El Senado español aprobó en la votación formal del viernes por 214 votos a favor y 47 en contra autorizar la implementación del Artículo 155 de la Constitución española, suspendiendo el régimen parlamentario en Cataluña. Le dio al presidente del Gobierno Mariano Rajoy plenos poderes para suspender el gobierno catalán, proceder con medidas punitivas delineadas en el discurso de Rajoy del 21 de octubre, e imponer un gobierno no elegido a Cataluña que responda solo ante Madrid.

Mientras se estaba debatiendo en el Senado el Artículo 155, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene la mayoría absoluta, el parlamento catalán se adelantó al resultado del debate y votó declarar la independencia. Miles de manifestantes rodearon los edificios del gobierno en Barcelona el viernes por la noche en medio de llamamientos a defender la recientemente declarada república.

Los acontecimientos de ayer marcan un colapso histórico de las formas democráticas de gobierno en Europa occidental y una vuelta al autoritarismo con implicaciones de amplio alcance. El marco político español creado hace 39 años, en la llamada Transición desde el régimen fascista de 1939-1978 establecido por el General Francisco Franco, se ha hecho trizas. Con el apoyo pleno de la Unión Europea y de Washington, Madrid se propone controlar a 7 millones de catalanes mediante decretos unilaterales, respaldado por la policía y el ejército, mientras mantiene en reserva la invocación del Artículo 116 para imponer el estado de emergencia a nivel nacional.

La defensa de los intereses básicos de la clase trabajadora requiere la oposición política resuelta a la represión en Cataluña. El peligro de un baño de sangre se acerca, mientras Madrid se dirige hacia hacer cumplir el dictado de la aristocracia financiera europea sobre los trabajadores de Cataluña y de toda España.

El presidente del Consejo de Europa Donald Tusk reiteró el respaldo de las potencias europeas a la implementación del Artículo 155 ayer, tuiteando: “Para [la] UE no cambia nada. España sigue siendo nuestro único interlocutor”. Tusk añadió cínicamente que esperaba que Madrid utilizara la “fuerza de los argumentos y no el argumento de la fuerza”.

En un discurso instando al Senado a que adopte el Artículo 155, Rajoy declaró que ahora “no hay alternativa”. Continuó: “Lo único que se puede hacer y por lo tanto hay que hacer en tal situación es usar la ley para hacer cumplir la ley”. Dijo que su gobierno tenía cuatro objetivos: “volver a la legalidad” en Cataluña, “volver a ganarse la confianza de la gente”, “mantener los altos niveles de crecimiento económico y creación de empleo de los tiempos recientes”, y “organizar elecciones en una situación de normalidad institucional”.

“De lo que tenemos que proteger a los catalanes no es el imperialismo español, como dicen ellos, sino una minoría que de manera intolerante está actuando como si fuera dueña de Cataluña”, declaró Rajoy.

El discurso de Rajoy a favor de la dictadura es un montón de mentiras. Su afirmación de que no hay alternativa a invocar el Artículo 155, que hace unas pocas semanas era generalmente descrito como la “opción nuclear” en la prensa española, es absurda. Escocia celebró un referéndum de independencia respecto a Gran Bretaña en 2014, y Quebec celebró un referéndum de independencia respecto a Canadá en 1980 y en 1995. Pero ni Londres ni Ottawa enviaron a decenas de miles de policías militarizados para agredir a votantes pacíficos, como hizo Rajoy durante el referéndum sobre la independencia catalana el primero de octubre.

Madrid es responsable directo de esta crisis, por haber perseguido consistentemente inflamar el conflicto tras su brutal represión al referéndum del primero de octubre. El 19 de octubre, el presidente catalán Carles Puigdemont confirmó que había suspendido sus pasos hacia la independencia y apeló al diálogo con Madrid. Con su rechazo unilateral a este llamamiento, su encarcelamiento arbitrario de los políticos nacionalistas catalanes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y sus pasos hacia invocar el Artículo 155, Madrid obligó a los nacionalistas catalanes en Barcelona a ponerse en el camino hacia una declaración de independencia.

El llamamiento de Rajoy a la “legalidad” y la “normalidad institucional” son un cínico ardid, disfrazando el rumbo hacia la dictadura de defensa de la democracia y del régimen constitucional. Madrid es plenamente consciente de que puede imponer su agenda solo por medio del terrorismo de Estado y la represión. Según el discurso de Rajoy del 21 de octubre, tiene como objetivo tomar el control del presupuesto, del gobierno, del sistema educativo, de la fuerza policial y de los medios públicos catalanes.

Estas medidas provocarán una profunda oposición en el seno de millones de personas, y Madrid se está preparando para reprimirla por la fuerza. La policía militarizada o Guardia Civil, el regimiento de infantería motorizada Arapiles, y otras unidades del ejército estacionadas en comunidades autónomas vecinas están preparados para intervenir en Cataluña.

Mientras se difunden llamamientos a la desobediencia civil, Madrid está preparando despidos masivos “exprés” de empleados públicos catalanes. Ayer, el Senado español aprobó medidas que le permiten a Madrid disciplinar trabajadores “sin recurrir a mecanismos previos concernientes a medidas disciplinarias”.

En una conferencia de prensa el viernes por la noche, después de una reunión de su gabinete de ministros para discutir la votación del senado, Rajoy anunció la suspensión del gobierno catalán y la celebración de elecciones el 21 de diciembre. Madrid también confirmó que acusaría de “rebelión”, un crimen que se castiga con hasta 30 años de cárcel, al actual gobierno catalán y a miembros del parlamento.

Estos anuncios exponen la afirmación de Rajoy de que Madrid organizará elecciones en Cataluña como un fraude orwelliano. Si sus planes siguen adelante, la mayoría de la oposición política catalana estará en prisión cuando se celebren las elecciones. Es más, quienquiera que fuere elegido el 21 de diciembre ocuparía un escaño en una legislatura desprovista de todos los poderes para legislar o para nombrar un gobierno regional. Solo podría contemplar cómo Madrid impone su voluntad.

La preocupación clave de Madrid y del nuevo gobierno catalán será seguir imponiendo severas medidas de austeridad contra los trabajadores. Ayer, la UE le envió una carta a Madrid exigiendo más recortes en el gasto público español para alcanzar el objetivo de déficit público del 2,2 por ciento del producto interno bruto. El ministro de Economía Luis de Guindos y el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro respondieron declarando que tomarían “todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.

El giro hacia el gobierno autoritario en España es una advertencia urgente a la clase trabajadora. Décadas de austeridad profunda, la guerra imperialista y la promoción de medidas de ley y orden por toda Europa desde la disolución de la Unión Soviética por parte del estalinismo en 1991, y particularmente después del desplome de Wall Street en 2008, han producido una crisis mortal al dominio capitalista.

Con decenas de millones de trabajadores desempleados en toda Europa, la clase gobernante es consciente de la explosiva ira social. Su respuesta cuando encuentre resistencia será un rápido recurso a las medidas dictatoriales.

La cuestión crítica hoy es la movilización de los trabajadores en Cataluña, en España y en toda Europa en la lucha contra un regreso a formas autoritarias de gobierno. Los trabajadores deben rechazar todos los intentos por justificar un giro hacia la represión dictatorial y militar de la población basada en llamamientos a la defensa de la integridad territorial de España. La única manera progresista de establecer la unidad de la Península Ibérica y de Europa en su conjunto es la movilización de la clase trabajadora en una lucha revolucionaria e internacionalista contra la dictadura y la guerra, y por el socialismo.

La lucha para movilizar a la clase trabajadora debe emprenderse sobre la base de la completa independencia respecto a todo el establishment gobernante y en oposición a este, incluyendo a las burocracias sindicales y los partidos burgueses que dicen ser “de izquierdas”. Fuerzas como el sindicato CCOO (Comisiones Obreras) y el partido español Podemos se están alineando tras Rajoy rumbo a la dictadura.

El Secretario General de Podemos Pablo Iglesias respondió a la votación del Senado respaldando tácitamente la convocatoria de elecciones en Cataluña por parte de Rajoy, solo matizando que deberían celebrarse “sin represión”. Adoptando una posición neutra mientras Madrid prepara su represión, dijo, “Creo que hay una mayoría silenciosa de españoles que no está ni por el unilateralismo [es decir, por la declaración de independencia de Cataluña] ni por la violencia y la represión”.

El dirigente de CCOO Fernando Lezcano insistió en que su sindicato desalentaría cualquier acto de desafío a Madrid por parte de los trabajadores. Advirtió, “No daremos una sola instrucción que pudiera llevar a la desobediencia civil o a que trabajadores del sector público lleven a cabo acciones que puedan castigarse”.