El Partido Socialista de España (PSOE) ha ocupado un lugar central en la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por parte de la élite gobernante, allanándole el camino a la suspensión de la autonomía catalana y la imposición de un régimen no electo en Cataluña.

El viernes, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, anunció en una entrevista en televisión nacional un acuerdo con el gobierno del Partido Popular (PP) y Ciudadanos para disolver la Generalitat de Cataluña y celebrar nuevas elecciones regionales en enero. Este paso anula el derecho legal de los Gobiernos regionales a convocar tales elecciones que les fue concedido desde el final de la dictadura fascista del general Francisco Franco.

Las nuevas elecciones son parte de una plétora de medidas represivas y antidemocráticas que están siendo establecidas en virtud del artículo 155 que suspende la autonomía de la región. Además, incluyen la disolución y reorganización del canal de noticias catalán TV3, la Catalunya Ràdio, los Mossos d'Esquadra, y el Ministerio de Educación, acusados de adoctrinar a los escolares en el nacionalismo catalán y la posible prohibición de partidos que promuevan la independencia. El ministro de Economía, Cristóbal Montoro (PP), ya ha estado en control de las finanzas de la Generalitat desde septiembre.

Si las elecciones del PSOE en Cataluña se llevaran a cabo según lo planeado por Madrid, serían llevadas a punta de pistola bajo los auspicios de una administración regional controlada por la policía y las unidades militares españolas que se preparan para actuar contra la Generalitat en los términos del artículo 155.

En la entrevista, Calvo declaró: “Sí, el secretario general [del PSOE] Pedro Sánchez tiene absolutamente claro desde el minuto uno que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones”. Se quejó de que “hay muchas cosas que están ocurriendo en Cataluña que no pueden ocurrir. ... La Generalitat, los medios y las fuerzas de seguridad tienen que ser neutrales”.

“La revolución más grande que hemos hecho en la humanidad ha sido llegar a la democracia”, Calvo continuó, criticando a los que “han querido montar una revolución contra la democracia”.

Calvo encabeza la delegación del PSOE que ha estado colaborando con el primer ministro Rajoy del PP y sus funcionarios para formular las medidas concretas que permitan la imposición de un gobierno directo. Él los detallará después de una reunión de gabinete hoy y los enviará al Senado, controlado por el PP, para sellarlo el 27 de octubre.

En caso de que Rajoy invoque el artículo 155, el presidente regional catalán, Carles Puigdemont, ha advertido que convocará una votación formal sobre la independencia en el Parlament catalán, si el “Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”.

En una entrevista con el diario Ara, el predecesor de Puigdemont, Artur Mas, advirtió que la invocación del artículo 155 sería “letal para Cataluña” y que la realización de nuevas elecciones sin la presencia de diputados independentistas sería “un muy mal final”. El partido Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha sugerido que boicotearía cualquier elección impuesta en la región.

“En algún momento el diálogo y la negociación serán absolutamente imprescindibles”, indicó Mas, y agregó que hay “personas que han intentado abrir esta brecha del diálogo” con un “bloqueo” en Madrid, donde “no se acepta la realidad catalana actual”.

El presidente de la organización patronal catalana, PIMEC, Josep González, también pidió un “diálogo político” para evitar mayores daños a la economía catalana. Criticó amargamente al Gobierno del PP por enmendar la ley que permite a las empresas mudarse más fácilmente fuera de Cataluña, acusándolo por ocasionar el “desplazamiento” de la economía catalana.

A medida que estalló la crisis en Cataluña, el partido pseudoizquierdista Podemos difundió la ilusión de que el PSOE, el cual mantiene al Gobierno minoritario del PP en el poder, podría ser presionado para romper con el PP. No desaprovechó ninguna oportunidad para sugerir que el PSOE tomaría parte en las negociaciones con los secesionistas catalanes y salvaría el capitalismo español.

Ahora está claro que sí tuvieron lugar negociaciones. Pero, como lo ha revelado el diario catalán La Vanguardia, estas fueron entre el PSOE y el PP, durante semanas y en secreto, sobre la mejor manera de ignorar las súplicas de Puigdemont y su facción e imponer el artículo 155.

Estas involucraron a los “fontaneros”, según los llama La Vanguardia — Pedro Arriola, un veterano asesor del PP durante las últimas tres décadas, bajo el ex primer ministro del PP José María Aznar y luego bajo Rajoy, y José Enrique Serrano, exjefe de gabinete de los primeros ministros del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Serrano también estuvo profundamente involucrado en los intentos infructuosos de formar un Gobierno del PSOE, Podemos y Ciudadanos el año pasado.

Según La Vanguardia, las negociaciones se intensificaron después del mensaje televisado del rey Felipe tres días después del referéndum de independencia del primero de octubre. La última reunión tuvo lugar el martes poco antes de que Rajoy y Sánchez se fueran a Bruselas para la cumbre del Consejo Europeo.

Tras una reunión entre Sánchez y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el portavoz del PSOE había dicho: “Hemos encontrado en Juncker el apoyo de las instituciones europeas, que hoy es más fuerte que nunca”.

La disolución del Parlament catalán y la celebración de nuevas elecciones regionales junto con otras medidas represivas está incendiando la situación en Cataluña.

La Mesa por la Democracia, integrada por alrededor de sesenta organizaciones políticas, culturales, empresariales y sindicales catalanas, convocó una gran manifestación el sábado, después de que Rajoy anunciara sus medidas. Reclamando la liberación de los líderes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, presos desde el lunes pasado bajo cargos de sedición presentados por la Audiencia Nacional. La Diputación de Barcelona aprobó el viernes una resolución que pide “la liberación inmediata” de Cuixart y Sànchez y la defensa de “las instituciones de autogobierno de Cataluña”.

El apoyo del PSOE a favor del PP también ha tenido ramificaciones en su partido hermano en Cataluña, el PSC, y la coalición pseudoizquierdista En Comú de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona con BComú. La portavoz adjunta del PSC en el Parlamento catalán, Alícia Romero, ha tratado de calmar la hostilidad hacia el PSC diciendo que “no apoyan” la invocación del artículo 155 y que “no darán un cheque en blanco al PSOE” en el Senado, llamando al diálogo “hasta el último minuto”.

Romero pidió “buscar un mínimo común denominador” que permita formar un nuevo Gobierno para alentar un regreso de las empresas a Cataluña. “Para que las empresas vuelvan, lo que se tiene que dar es estabilidad política y seguridad jurídica. Y eso sólo puede venir con elecciones, porque la legislatura está agotada. Todo lo demás, tanto una DUI [declaración de independencia unilateral] como el [artículo] 155, no retorna la estabilidad”, concluyó.

Colau, quien confía en que el PSC permanecerá en el poder, declaró que si este partido apoya la aplicación del artículo 155, “el peor escenario de todos”, “esto generará tensiones en toda Cataluña, no solo en Barcelona y habrá una reflexión de la organización política”, refiriéndose a BComú. La alcaldesa repitió el desgastado argumento de que “el PSOE debe decidir entre gobernar con el PP o trabajar por un Gobierno del cambio”.