El 13 de octubre, la cifra de muertos por los terremotos del 7 y 19 de septiembre que devastaron al sur y la Ciudad de México llegó oficialmente a 471. Ese mismo día, otro terremoto de magnitud 5.5 azotó al estado de mexicano de Oaxaca, cerca del epicentro del gran temblor de 8.1 en septiembre.
Hablando desde el Palacio Nacional el 13 de octubre —el Día Internacional para la Reducción de Desastres— el presidente mexicano Enrique Peña Nieto subrayó que, debido a la pérdida de vidas humanas y daños por los sismos de septiembre, "México es hoy un país mucho más fuerte, con mayor conciencia social y un sentido de comunidad." Llamó a los mexicanos a "reconocer y poner por encima" el daño y sufrimiento por la "unidad de los mexicanos y la solidaridad" y el "amor por México que es la pasión de todos los mexicanos ... y la gran fuerza de México".
Peña Nieto afirmó que "en este momento estamos con toda la entereza, con toda la capacidad, con la fortaleza institucional para encarar este reto y apoyar a la población que resultó damnificada"; que México hoy tiene "una sociedad con mayor conciencia de la protección civil y la prevención [de terremotos]; con mayor capacidad de las instituciones del Estado mexicano en todos sus órdenes ... para trabajar en tareas preventivas".
Del mismo modo, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, agregó que los desastres sísmicos les dieron a los mexicanos la "oportunidad de darnos cuenta del potencial que tenemos cuando trabajamos juntos, la oportunidad de reencontrarnos en la solidaridad que nos distingue".
¡Menuda charlatanería vacía, introducida bajo la apariencia de un interés nacional imaginario sin clases! En realidad, México es una sociedad dividida, horriblemente desigual, en la cual una pequeña capa en la cima señorea sobre la mayoría de la población. Esta es la realidad capitalista que impide poder trabajar conjuntamente en una escala masiva para satisfacer las necesidades humanas críticas.
La verdad es que el corrupto gobierno mexicano, el cual opera como el instrumento del capital internacional y de la oligarquía mexicana, tuvo más que bastantes "oportunidades", especialmente tras el terremoto de 1985 que mató a decenas de miles de personas y desplazó a cientos de miles, para anticipar o tomar medidas serias para reducir el alcance del daño. En esto falló miserablemente. El gobierno tampoco ha tomado esfuerzos serios para ayudar a los que fueron devastados por los terremotos de septiembre.
Fueron los esfuerzos inmediatos de la clase trabajadora mexicana —esos miles de civiles que se ofrecieron como voluntarios para ayudar a los afectados —que durante las primeras semanas brindaron la respuesta crítica en términos de alimentos, agua, suministros, equipos, asistencia médica, asesoramiento psicológico y búsqueda de víctimas en edificios derrumbados.
Peña Nieto tuvo que reconocer los esfuerzos de los voluntarios civiles, pero los utilizó cínicamente para promover su cuento de hadas en el cual supuestamente todos los mexicanos han aprendido a trabajar juntos como consecuencia del terremoto, independientemente de su posición o circunstancia. Elogió al Ejército mexicano, la Armada y la Policía Federal, fuerzas que, como de costumbre, fueron lentas al responder con ayuda de emergencia y enfocaron sus preocupaciones inmediatas en prevenir cualquier amenaza de disturbios civiles.
El viernes, Oxfam México también emitió una declaración de sus hallazgos sobre la respuesta a los terremotos, presentando el estado real de las cosas.
El fracaso gubernamental para prepararse para los terremotos
La emergencia causada por los terremotos de septiembre evidenció el "desconocimiento de las autoridades sobre los mecanismos y las normas de respuesta a una crisis humanitaria, tanto las establecidas por el país como los estándares mínimos internacionales".
La declaración continua: "En las tres entidades mencionadas, se detectaron problemas de coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y las personas afectadas. La respuesta de la sociedad civil sobrepasó la capacidad de las instituciones gubernamentales para canalizar lo donado".
Otra deficiencia importante, según Alejandra d'Hyver, coordinadora de Reducción de Riesgos de Desastres y de Acción Humanitaria para la organización benéfica, fue que "las autoridades no han hecho un censo adecuado de los daños ni de las personas afectadas; y la poca información disponible no está desagregada por sexo o grupo de etario, lo que dificulta la atención de necesidades específicas de niñas y niños, mujeres, adultos mayores y las personas con discapacidad ". d'Hyver señaló que la evaluación del equipo de campo de Oxfam México mostró que la población afectada está compuesta por personas de bajos ingresos, y especialmente mujeres, de las cuales un gran porcentaje trabaja desde su hogar, quienes han visto un aumento en la carga de trabajo en términos de cuidado (en parte debido al cierre de escuelas), pérdida de ingresos y empleos.
Es decir, una vez más, la clase trabajadora y los pobres han sido los más perjudicados por el fracaso del gobierno para preparar y planear adecuadamente para los grandes terremotos.
En cuanto a los refugios de reemplazo, "aunque se organizaron albergues, muchas personas solo acuden a recibir ayuda (agua, alimentos, saneamiento e higiene), pero rechazan quedarse porque las instalaciones no cuentan con condiciones físicas adecuadas o por miedo a que roben las pertenencias que han dejado en sus casas, lo que nota la urgente necesidad de reconstrucción de viviendas".
"Debemos combatir las vulnerabilidades estructurales evidenciadas con los sismos recientes y evitar que se reproduzcan en las etapas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción, para así prevenir pérdida de vidas y del sustento de las personas en futuros sismos", concluyó d'Hyver.
Estos hallazgos ridiculizan las declaraciones de Peña Nieto el 13 de octubre alegando que "lo más importante" para el gobierno en este momento "es asegurar que las familias que perdieron sus hogares muy pronto puedan tener un nuevo espacio donde regresar a vivir".
Vivienda requerida urgentemente
Cerca de 40 edificios en la Ciudad de México se derrumbaron totalmente durante el terremoto de magnitud 7,1 del 19 de septiembre. Pero más de 4,000 fueron tan dañados que las estructuras han sido o serán consideradas inhabitables. Ya que muchos de estos albergaban a cientos de residentes, miles se encuentran sin alojamiento.
Un ejemplo es un edificio que se derrumbó en la delegación Tlaplan en el sur de la Ciudad de México. Este fue objeto de una cobertura televisiva dramática mientras los equipos de rescate sacaban a nueve cuerpos de los escombros de la estructura derrumbada de seis pisos, al igual que a 18 que sobrevivieron. Ese edificio fue uno de los 10 dañados en un complejo con 500 apartamentos y más de 1.500 personas.
Los residentes del complejo dan una idea de las clases trabajadora y “media” baja de la ciudad, incluyendo maestros, pequeños empresarios, jubilados, empleados del sector público y empleados de oficina. Muchos ahora se encuentran sin vivienda, refugio o recursos financieros significativos. En cuanto a los que pudieron comprar apartamentos a través de subsidios de seguridad social, ese fue su único activo significativo.
Muchos de los desplazados por los terremotos vivían de ingresos fijos, como pensiones modestas, y la mayoría no tenía seguro. Muchos han sido obligados a quedarse con parientes, amigos o en refugios públicos. Otros deben recurrir a estructuras temporales para encontrar refugio.
Muchos esperan que los inspectores les digan si sus edificios serán lo suficientemente seguros para regresar. Como le comentó un empleado jubilado del complejo de Tlalpan con una esposa y dos niños a Los Angeles Times hace dos semanas: "Nadie nos dice nada. No sabemos cuándo podemos regresar a nuestros hogares. Podrían pasar meses".
Médicos Sin Fronteras informó la semana pasada, en base a las evaluaciones realizadas por los equipos en el campo, que también hay "altos niveles de ansiedad, miedo e hiperactividad" entre los desplazados.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, advirtió en una conferencia de prensa el 13 de octubre que su administración no tolerará viviendas improvisadas. El jefe de gobierno citó a un grupo de la delegación de Iztapalapa que intentó convencer a los vecinos de instalarse en campamentos de estructuras hechas con palos y láminas. Mancera Espinosa enfatizó que tales "campamentos populares", campamentos que duraron "eternamente" después del terremoto de 1985, serían desmantelados, pero hasta ahora su gobierno no ha tomado medidas serias para proporcionar un refugio alternativo.
Recientemente, su gobierno comenzó un programa para cubrir los pagos de rentas provisionales y otorgar préstamos y subsidios para vivienda a bajo interés. Este Plan de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, adoptado a fines de septiembre, asigna una insignificante suma de $ 2.8 millones para restaurar más de 10,000 edificios afectados por el terremoto.
La gente es debidamente escéptica al completar los formularios de ayuda. El gobierno no dice cuándo proporcionará ayuda, y la cantidad seguramente no será suficiente para reasentarse.
El 13 de octubre, Mancera Espinosa se enfocó principalmente en las nuevas normas de construcción que, según dijo, estarían vigentes dentro de tres semanas y se centrarían en normas para nuevos edificios y un marco regulatorio para reestructurar los edificios que fueron severamente dañados por el terremoto del 19 de septiembre.
Esta es una canción antigua y desacreditada. Después del terremoto de 1985, se adoptaron reglamentos para las nuevas construcciones y el reforzamiento de estructuras existentes que fueron dañadas. Las regulaciones fueron inadecuadas o en gran parte no fueron aplicadas.
Una gran cantidad de edificios que sufrieron daños sustanciales en el terremoto del 19 de septiembre fueron edificios nuevos o recientemente remodelados. Muchos fueron objeto de quejas ciudadanas sobre seguridad, según una investigación e informe del periódico Guardian.
Miles de infracciones inmobiliarias
Desde 2012, los habitantes de la Ciudad de México presentaron cerca de 6000 denuncias acerca de las infracciones de proyectos inmobiliarios. Tan solo en 2016, los residentes presentaron 1271 quejas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre violaciones de las ordenanzas de zonificación o el uso de la tierra. Los residentes y grupos activistas dicen que el gobierno de la ciudad no actuó en la gran mayoría de las quejas, las cuales frecuentemente se presentaron en respuesta a daños visibles después de los sismos, o que no hay un registro público con una respuesta. Cuando la ciudad investigó que reparaciones se requerían, a menudo no se comunicaron. Cuando se revisaron las quejas y fueron transmitidas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad (Seduvi) para que actuaran, generalmente no pasó nada.
Los inmobiliarios eludieron fácilmente las regulaciones debido a la aplicación laxa de la ciudad o la corrupción abierta.
"No he visto una sola sanción", le dijo Josefina MacGregor de la Suma Urbana, un grupo de asociaciones vecinales en la Ciudad de México, a The Guardian. "Dada la presión de los ciudadanos, el gobierno a veces dice que van a sancionar a los desarrolladores [por cometer infracciones]. Pero no es verdad".
Después del terremoto de 1985, muchos residentes abandonaron el centro de la ciudad de México. Pero los incentivos gubernamentales desataron un desarrollo masivo durante la última década. A pesar de las advertencias de los ingenieros civiles de que los altos y nuevos edificios estaban cambiando y secando el suelo, aumentando los riesgos sísmicos, y que los proyectos inmobiliarios masivos estaban debilitando los cimientos de los edificios vecinos, el desarrollo del centro de la ciudad avanzó a un ritmo vertiginoso.
Una reforma después del terremoto de 1985 mandó el puesto de un "Director Responsable de Obra" (DRO) con licencia para supervisar el cumplimiento de los requisitos de prevención de sismos para la construcción de edificios nuevos. Los DRO fueron sobornados rutinariamente. Sin embargo, en 2016, la oficina de Mancera Espinosa suspendió la legislación que permitía a los departamentos de la ciudad sancionar a los DRO.
La ley indica que la cuidad debía realizar una inspección estructural de las escuelas, los hospitales y las viviendas que fueron construidas después del terremoto masivo de 8,1 el 7 de septiembre en Oaxaca, el cual se sintió en la Ciudad de México. Ninguna fue realizada.
A pesar de las bajas masivas y el daño del terremoto de 1985, durante las siguientes tres décadas todo el régimen de desarrollo de la Ciudad de México sirvió los intereses de los inmobiliarios y sus ganancias, no a la seguridad de sus residentes. Los resultados están presentes para que todos los vean. Nada que el presidente mexicano o los funcionarios del gobierno digan sobre la preparación y la solidaridad puede tapar esta desnuda realidad.