En un ominoso discurso el martes por la noche calificando a Cataluña como toda una región forajida de España, el rey Felipe VI denunció el referéndum independentista catalán del domingo y exigió que el Estado español tome control de la región.

Tal intervención abierta del rey en los asuntos públicos del país no tiene un precedente desde el intento de golpe militar del 23 de febrero de 1981, poco después de la Transición de España a una democracia parlamentaria en 1978. En medio de una campaña mediática viciosa que demoniza a Cataluña después de que la represión policial no pudiera detener el plebiscito, el discurso del rey constituye una señal de planes siendo preparados activamente para una intervención militar-policial aún más amplia contra Cataluña.

Atacando a las autoridades catalanas por “poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España”, Felipe VI dijo que “han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. ... Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia”.

Frente a esta situación, continuó, “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”.

La intervención del rey para demandar una nueva embestida contra Cataluña se basa en un tejido de mentiras. De hecho, no es la población de Cataluña, sino la élite gobernante española que pisoteó los derechos democráticos, enviando a 16 000 guardias civiles que brutalizaron a los bomberos, a la policía catalana e incluso a señoras mayores que trataban votar, en un intento fallido para detener el referéndum aterrorizando físicamente a la población.

Varios vídeos que muestran su descarada represión contra votantes pacíficos se han divulgado en línea e impactado a millones de personas en todo el mundo. Al poner la realidad en su cabeza, Felipe VI culpa de violencia a las víctimas de dicha represión a fin de defender un nuevo ataque contra los derechos democráticos.

En cuanto al derecho y la democracia, la monarquía española no está en condiciones de dar lecciones al respecto. Es una cuestión del registro histórico que la monarquía le debe su poder a un golpe de Estado fascista en 1936 dirigido por Francisco Franco, quien ahogó en sangre a la Segunda República, en una Guerra Civil en la que su principal enemigo fue la clase obrera. Después de establecer una dictadura fascista en 1939 por toda España, Franco reinstaló formalmente la monarquía en 1947 y escogió a Juan Carlos I, padre de Felipe VI, como su sucesor.

Juan Carlos I supervisó la transición a la democracia parlamentaria en 1978 y condenó públicamente a los lealistas fascistas que fracasaron en un intento de golpe en 1981. El discurso de su hijo, sin embargo, se dio contra el trasfondo de un régimen post-Transición y una Unión Europea (UE) desacreditados por décadas de austeridad y guerra, y en particular por un desempleo masivo que ha devastado a España desde la crisis de Wall Street del 2008. El régimen español se tambalea al borde de la dictadura y una guerra civil.

Felipe VI prácticamente declaró que los millones que votaron en el plebiscito independentista se han situado fuera de la protección del Estado español.

Reafirmando “la unidad y la permanencia de España”, señaló: “Sé muy bien que en Cataluña hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos”. Sin embargo, no dijo nada sobre los partidarios de las autoridades regionales catalanas.

La prensa española reaccionó prontamente a los comentarios de Felipe VI con una campaña coordinada exigiéndole al Gobierno del primer ministro Mariano Rajoy que invoque el artículo 155 de la Constitución española. Esta disposición permitiría a Madrid enviar fuerzas a Cataluña para suspender su Gobierno autonómico y apoderarse de toda su gestión y finanzas, alistando el camino hacia una ocupación de la región por parte de la policía militar.

En un artículo titulado “Si no se atreve con el 155, que se vaya”, El Español le pidió a Rajoy invocar la medida o dejar su cargo. Escribió que “sólo Albert Rivera”, el líder del partido de derechas Ciudadanos, “está por la labor de coger el toro por los cuernos y solicita aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana y convocar elecciones... Si Rajoy no está preparado para asumir este reto, lo mejor que puede hacer es marcharse y ceder el testigo”.

Del mismo modo, en su editorial del miércoles, El Mundo escribe: “Quien no puede fallar, por su posición y su juramento de proteger los derechos violados en Cataluña, es Rajoy. Ayer le pedimos que aplicara el artículo 155 para acabar con la impune rebelión de Puigdemont y sus socios. Esa urgencia se vuelve hoy más imperiosa. El mensaje del Rey le emplaza a ello”.

Por su parte, El País, principal diario cercano al Partido Socialista (PSOE), lleva una columna del profesor Javier García Fernández endosando el artículo 155. Fernández criticó a quienes permiten que el artículo sea “demonizado cuando es un instrumento legítimo para hacer frente a crisis territoriales”.

El principal peligro actual es que la clase obrera en España e internacionalmente no está siendo advertida acerca de la represión que prepara Madrid. Existe una amplia oposición en la clase obrera de España y en toda Europa —profundamente arraigada en la experiencia del fascismo y de las guerras mundiales del siglo XX— a la imposición de formas de gobierno propias de un Estado policial. Esta oposición sólo puede movilizarse con base en una perspectiva políticamente independiente, revolucionaria y socialista contra toda la élite gobernante.

La reacción de los principales partidos políticos españoles puso de manifiesto que no saldrá ninguna oposición efectiva a una mayor represión en Cataluña desde los grupos de poder establecidos en Madrid.

Tanto el PP de Rajoy como Ciudadanos de Rivera y el PSOE elogiaron el discurso del rey, señalando que apoyarían una nueva ofensiva. Rivera elogió al rey por ofrecer precisamente la “esperanza y liderazgo” que España necesita, mientras que el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aplaudió a Felipe VI por garantizar “la concordia, la convivencia, la legalidad y por supuesto de la continuidad histórica de España”.

A través de su secretario de Política Institucional y Administraciones Públicas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el PSOE celebró las declaraciones del rey como una apelación a “la concordia y el entendimiento”. Otros funcionarios del PSOE le comentaron a El Diario que mientras los comentarios de Celis expresan la línea oficial del PSOE, estaba claro que el rey estaba pidiendo que se pusiera fin al diálogo con los funcionarios regionales catalanes, algo que el PSOE está dispuesto a defender. Si se apoya al rey, “¿Qué diálogo cabe con quien plantea un todo o nada?”, señalaron.

Podemos, que le ha ofrecido una cobertura política al PSOE, apelando a sumarse a un diálogo con los nacionalistas catalanes, emitió quejas impotentes y complacientes en respuesta a la amenaza del rey de un nuevo ataque policial contra Cataluña. El número dos del partido, Íñigo Errejón, tuiteó: “El rey desaprovecha la oportunidad de ser parte de la solución. Ni una llamada al diálogo, ni una propuesta. Me deja preocupado”.

La política del independentismo catalán, una forma de nacionalismo burgués, no les ofrece ningún camino a los trabajadores para defender sus derechos sociales y democráticos. Esto sólo es posible a partir de una lucha por unificar a la clase obrera mundial en torno a una perspectiva socialista.

Sin embargo, tal lucha debe oponerse inquebrantablemente a la represión militar-policial que está llevando a cabo el Estado español y que sancionan la Unión Europea y las potencias imperialistas.