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Varios documentos demuestran la participación de Estados Unidos en las masacres de 1965-66 en Indonesia

Los documentos desclasificados publicados la semana pasada confirman que el gobierno estadounidense estuvo íntimamente involucrado en la campaña de asesinatos en masa llevada a cabo por el ejército indonesio y las organizaciones islámicas durante el golpe de Estado de 1965-66 liderado por el general Suharto.

Washington no solo tenía un conocimiento detallado de las masacres que mataron hasta un millón de trabajadores, campesinos y presuntos partidarios del Partido Comunista de Indonesia (PKI, siglas en indonesio), sino que Estados Unidos intensificó sus operaciones encubiertas para instigar la toma militar, incitó el baño de sangre y urgió a los militares ir más allá y derrocar al presidente Sukarno.

Los diplomáticos de la Embajada de Yakarta llevaban un registro de los líderes del PKI que estaban siendo ejecutados, y regularmente le informaban al secretario de Estado estadounidense que decenas de miles de presuntos simpatizantes del PKI estaban siendo asesinados. Fue un "cambio fantástico", dijo un funcionario estadounidense entusiasmado.

Este material se suma a las otras advertencias acerca de la absoluta crueldad del imperialismo estadounidense. Los gobiernos de EUA y sus agencias diplomáticas, militares y de inteligencia tienen un historial comprobado de derrocar gobiernos y participar en una inmensa violencia y represión con el fin de perseguir sus intereses estratégicos y económicos.

En las palabras de un cable diplomático secreto, Estados Unidos tenía un "gran interés en el resultado" de la sangrienta purga política. A medida que Washington escalaba la guerra de Vietnam, consideraba a Indonesia, el país más poblado y estratégicamente ubicado en el sudeste de Asia, como un eje de su continua dominación en la región, posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos, dirigido por el presidente demócrata Lyndon Johnson, estaba decidido a expulsar a Sukarno, un nacionalista burgués que colaboraba con el PKI (Partido Comunista de Indonesia) como un medio para mantener bajo control el creciente descontento social, económico y político entre la clase obrera y el campesinado.

Suharto, quien derrocó formalmente a Sukarno en marzo de 1966, gobernó Indonesia con el respaldo de Estados Unidos durante los siguientes 32 años antes de ser derrocado en mayo de 1998. Hasta el día de hoy, los militares del país conservan un poder político y económico de gran alcance y los derechos democráticos básicos continúan reprimidos.

Los 39 documentos fueron publicados el 17 de octubre por el Archivo de Seguridad Nacional en la Universidad George Washington, luego de ser procesados por el Centro Nacional de Desclasificación (NDC, siglas en inglés). Proporcionan apenas una muestra del involucramiento de Washington en uno de los mayores crímenes imperialistas del siglo XX.

De las 30 000 páginas procesadas por el NDC, cientos de documentos siguen siendo confidenciales y se encuentran bajo una "revisión adicional". Los archivos no incluyen documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, los cuales permanecen secretos.

Incluso sin el material de la CIA, el registro hecho público presenta un caso innegable. Otros documentos publicados en 1999 ya demostraron que Estados Unidos y sus aliados, particularmente Australia, ayudaron a orquestar el golpe. Llegaron a elaborar listas de figuras del PKI y otras personas para ser asesinados, e instaron masacres para asegurarse de que Suharto tomara el poder por completo y estableciera una dictadura militar.

El último material apunta a operaciones encubiertas de Estados Unidos para derrocar a Sukarno, quien se había aferrado al poder desde al menos 1956, las cuales fueron escaladas en el período previo al golpe. El primer documento, fechado el 7 de junio de 1965, registra a los diplomáticos estadounidenses aprobando una maniobra de los comandantes del ejército en Medan, la capital de la provincia de Sumatra del Norte, para anteponerse ante el gobernador local, utilizando los poderes otorgados a los militares por el mismo Sukarno. "Los oficiales del ejército son los claros ganadores de la primera escaramuza", le informó el cónsul de EUA en Medan, Robert Blackburn, a la Embajada en Yakarta.

Significativamente, esta "primera escaramuza" sucedió más de tres meses antes del llamado Movimiento 30 de Septiembre, un supuesto complot orquestado por el PKI para secuestrar y matar a los principales generales. Suharto aprovechó esta supuesta trama, cuyas circunstancias siguen siendo altamente cuestionables, para instigar el derramamiento de sangre.

Se pueden citar muchos ejemplos de la culpabilidad de EUA por los campos de exterminio de Indonesia. El 12 de octubre de 1965, el recientemente asignado embajador estadounidense, Marshall Green, quien desempeñó un papel clave en el golpe de Estado, le envió un telegrama al secretario de Estado, David Dean Rusk, informándole sobre una conversación con el embajador alemán en Indonesia. Según este último, "El ejército indonesio está considerando la posibilidad de derrocar al propio Sukarno y se está acercando a varias embajadas occidentales para hacerles saber que tal paso es posible".

La Embajada de Estados Unidos dejó en claro que cualquier ayuda de EUA estaba supeditada a que se eliminara a Sukarno. En una carta del 23 de octubre, Norman Hannah, asesor político del comandante en jefe para el Pacífico (CINCPAC, siglas en inglés), le preguntó al embajador Green cómo responder a la "posibilidad razonable de que el ejército indonesio solicite nuestra ayuda". Una semana después, Green le pidió a la Administración Johnson que "explore la posibilidad de una ayuda a corto plazo de un solo golpe, de forma encubierta y no atribuible", precipitando una expansión del apoyo encubierto de Estados Unidos que incluiría dinero, equipos de comunicaciones y armas.

Un telegrama de la Embajada de Yakarta del 20 de noviembre a Rusk refleja el carácter fraudulento de las acusaciones contra el Movimiento 30 de septiembre. Al informar sobre las conversaciones entre observadores occidentales y dirigentes del PKI en Yakarta y el centro de Java, incluyendo Yogyakarta, indicó que las figuras PKI no tenían conocimiento de la supuesta trama y "había una gran confusión en los rangos del Partido sobre lo que se suponía que debían hacer".

El 30 de noviembre, un resumen semanal de la embajada enviado al Departamento de Estado decía que la represión había "llegado a la etapa de ejecuciones en masa en varias provincias indonesias, aparentemente a instancias del general Suharto, al menos en Java Central".

En un informe semanal del 21 de diciembre, la primera secretaria de la Embajada, Mary Louise Trent, notó que al menos 100 000 personas habían sido asesinadas, y alabó el "éxito del ataque del ejército" en sus esfuerzos por acumular poder.

Las autoridades estadounidenses sabían que el complot del Movimiento 30 de septiembre había sido inventado como pretexto para el golpe. El embajador Green, en un telegrama del 4 de marzo de 1966 al Departamento de Estado, dijo que las acusaciones fueron fabricadas para servir "las necesidades de propaganda del momento". Los militares querían fomentar la idea de que "todo el movimiento procomunista ... debería ser considerado culpable 'en principio'".

Dos documentos de 1967 subrayan los intereses corporativos en juego, ya que el régimen de Suharto buscaba satisfacer las necesidades de las empresas estadounidenses mediante la redacción de una nueva ley de inversión extranjera y la firma de acuerdos de concesión a empresas petroleras, mineras y madereras.

Un informe menciona "el tratamiento de alfombra roja" que se le otorgó a la Misión Comercial del Pacífico de la Cámara de Comercio del área de San Francisco que llegó a Yakarta el 18 de abril de 1967, por un período de una semana. El régimen indonesio y los líderes empresariales fueron "cooperativos y atentos".

Después de conocer al Embajador Green, el presidente de la corporación Business International, Elliot Haynes, escribió en un diario que las empresas multinacionales, incluyendo Uniroyal y Goodyear, estaban interesadas en establecer operaciones en Indonesia, mientras que compañías como Alcoa querían impuestos a la renta más bajos.

Los medios de comunicación estadounidenses y mundiales apenas han informado sobre la publicación de los documentos y han proporcionado pocos detalles sobre su contenido. Una razón es que los medios corporativos fueron cómplices del golpe, ayudándole a Estados Unidos y al régimen de Suharto a legitimar y encubrir la magnitud de las masacres.

Un informe de noviembre de 1966 al Departamento de Estado describe un viaje que funcionarios de la embajada realizaron con un reportero del New York Times al centro de Java, acompañado de representantes militares. En un ejemplo incipiente de "periodismo incrustad", los funcionarios mostraron varias aldeas "modelo" bajo control militar. El autor señaló que el ejército mantenía un "control de hierro" en la provincia, con barricadas, tarjetas de identificación, allanamientos de casa por casa y la prohibición de reuniones de cinco personas o más.

Hoy, el New York Times y los medios de prensa convencionales continúan colaborando estrechamente con Washington mientras que Estados Unidos y sus aliados bombardean civiles, devastan ciudades, asesinan gente, provocan conflicto tras conflicto, de Oriente Medio a Corea, y se preparan para guerras contra rivales como China.

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