Casi dos semanas después de que el huracán María golpeara Puerto Rico, todo tipo de infraestructura social básica en el territorio estadounidense ha colapsado.
Hablando con la prensa prensa ayer, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo que se horrorizó al ver cómo la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, describía la respuesta del Gobierno como una “historia de buenas noticias”. Duke indicó estar “muy satisfecha” con los esfuerzos del Gobierno y aplaudió el “número tan limitado de muertes”.
Al contrario, Cruz advirtió que lo que sucede es “algo cercano a genocidio” en Puerto Rico por la fallida respuesta del Gobierno. Le “suplicó” a Trump resolver los estropeados esfuerzos de asistencia, añadiendo “Estamos muriendo aquí”.
El hecho de que tal situación pueda existir en un territorio del país más rico del mundo es una crítica irrefutable del capitalismo estadounidense, el cual se ha visto una y otra vez incapaz de atender las necesidades sociales más elementales de la población.
La aristocracia financiera ha respondido con total indiferencia a las necesidades de millones de personas empobrecidas que luchan desesperadamente por sus vidas en la isla. Su principal interés en Puerto Rico no es salvar vidas, sino impulsar los recortes fiscales en Washington. La medida en que Puerto Rico es parte de su radar político se limita al propósito de aprovechar el desastre para asegurar los pagos de la deuda a los acreedores en Wall Street de la isla y avanzar su régimen de austeridad tanto ahí como en EUA continental.
El presidente Trump describió esta respuesta como “asombrosa” el jueves, añadiendo el viernes, “Los resultados que hemos tenido con respecto a la pérdida de vidas han sido increíbles. La gente no puede creer lo exitosos que hemos sido, hablando relativamente”.
El contraste entre estas indiferentes declaraciones y la terrible realidad en el terreno expone el carácter oligárquico de la vida social estadounidense. Ajenos de y despreocupados por las necesidades de las masas de la población, la élite gobernante evidencia su completo desdeño hacia las vidas humanas.
Los detalles de la zona de desastre están comenzando a verse con mayor claridad. El cien por ciento de la red eléctrica quedó inoperable y no será arreglada hasta dentro de seis meses. El noventa de los hogares fueron dañados. Cuarenta por ciento de la población de 3,5 millones no tiene agua potable.
La mayor parte de la isla está sin servicio de telefonía móvil. Los hospitales se están quedando sin medicinas, diésel para generadores y agua limpia. Las reservas de comida escasean. Las bombas de agua para inodoros y duchas están fallando. El ochenta por ciento de los cultivos fueron destruidos.
El sistema de aguas residuales colapsó y las inundaciones han esparcido residuos humanos y químicos alrededor de la isla. Los casos de enfermedades transmitidos por el agua están aumentando, mientras que las poblaciones de mosquitos se están disparando. Ni oficiales ni familiares han podido hacer contacto con varios pueblos empobrecidos en zonas más aisladas. Los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito no funcionan, haciendo prácticamente imposible comprar comida al no tener efectivo.
Las operaciones de auxilio han sido una grotesca demonstración de indiferencia e incompetencia. Un Gobierno capaz de movilizar billones de dólares en equipo y personal alrededor del mundo para librar guerras se ha visto indispuesto e incapaz para enviar ayuda de emergencia a una isla a menos de tres horas de la Ciudad de Nueva York en avión. La burguesía estadounidense es mucho mejor tomando que salvando vidas.
El Gobierno bloqueó la entrega de toneladas de cargamentos de comida y suministros médicos con base en la Ley Jones, que previene que navíos extranjeros transporten bienes entre puertos estadounidenses. No fue hasta el jueves, una semana y media después de que tocó tierra la tormenta, que la Administración Trump no retiró las restricciones de dicha legislación para Puerto Rico, e incluso así por sólo diez días.
Hasta 10 000 contenedores llenos de comida, combustible, agua y suministros médicos han permanecido por días en los puertos de Puerto Rico. El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia responsable para distribuir la asistencia por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no tenía un plan para despacharlos.
Muchos caminos, sin recibir mantenimiento por años de recortes a los gastos de infraestructura de la isla, son impasables. El viento arrasó con el cableado eléctrico y las torres de telecomunicaciones y destruyó las centrales eléctricas, que tienen en promedio 44 años. Las cisternas no pueden llevar combustible a los generadores porque no tienen suficiente gasolina para llegar a ellos.
Las autoridades de los pueblos rurales se están quejando de que el Gobierno no está recibiendo la ayuda necesaria, incluso donde los caminos están intactos. El alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, le dijo a la estación de radio NPR: “Los caminos están abiertos. Yo pude llegar acá. Entonces, ¿por qué no hemos utilizado esto para [transportar bienes]?”.
Como resultado, la cifra de muertos continúa aumentando. A pesar de que el total oficial permanece entre 15 y 19, el Centro de Periodismo Investigador (CPI) escribió que este número es mucho menor que el verdadero, estimando que los fallecidos ya son cientos, o más. Distintas fuentes le comentaron al CPI que “se están apilando los cuerpos” en las morgues y hospitales alrededor de la isla.
Una y otra vez, las tormentas y los desastres naturales ponen en evidencia el irreconciliable antagonismo entre las necesidades sociales de la población y el afán de dinero parasítico de los ricos. Mientras que las guerras, la vigilancia de la población, la militarización policial y los regalos corporativos disponen de billones de dólares, la burguesía alega que “no hay dinero” para proteger a los pobres y trabajadores de muertes en masa por los vientos y la lluvia.
Siempre aprovechando las oportunidades que se le presentan, Trump desestimó la creciente cifra de muertos y amenazó con suspender el financiamiento de emergencia para exigirle a Puerto Rico que pague una proporción mayor de sus deudas a los acreedores en Wall Street en los procedimientos de bancarrota en marcha.
En un discurso el viernes frente a una sala llena de CEOs corporativos ya degustando las rebajas propuestas a sus impuestos, Trump dijo: “Al final, el Gobierno puertorriqueño tendrá que cooperar con nosotros para determinar cómo es que este enorme esfuerzo de reconstrucción, que será uno de los más grandes, será financiado y organizad. Y qué haremos con la tremenda cantidad de deuda existente en la isla”.
Trump expresa, tan sólo de una forma más explícitamente matona, lo que piensa la aristocracia financiera. A pesar de que los demócratas han indicado cierta oposición al manejo de Trump de los esfuerzos de auxilio con base en que su Gobierno se está moviendo “demasiado lento”, no es sólo el actual mandato presidencial que tiene la culpa, sino el sistema de lucro capitalista.
Pese a la ostensible misión del ejército de ayudar con las operaciones de auxilio, el verdadero propósito es intimidar o aplastar cualquier oposición social alimentada tanto por la tormenta como por la imposición de austeridad por parte de Wall Street en los procedimientos de impago de la isla. Este ha sido el papel central del ejército estadounidense durante los últimos 119 años como una fuerza de ocupación en la isla.
La destrucción de Puerto Rico plantea la necesidad de invertir miles de millones de dólares inmediatamente para salvar las vidas de aquellos en riesgo de muerte y contraer enfermedades, y cientos de miles de millones para proveer recursos como comida, agua, combustible, suministros médicos y para reconstruir y modernizar la infraestructura social. Todos aquellos que hayan perdido sus hogares o trabajos tienen que ser compensados y puestos en pie.
Esto no es posible bajo el capitalismo. Es necesario confiscar toda la riqueza de la aristocracia financiera, nacionalizar las corporaciones y los bancos y ponerlos bajo control público y una gestión democrática, y reorganizar la economía estadounidense y global, no con base en el afán de lucro, sino para satisfacer las necesidades de toda la raza humana.