Mientras destacamentos del ejército y de la policía española seguían desplegándose ayer en Cataluña después de fracasar en un intento brutal de parar el referéndum sobre la independencia catalana el primero de octubre, Madrid señaló ayer que está preparando una represión militar en Cataluña.

Actuando sobre una queja presentada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) —el ala catalana del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que apoya a Rajoy— el Tribunal Constitucional español suspendió ayer el funcionamiento del parlamento catalán. Describiendo la queja del PSC como “relevante y general repercusión social y económica”, el Tribunal falló que cualquier acto decidido por el parlamento catalán de ahora en adelante sería “radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno”.

El domingo, el mundo quedó impactado y estupefacto por los vídeos que inundaban Internet de 16.000 policías atacando centros de votación y a votantes pacíficos, incluyendo a mujeres y personas de edad, en toda Cataluña. Furioso porque su represión inicial fracasó, Madrid está preparando ahora un ataque todavía más sangriento, utilizando el ejército. Mientras la prensa española debate imponer el estado de emergencia, como en la vecina Francia, queda claro que esto está vinculado a los avanzados planes para un gobierno militar y la abolición de derechos democráticos en Europa.

El gobierno en minoría del Partido Popular (PP) de Rajoy se apoya en el respaldo de las principales potencias imperialistas europeas. Después de que fuentes oficiales alemanas, británicas y francesas señalaran su respaldo a Madrid tras la represión del domingo, la Unión Europea (UE) una vez más apoyó la represión española el miércoles.

Abriendo el debate sobre la crisis catalana en el Parlamento Europeo, Frans Timmermans, el primer vicepresidente de la Comisión Europea, apoyó sin ambigüedades el uso de la fuerza por parte de Madrid contra la población de Cataluña. “El gobierno regional de Cataluña ha decidido ignorar la ley al organizar el referéndum el pasado domingo”, declaró Timmermans, y añadió: “hacer respetar la ley es el deber de cualquier gobierno, y esto a veces requiere el uso proporcionado de la fuerza”.

Ayer, la ministra de Defensa española María Dolores de Cospedal dejó claro que Madrid considera que una intervención del ejército es una respuesta legítima en Cataluña. En una reunión en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, insistió en que el ejército español tiene la misión de “defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Después de que el Rey Felipe VI declarara en un discurso belicoso el martes que los nacionalistas catalanes se habían situado por fuera de la ley y de la democracia, Cospedal añadió, “todo lo que se sitúa fuera de la democracia es una amenaza a nuestra nación”.

Unidades del ejército español ya están suministrando apoyo logístico a la policía desplegada en Cataluña. Y después de que el presidente regional catalán Carles Puigemont indicara tras la represión del domingo que podría declarar la independencia el lunes, una medida que Madrid lleva meses diciendo que es ilegal, maniobras políticas por parte de Madrid para tomar el control del gobierno catalán están ya están en marcha.

Se están preparando pasos también por parte del Poder Judicial español para procesar a jueces catalanes y a los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana, por no reprimir a los votantes y por simpatizar con los independentistas. El jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, tiene que comparecer hoy en un tribunal bajo el cargo inusitado de sedición, enfrentándose a una sentencia de 15 años de prisión.

Los tribunales también están eliminando trabas legales a las decisiones de los bancos y las empresas de mudar sus sedes fiscales hacia afuera de Cataluña, en medio de noticias acerca de que CaixaBank podría mudarse pronto a Palma.

El jueves, Rajoy también rechazó propuestas de mediación del Secretario General de Podemos Pablo Iglesias y Puigdemont, apoyado por las burocracias del sindicato estalinista Comisiones Obreras (CCOO) y de la social-demócrata Unión General del Trabajo (UGT). Cuando Iglesias llamó por teléfono a Rajoy para discutir el plan, Rajoy le agradeció a Iglesias pero declaró que no tenía intención de negociar con nadie que “esté chantajeando al Estado con tanta brutalidad”.

Esto fue un repudio directo a los comentarios del dirigente de Podemos de la tarde anterior. Iglesias había declarado a los periodistas, “Que se pongan en una mesa para discutir un grupo de personas de confianza como equipo de diálogo. Esto se lo he transmitido al presidente de Cataluňa y presidente de Gobierno. He hablado con Puigdemont y Rajoy y no me han dicho que no”. Iglesias añadió que su conversación con Rajoy había sido “cordial”, y que Rajoy “se ha dado por enterado” de la propuesta.

Mientras el líder de Podemos mantenía conversaciones “cordiales” con el derechista presidente del Gobierno español, fuerzas de extrema derecha están organizando protestas anti-catalanas en diferentes partes de España y cantando himnos del régimen fascista de 1939-1978 del Generalísimo Francisco Franco.

Plenamente consciente de que más represión podría provocar una resistencia social explosiva entre los trabajadores de todo el país, la prensa española está agitando para ir hacia una dictadura de Estado policial. Están discutiendo la aplicación no solamente del Artículo 155 de la Constitución española, la llamada “opción nuclear” que suspende la autonomía catalana, sino también el Artículo 116. Esto suspende los derechos democráticos básicos —incluyendo la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la huelga, y las elecciones— y permite la censura de la prensa.

Después de un cuarto de siglo de guerra imperialista y austeridad de la UE desde que la burocracia estalinista disolviera la Unión Soviética, la democracia europea está en su punto de ruptura. Una década de profunda austeridad desde el crack de Wall Street de 2008, que llevó el desempleo español al 20 por ciento, ha destrozado la economía española y ha desprestigiado a su élite gobernante. En medio de una crisis profunda del régimen post-franquista en España, y mientras la clase gobernante ataca salvajemente los derechos democráticos en diferentes países de Europa, la burguesía española está usando la crisis catalana para volver a un régimen autoritario.

Hay que oponerse a los planes de Madrid para un derramamiento de sangre en Cataluña. La cuestión crítica es la movilización políticamente independiente, revolucionaria, de la clase trabajadora, no solo en Cataluña sino en toda España y en toda Europa, en una lucha contra la amenaza de guerra civil y de dictadura de Estado policial y por el socialismo.

Para ello es necesario romper conscientemente con Podemos y con los nacionalistas catalanes, que han trabajado durante el período precedente para confundir y desarmar a la oposición de la clase trabajadora, a pesar del descontento social explosivo. Mientras las masas de la juventud y de los trabajadores participaron en la huelga de protesta de un día del martes en Cataluña, CCOO y UGT, cercanas a Podemos y al PSOE respectivamente, tuvieron cuidado de no movilizar en absoluto a los trabajadores españoles de fuera de Cataluña.

La crisis catalana ha expuesto en particular la bancarrota de Podemos. Alentó sin parar ilusiones en el PSOE, que rápidamente está pasando a respaldar la represión en Cataluña desde el discurso del rey, exigiendo al PSOE que forme un gobierno conjunto para desbancar a Rajoy. Ante la capitulación del PSOE a Rajoy, Podemos está ahora estimulando ilusiones en el propio PP —aunque se avecine una sangrienta represión militar, y aunque Rajoy indique que no tiene intenciones de negociar con Barcelona.

En cuanto a los nacionalistas catalanes, que han dirigido una serie de gobiernos austeros en Cataluña que aplastó varias huelgas de trabajadores del transporte y del aeropuerto, sus planes reaccionarios de entablar vínculos con la UE y negociar con Madrid la formación de un Estado capitalista catalán están en ruinas.

Ante la posibilidad de represión militar, se informa que el pánico está cundiendo entre los simpatizantes de Puigdemont. Entre los nacionalistas catalanes de Barcelona, el diario de esa ciudad La Vanguardia escribía, “Una fuerte sensación de vértigo recorre toda la sociedad, perforando los entusiasmos militantes, las visiones revolucionarias, las indignaciones mayúsculas, los ardores patrióticos…”. Añadió que “la severidad y la contundencia” del discurso del Rey “han acentuado esa sensación de vértigo: el temor a que la escalada en curso acabe en catástrofe”.

Incapaces de movilizar una más amplia oposición a la represión de Madrid en la clase trabajadora española, y hostiles a ello, la política pro-capitalista de los nacionalistas catalanes solo sirve para dividir a los trabajadores mientras es inminente un ataque sangriento desde Madrid.