiones policiales diarias en EUA impactan a personas de todas las razas y orígenes étnicos. Lo que la enorme mayoría de las víctimas tienen en común es que son pobres y de clase obrera.

La absolución de Stockley contenía manchas de racismo. En su decisión, el juez Wilson escribió que “sería una anomalía que un traficante de heroína urbano no tuviese un arma de fuego”. Sin duda la palabra “urbano” aquí es un eufemismo para “negro”.

Es necesario, sin embargo, abordar la cuestión del racismo, al igual que con todas las otras problemáticas sociales, desde un punto de vista histórico y científico. No es algo incrustado en la “naturaleza humana”. En cambio, está arraigado en la estructura social, material y opresiva del capitalismo, la cual se basa en la explotación económica de la clase obrera. A la burguesía le ha sido útil desde hace mucho para dividir a la clase obrera e impedir el desarrollo de su conciencia de clase.

El instrumento esencial de la burguesía para defender sus intereses y reprimir a la clase obrera es el Estado, el cual, como explicó Lenin citando a Engels, consiste de “cuerpos especiales de hombres armados”, incluyendo la policía, las prisiones, etc. Es el Estado, no de una raza o color, sino de una clase, la clase capitalista.

En su discurso de tendencia fascista ante la ONU el martes, Trump vio la necesidad de mencionar y atacar el socialismo, como si de la nada. Esto refleja el miedo dentro de la élite gobernante hacia la expansión de los puntos de vista anticapitalistas y socialistas en la clase obrera. Este miedo es justificado.

La oposición de masas a la guerra, la desigualdad social y la represión crece. La tarea crítica es el desarrollo de una dirección política nueva para unir a la clase obrera de todas las razas, religiones y nacionalidades dentro de una lucha común y políticamente consciente para poner fin a todas las formas de opresión y el sistema que les da origen —el capitalismo—.

Niles Niemuth