Las propuestas de reducción de impuestos anunciadas por el presidente Donald Trump esta semana constituyen otra masiva transferencia de riqueza de la población trabajadora a la parasítica élite gobernante.

Trump reveló el miércoles 27 de septiembre el plan elaborado en conversaciones secretas entre los republicanos del Congreso y los expertos en economía de la administración, Steven Mnuchin y Gary Cohn. La reforma tributaria significaría una ganancia sin precedentes para los ultra-ricos, además de que prácticamente todas las ganancias de los ingresos derivados del período a partir de la supuesta recuperación del colapso financiero de 2008 han pasado a manos del 1 por ciento superior de la población.

Se estima que todos los ahorros de impuestos procedentes de bienes raíces, que suman cientos de miles de dólares, beneficiaría a los contribuyentes más ricos. El tercio inferior no obtendrá nada, porque sus niveles de ingresos están por debajo de la cifra mínima para calificar a una reducción de impuesto a la renta. Las capas amplias constituida por los trabajadores mejor pagados y de clase media no se beneficiarán en casi nada, después de que la deducción para los impuestos estatales y locales se elimine del impuesto federal sobre la renta. No existe una propuesta de aumento del crédito fiscal por ingreso derivado del trabajo, el cual ayudaría a los pobres; o cualquier reducción de los impuestos sobre los ingresos, golpeando desproporcionadamente a la clase trabajadora, en general, y a los trabajadores más pobres, en particular.

Aún más importantes son las propuestas para eliminar el impuesto mínimo alternativo (cifras en inglés, AMT), reducir la tasa de impuesto corporativo de 35 por ciento a 20 por ciento, reducir la tasa impositiva de los llamados “negocios en tránsito” hasta el 25 por ciento y eliminar el impuesto al patrimonio.

El impuesto mínimo alternativo, que se aplica abrumadoramente a los que tienen ingresos anuales superiores a US$ 200.000, se remonta a 1970 y fue concebido para evitar que los ricos evadan impuestos mediante el uso de deducciones detalladas y otras artimañas contables. Se informa que Trump mismo pagó US$ 31 millones adicionales en impuestos en 2005 debido al impuesto mínimo alternativo.

La reducción de los impuestos para las empresas “en tránsito” ha sido promovida por sectores dominantes de la clase dirigente que, con un estilo demagógico típico, se presenta como un medio de ayudar a los pequeños empresarios y a empresas familiares. De hecho, las pequeñas empresas ya pagan menos del 25 por ciento y esta ganancia inesperada se aplicaría casi por completo a los fondos de inversión de alto riesgo (hedge funds), empresas de capital privado, gigantescas firmas de abogados y otras asociaciones, y sociedades de responsabilidad limitada (LLCs). Estas últimas se han vuelto más y más comunes en los últimos años, utilizadas por multimillonarios para fines tales como ocultar la propiedad de residencias de lujo.

Entre las diversas propuestas, la eliminación del impuesto sobre bienes raíces tiene el mayor significado ideológico. Aquí también se ha presentado el argumento de que los impuestos sobre la herencia significan la ruina de las familias de agricultores y de otros trabajadores estadounidenses. Nada está más lejos de la verdad. El impuesto inmobiliario se aplica actualmente sólo a las herencias de más de US$ 5,49 millones, lo que es superior a un umbral de un millón de dólares hace 15 años. Actualmente afecta sólo al 0,2 por ciento de las personas que dejan legados anualmente.

El actual impuesto inmobiliario en los EE.UU. se remonta a casi un siglo exactamente. Fue introducido como parte de la legislación de 1916 que promulgó el impuesto sobre la renta federal. Frente al eterno argumento de que constituye una “doble imposición” al incluir los ahorros en los ingresos, el impuesto sobre el patrimonio se consideró necesario para evitar la concentración cada vez mayor de la riqueza. La burguesía norteamericana, desde la era progresiva de principios del siglo XX a través del New Deal y el boom posterior a la Segunda Guerra Mundial, veía este impuesto, incluyendo sus efectos redistributivos, como un seguro contra la revolución social. La tasa impositiva sobre la herencia aumentó a 77 por ciento en las propiedades más grandes.

Esto comenzó a cambiar en las décadas de 1970 y 1980, como parte de la contrarrevolución social que ha seguido intensificándose en las últimas décadas. En 1981, con Ronald Reagan de presidente, la tasa máxima del impuesto sobre bienes se redujo de 70 por ciento a 50 por ciento. Fue completamente eliminado en 2001 bajo el gobierno de George Bush, pero no de una manera permanente. En ausencia de nueva legislación, regresó en 2011.

La exigencia de la eliminación de todos los impuestos sobre la riqueza heredada equivale a una versión moderna del privilegio aristocrático. Las parásitas camarillas gobernantes que se encuentran en la cima de la economía de EE.UU. exigen aún más la implementación de un sistema de “realeza estadounidense”, en oposición a cualquier reclamo de que los hijos de los multimillonarios deberían “abrirse su propio camino”. Después de varias décadas, donde se ha duplicado su participación en la riqueza nacional, ahora insisten en medidas que harán que incluso los niveles actuales de desigualdad parezcan extraños en comparación.

Algunos observadores han señalado la gran legislación sobre reducción de impuestos promulgada en los primeros años de las administraciones de Reagan y George W. Bush, respectivamente, en 1981 y 2001. Ahora, menos de 20 años después, Trump busca dejar su huella, aún mayor, en la competencia de recortes impositivos.

Sin embargo, la crisis económica de 2017 es mucho más profunda que las de las últimas décadas. Cuando Bush promovió sus recortes de impuestos, por ejemplo, el Tesoro de Estados Unidos pronosticó un superávit de US$ 5,6 billones en la próxima década.

Aunque esta predicción no se hubiera cumplido de hecho, incluso si los recortes de impuestos no se hubieran promulgado, la situación actual es muy diferente. La previsión es un déficit acumulado de 10,1 billones de dólares en los próximos diez años, con el déficit anual alcanzando el nivel estratosférico de US$ 1 billón en 2022 y luego subiendo aún más con el tiempo.

El patrón histórico de las dos últimas generaciones se repite hoy en día, aunque la política capitalista se ha movido muy rápidamente hacia la derecha. Los republicanos, que utilizan variedades de populismo derechista que se acercan al fascismo, están encabezando la guerra de clases emprendida por los ultra ricos. Esto se resume en la persona del multimillonario Trump, quien declaró, en el estilo de “la Gran Mentira” la semana pasada, que “es tiempo de cuidar a nuestro pueblo, reconstruir nuestra nación y luchar por nuestros grandes trabajadores estadounidenses”.

La demagogia anti-tributaria ha desempeñado un papel viciosamente reaccionario en los últimos 50 años. Para la inmensa mayoría de los trabajadores, los problemas que enfrentan se centran cada vez más en conseguir empleo digno a tiempo completo que permitan formar una familia gozando de los derechos de atención de salud, una vivienda y una educación asequibles. Las campañas anti-fiscales se han utilizado conscientemente para desviar la atención de estas cuestiones.

Los demócratas, cada vez más basándose en Wall Street, difieren sólo en la táctica y el tempo. Están buscando un acuerdo bipartidista para atacar a la clase trabajadora. El líder demócrata del Senado, Charles Schumer, conocido como el senador de Wall Street, está listo para hacer negocios con la Casa Blanca de Trump. En la medida en que los demócratas critican las propuestas fiscales republicanas es, sobre todo, por razones de “irresponsabilidad fiscal”. No son menos hostiles que los republicanos a ninguna medida para redistribuir la riqueza desde abajo para arriba.