La agencia de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) anunció el jueves que llevó a cabo una campaña nacional y de gran alcance contra los inmigrantes que viven en las denominadas “ciudades refugio”. La campaña, titulada “Operación Ciudad Segura” involucró los arrestos de 498 individuos durante un período de cuatro días que terminó el miércoles.

Grandes áreas metropolitanas por EE.UU. estuvieron en la mira durante las últimas redadas de ICE, incluyendo el condado de Los Ángeles (167 arrestos), Filadelfia (107), Denver (63), Nueva York (45), Seattle (33), Baltimore (28), Condado de Cook, Illinois (30), San José, California (27), Washington, D.C. (14), así como el estado entero de Massachusetts (50).

Los inmigrantes secuestrados en estas redadas representan una ancha franja de la población mundial: ellos provienen de 42 países.

En su publicación a la prensa, el ICE detalla diez historias sensacionalistas de los crímenes por los cuales algunos de estos inmigrantes han sido acusados. Ellos afirman que 317 de los detenidos tenían convicciones criminales previas, lo que implica que 181 no tenía ningún registro criminal de ningún tipo. El delito más común citado por el ICE fue conducir ebrio, por el cual 86 de los inmigrantes indocumentados han sido detenidos y han confrontado la deportación.

Cualquier otro crimen que hayan cometido son un producto de las enfermas relaciones existentes en el capitalismo y pueden ser en gran parte atribuidas a los impactos de la pobreza y desesperación que los han conducido a abandonar sus países de origen para venir a EE.UU., en dónde confrontan el ostracismo y la denominación por el gobierno y los medios.

La publicación a la prensa de ICE declara que “Operación ‘Ciudad Segura’ se enfocó en ciudades y regiones en dónde no se les da acceso a los funcionarios de deportaciones de ICE de usar cárceles y prisiones para interrogar a sospechosos de infractores de inmigración o jurisdicciones en dónde las órdenes de detención de ICE no son respetadas”.

El término “ciudad refugio” se refiere a todas esas ciudades que, debido a la presión pública proveniente de la considerable población inmigrante, se abstiene de que su fuerza policial local cumpla con las peticiones de deportación de los agentes del ICE.

Estas ciudades son en gran parte supervisadas por políticos demócratas, quienes han ofrecido una tibia respuesta a los asaltos a los inmigrantes llevado a cabo por la administración Trump. Las abrumadoras redadas del ICE desenmascaran por sí mismas la mentira de que existe la posibilidad de “cualquier” refugio bajo el actual sistema económico y político.

La publicación para la prensa cita al director en funciones del ICE Thomas Homan: “Las jurisdicciones refugio que no respeten las órdenes de detención o no permitan acceder a cárceles y prisiones están protegiendo a criminales extranjeros de las fuerzas del orden de inmigraciones y crean un magneto para la inmigración ilegal. Como resultado, el ICE está obligado a dedicar más recursos para conducir arrestos a gran escala en estas comunidades”.

Él continuó: “el objetivo del ICE es construir relaciones cooperativas, respetosas con nuestros compañeros de las fuerzas del orden para ayudar a prevenir a que criminales peligrosos sean liberados de vuelta a la calle. Las políticas no cooperativas socavan duramente ese esfuerzo a expensas de la seguridad pública”.

La campaña contra las “ciudades refugio” tiene como intención cultivar sentimientos autoritarios dentro de la ultraderechista bases de apoyo de Trump, así como envalentonar a los agentes fascistoides y operarios dentro del propio ICE.

Durante su campaña presidencial –que fue lanzada con una diatriba maliciosamente xenofóbica contra los inmigrantes mexicanos– Trump denunció de manera repetida las ciudades “refugios” y luego de su elección firmó una orden ejecutiva que prohibía financiamiento a tales ciudades. A fines de abril, el juez de la Corte del Distrito de California William H. Orrick bloqueó la orden ejecutiva, argumentando que Trump traspasó su autoridad presidencial.

Las últimas redadas de ICE coinciden con la emisión de Trump de una nueva prohibición de viaje indefinida para los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, la cual fue firmada por Trump el 24 de setiembre. La nueva prohibición está siendo implementada después del tiempo de vida de 90 días de la primera prohibición de viaje inicial que fue sancionada por la Corte Suprema.

Trump, escalando aún más la mano dura contra los inmigrantes, anunció el viernes en una carta al Secretario de Estado Rex Tillerson que el número de refugiados que serán permitidos en EE.UU. el próximo año tendrá un tope de 45.000, el número más bajo desde 1980. También salió a la luz esta semana que el Departamento de Seguridad Nacional está expandiendo una gran operación para recolectar y analizar las cuentas de redes sociales de todos aquellos que buscan inmigrar a EE.UU. y aplicar a la ciudadanía.

El jueves, Politico publicó un reporte que compila la data del Departamento de Estado en el impacto acumulativo de las dos previas prohibiciones de viaje implementadas por medio de órdenes ejecutivas firmadas por Trump este año, nombradas como la “prohibición de viajes musulmanda” por poner en la mira a países con mayoría musulmana. Politico encontró que el promedio mensual de visas de visitantes otorgados a los países afectados por las prohibiciones cayó por 44 por ciento en comparación a la data anual para el 2016. Estas visas son emitidas en primer lugar a viajeros de negocios, turistas y estudiantes.

Ante todo, el reporte de Politico encontró que “visas de no inmigración a personas de todas las naciones árabes cayeron 16 por ciento y el número emitido a personas de los casi 50 países de mayoría musulmana cayó 8 por ciento, incluso a medida que el número emitido a personas de todas las naciones no tuvo prácticamente ningún cambio”.

En respuesta a la última prohibición de viaje, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) ha emitido una enmienda a su existente demanda judicial que desafía la previa prohibición de viaje de la administración Trump. En una declaración, el director ejecutivo del ACLU Anthony Romero declaró: “la nueva prohibición de viaje del presidente Trump es aún una prohibición musulmana en esencia y ciertamente aplica discriminación basada en el origen nacional, lo cual es ilegal”.