En las elecciones legislativas del domingo pasado en Argentina, la coalición oficialista conservadora Cambiemos del presidente Mauricio Macri recibió el 40 por ciento de los votos a nivel nacional y alcanzó el primer lugar en los cinco mayores distritos.

Teniendo guardada una larga lista de medidas reaccionarias en espera para que finalizara el proceso electoral, Macri inmediatamente se abalanzó a prometer “la política lo más austera posible” e imponer un aumento del 10 por ciento en los precios de la gasolina el lunes, como parte de su política general de crear las condiciones más lucrativas para los inversores extranjeros.

En respuesta a los resultados electorales, los mercados financieros argentinos subieron a niveles récord, junto con un brinco del 1,8 por ciento en los bonos argentinos en dólares.

Esta ronda electoral involucraba carreras electorales para dos terceras partes del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados, con los 24 distritos electorales votando para una o ambas cámaras. Cambiemos obtuvo el primer lugar en 14 de los distritos, 3 más que en las primarias de agosto.

Lejos de ser un “voto de confianza” para Macri, los resultados expresan un profundo resentimiento contra el Peronismo que gobernó doce años y dio inicio a la campaña de austeridad ahora acelerada bajo Macri.

Durante la mañana de la jornada electoral, la policía bonaerense allanó una oficina del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en Mar del Plata, la segunda mayor ciudad de Buenos Aires. El PTS, el cual encabeza el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), enfrentó arrestos de seis de sus miembros, incluyendo a dos candidatos, quienes fueron detenidos hasta horas más tarde el domingo bajo falsos cargos de violar la suspensión obligatoria de campaña antes del voto. Este acto policial-estatal tan cobarde constituye una seria advertencia de que el Gobierno de Macri está preparado para utilizar el peso completo del aparato represivo para intimidar y suprimir cualquier oposición social a su agenda.

Como resultado de las elecciones, el oficialismo ha reemplazado a los peronistas como la mayor fuerza en la Cámara de Diputados, con 108 bancas contra las 67 del Frente para la Victoria (FPV) encabezado por la expresidenta peronista, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Sin embargo, la coalición de Macri todavía no alcanzó una mayoría en ninguna de las cámaras y permanecerá por debajo de los kirchneristas en el Senado.

Varios bastiones peronistas vieron a Cambiemos conseguir un primer lugar. Quizás la más significativa fue la provincia de Santa Cruz—considerada la cuna del kirchnerismo y actualmente gobernada por la hermana del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007)—, donde Cambiemos aventajó al FPV por 12 puntos porcentuales.

En la populosa Ciudad de Buenos Aires, el exministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, quien llevó a cabo recortes de planillas y de salarios reales contra los maestros, se impuso ante Cristina Fernández. Tales resultados tan desfavorables para el kirchnerismo confirman encuestas que muestran índices de desaprobación de entre 60 y 70 por ciento para la expresidenta.

A pesar de esto, pudo asegurar uno de los tres escaños del Senado para la Ciudad de Buenos Aires. En una breve intervención el domingo, llamó a la “unidad de las distintas fuerzas políticas” de la oposición. Fernández también se impuso cómodamente por encima de los otros líderes peronistas, Florencio Randazzo y Sergio Massa. Este último incluso perdió ante Cambiemos en su principal bastión de Tigre.

Fernández había formado la coalición Unidad Ciudadana este año con la esperanza de darle una nueva cara al FPV y beneficiarse del aumento de la oposición social a las políticas de Macri, la cual se vio reflejada en las protestas de masas encabezadas por los maestros más temprano este año, un paro nacional en Abril y grandes demonstraciones contra los esfuerzos estatales para encubrir la desaparición y asesinato del joven Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada, suscitando más preguntas que respuestas.

Sin embargo, la hostilidad popular hacia el legado político de Fernández sólo ha crecido. Durante su mandato, una pérdida de actividad industrial, una mayor dependencia en el sector de los carburantes, una acumulación de deudas y amplios presuntos casos de corrupción dieron paso a un estancamiento económico a partir del 2012, un impago de la deuda en el 2014, un espiral de pobreza, brutal austeridad, demonstraciones de masas y, finalmente, la elección de Mauricio Macri en el 2015. Muchos legisladores peronistas han buscado distanciarse de Kirchner, mientras que incluso los kirchneristas han simplemente prometido “moderar” las medidas proempresariales de Macri.

“Todo indica que Cambiemos hizo una gran elección y van ahí mis felicitaciones para el presidente Macri y la gobernadora Vidal”, dijo Randazo, respondiendo a los resultados con un gran respiro de alivio.

Mientras que las burocracias sindicales, históricamente peronistas, ya están colaborando con Macri en desmovilizar el repunte de huelgas anti-Macri de este año, los partidos peronistas actuarán con una complicidad incluso mayor en apoyar las promesas ilusorias de Macri de estabilidad para el capitalismo argentino y hacer a Argentina “normal” otra vez.

Reconociendo que su victoria parcial debilitará incluso la fachada de oposición en el Congreso, Macri anunció una “etapa de reformismo permanente”, lo que en verdad significa un estado permanente de saqueo financiero de los bienes estatales y de los niveles de vida de los trabajadores. “Argentina va a seguir teniendo que tomar deuda”, dijo el lunes, autorizando la continuación de las altas tasas de intereses y la eliminación de los controles de divisa que han hecho de los bonos argentinos y del sector financiero un paraíso para el parasitismo.

Sin embargo, el Financial Times advierte que los $54 000 millones que Macri ya ha acumulado en deudas son más que casi cualquier otra economía emergente en el mundo y que cumplir con ella requerirá medidas severas. “Algunos de los mayores riesgos provienen de la agenda gradual que el Sr. Macri ha perseguido para endulzar el trago amargo de sus reformas”, advierte el diario londinense.

Debido a tales inquietudes de la aristocracia financiera internacional, el Gobierno de Macri ha prometido “doblegar” su agenda y presentar proyectos de ley y decretos imponiendo una mayor austeridad social, recortes de impuestos para las empresas y los ricos y medidas de “flexibilización” laboral al estilo de la reciente “reforma laboral” de Brasil, la cual fue diseñada para reorganizar sectores enteros de la economía. “Este es sólo el principio, todavía tenemos muchas batallas por luchar”, proclamó Macri ante un grupo de ejecutivos la semana pasada.

Dicho lenguaje de guerra de clases deja claro que está encabezando una ofensiva frontal contra la clase obrera. Desde el principio de su mandato en diciembre del 2015, el 70 por ciento de los cientos de miles de despidos han tenido lugar en el sector industrial, con uno de cada tres debido a cierres, según el Centro de Economía Política Argentino (CEPA). Esto tuvo un efecto multiplicador, rebajando el consumo y a su vez generando despidos en el sector de servicios.

En general, calculó el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) en setiembre, la supuesta “recuperación” bajo Macri ha dejado un balance de 73 251 puestos de trabajo perdidos con salarios por encima de la media, en comparación con un leve aumento en “aquellos sectores con salarios entre un 25 por ciento y un 10 por ciento por debajo de la media”. Sin embargo, esta imposición de un régimen de mano de obra barata no ha atraído un aumento en inversiones productivas, en medio de bajas tasas de ganancias y un estancamiento en la economía global; consecuentemente, la mayor parte del dinero que ingresa en el país va a la especulación financiera.

Esta importante derrota electoral e inequívoco rechazo sufridos por la política corporativista, burguesa nacionalista y populista del Peronismo expone la bancarrota política de sus aliados en los sindicatos y de la pseudoizquierda. Asimismo, este proceso refleja el callejón sin salida que representan los políticos y Gobiernos de la llamada “marea rosa” nacionalista, los cuales se enfrentan a grados similares de rechazo en Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Ecuador.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), compuesto por partidos que se reivindican trotskistas y una coalición de organizaciones guevaristas, recibió alrededor de 1,2 millones de votos a nivel nacional. Poniendo a su candidato presidencial, Nicolás del Caño, a la cabeza de la papeleta para diputado de la Provincia de Buenos Aires, el FIT recibió ahí medio millón de votos y dos escaños. También, logró varios escaños en las legislaturas provinciales y municipales.

En total, el FIT recibió un total de votos similar al del 2013, pero perdió un puesto en el Congreso Nacional. Más allá de sus discursos sobre una elección “histórica” y la promoción que le dio la prensa burguesa a sus intentos de explotar las protestas por los despidos de los trabajadores de PepsiCo en junio y la desaparición de Santiago Maldonado para fines electorales, el apoyo al FIT se ha quedado prácticamente estancado.

A raíz del carácter estrictamente electoral de la coalición, organizada explícitamente bajo “el mayor desafío” de elegir a nuevos diputados, los resultados negativos del FIT podrían de nuevo poner en marcha las irresolubles contradicciones detrás de su alianza y reabrir la crisis interna y amenazas de escisiones que ocurrieron más temprano este año, durante el periodo de conflictos oportunistas por sitios en las papeletas antes de las primarias.

El bloqueo en su popularidad es en gran medida un reflejo de la crisis del peronismo, con el cual está asociado. Como lo fue con las protestas contra PepsiCo, cuando los legisladores del FIT presentaron un proyecto de ley junto con peronistas para la reincorporación de los trabajadores, o con el fomento de ilusiones de que sólo se requiere un cambio de ministros o un nuevo Gobierno capitalista para que no ocurran desapariciones represivas como la de Maldonado, el FIT ha fracasado en diferenciarse fundamentalmente de la política del peronismo, mientras que las organizaciones que lo conforman han continuado sus intentos para orientar a los trabajadores a los sindicatos peronistas.

El FIT no sólo ha dado la apariencia, sino que ha demostrado en la práctica que es una extensión reformista del establecimiento peronista en quiebra y de sus esfuerzos para apuntalar al Gobierno de Macri. Ante la profundización de la crisis del peronismo, su propia marcha hacia la creación de una versión argentina del partido Syriza de Grecia o Podemos de España se acelerará inevitablemente.