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Aumentan la pobreza y la desigualdad en España según se avecina referéndum de independencia

El empeoramiento de la crisis social en España ha sido prácticamente ignorado durante el período previo al referéndum del 1 de octubre de independencia catalana.

Las cifras oficiales del Gobierno español para el mes de agosto muestran un mayor aumento del desempleo, señalando una desaceleración del crecimiento económico y apuntando hacia un crecimiento de la desigualdad social.

Unas 46 000 personas se unieron a las filas de los desempleados en agosto, terminando seis meses de cifras de desempleo ligeramente en declive. El número de trabajadores que aportan impuestos sobre la nómina a la seguridad social se desplomó en 179 000.

La tasa de desempleo en España es del 17,8 por ciento, la segunda más alta de la Unión Europea (UE) después de Grecia (22,5 por ciento). El número de jóvenes menores de 25 años sin trabajo es del 38,6 por ciento (frente al 44,4 por ciento de Grecia).

El Gobierno del Partido Popular (PP) atribuye el aumento del desempleo a factores estacionales, mayormente el final de la temporada turística.

"[A]gosto es un mes de tránsito en el que se extinguen ciertas actividades marcadas por el calendario estival, mientras aún no se ha reanudado la actividad en sectores que tradicionalmente sufren un parón de verano (construcción, industria)", afirmó Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social.

Sin embargo, el aumento del paro fue el más alto desde el mes de agosto del 2008, en lo peor de la crisis económica mundial.

Además, las cifras oficiales de desempleo son un pobre reflejo de la situación real que enfrentan los trabajadores, particularmente a medida que un número cada vez mayor, especialmente los desempleados de larga duración, abandonan el mercado laboral, dejando de buscar trabajo activamente.

Una cuarta parte de los desempleados no ha tenido un empleo durante al menos cuatro años.

Por encima de esto, están las personas que han emigrado al extranjero en busca de trabajo, que omiten las estadísticas oficiales. De las cifras del registro consulados, casi 2,5 millones de trabajadores y jóvenes están registrados como residentes fuera de España. Hay cientos de miles más que no se registran.

Al mismo tiempo, se está intensificando una redistribución masiva de la riqueza e ingresos hacia algunos de los mayores bancos y fortunas privadas de Europa como consecuencia directa de la contrarrevolución social perseguida por los principales partidos de la burguesía española, el PP y el Partido Socialista (PSOE) desde el colapso financiero del 2008.

Un informe basado en la recopilación de registros fiscales muestra que, en apenas cuatro años, entre el 2011 y el 2015, el número de personas ricas —que poseen por lo menos €700 000 en activos— aumentó en nada menos que 44 por ciento, unas 58 000 personas más. Alrededor del 0,4 por ciento de la población posee ahora la mitad de la riqueza en España. Se han beneficiado del rescate bancario de €57 000 millones de euros, de los que sólo se han recuperado cuatro mil millones.

El resultado de este prolongado ataque contra los salarios, las condiciones laborales y los beneficios sociales es que la mitad de los hogares en España tiene ingresos inferiores o en riesgo de caer por debajo del nivel oficial de la pobreza (€8010 para un soltero individual y €16 823 para dos adultos y dos niños) o de exclusión social. El número de trabajadores y jóvenes con ingresos inferiores a €6.000 euros al año ha aumentado en 1,4 millones en los últimos cinco años, a un total de 5,4 millones.

Entre el 2012 y 2015, los frecuentes recortes y los cada vez más estrictos requisitos para recibir asignaciones por desempleo y asistencia social han resultado en una caída de no menos del 41 por ciento en dichos gastos y un recorte del 31 por ciento en el número de trabajadores desempleados beneficiarios.

Cada vez más hogares están sin ninguna fuente de ingreso aparte de las pensiones de los abuelos. Estas familias dependen de sus parientes mayores para costear comidas, el cuidado de los niños y otros gastos.

El alza del desempleo en España está intersectando otras políticas de la burguesía que han profundizado la miseria y desigualdad en el país.

Una de estas políticas es el uso de contratos temporales para mantener un gran grupo de trabajadores en un estado precario de existencia como instrumentos desechables de los empresarios. Por ejemplo, más del 92 por ciento de los contratos firmados en agosto eran temporales. Para una amplia capa de la clase trabajadora, especialmente los jóvenes, un contrato de trabajo permanente se ha convertido en una rareza, casi como ganarse la lotería.

España tiene la tercera tasa más alta de empleo temporal de todos los países de la OCDE, conformando un 26,1 por ciento de la fuerza laboral, tan sólo detrás de Polonia y Colombia. Para los que están atrapados en el mundo del trabajo temporal, un contrato no proporciona seguridad, ya que los términos de referencia han reducido sus plazos a pocos meses, incluso semanas o días. Una consecuencia de esta mayor precariedad laboral es el aumento del 8,4 por ciento a un total de 300 muertes por accidentes en el trabajo durante el primer semestre de este año, en comparación con dicho periodo del 2016.

El efecto en los niños ha sido devastador. La UNICEF reportó recientemente que España tiene el tercer nivel más alto de pobreza infantil en toda Europa, detrás de Rumanía y Grecia. Alrededor del 40 por ciento de los niños vivían por debajo de la línea oficial de la pobreza en 2014, nueve puntos porcentuales más que en el 2008.

La fuente de este calamitoso derrumbe de la posición social de la clase obrera es la ruptura del orden económico y político de la posguerra, que también ha dado lugar al crecimiento del nacionalismo y del separatismo. En España, el sistema bipartidista se ha derrumbado y se han fortalecido las demandas de independencia regional, sobre todo en Cataluña.

El tema crítico en estos desarrollos es la movilización independiente de la clase obrera en oposición a las élites gobernantes de España, Cataluña y Europa.

El crecimiento del separatismo, expresado en el referéndum de la independencia catalana del 1 de octubre, es un desarrollo retrógrado que atraviesa la lucha crítica para unir a la clase obrera en oposición a la contrarrevolución social llevada a cabo por España y Cataluña bajo los auspicios de la UE.

La lucha por la independencia catalana está ligada a un intento de las capas burguesas y de la clase media alta en las regiones más prósperas de España para explotar su posición económica ya privilegiada. Una de sus principales quejas es que no quieren que los impuestos recaudados allí subvencionen a las regiones más pobres de España.

El papel de las organizaciones de pseudoizquierda como la CUP es desviar el descontento social, especialmente entre los jóvenes, hacia vías nacionalistas, dividiendo así a la clase obrera española contra sí misma y en apoyo a una u otra facción rival de la burguesía.

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