Los trabajadores catalanes y españoles se enfrentan a graves peligros por la represión de Madrid

por Paul Mitchell y Chris Marsden
4 noviembre 2017

Los partidos nacionalistas catalanes están trabajando abiertamente con el Gobierno del Partido Popular (PP) en Madrid a cambio de concesiones que anticipaban de la Unión Europea. El resultado de sus esfuerzos es permitir que el régimen español establezca un peligroso precedente de poder imponer su voluntad mediante órdenes policiales-militares, con el pleno respaldo de la oposición del Partido Socialista (PSOE).

El viernes pasado, el Parlament regional de Cataluña votó a favor de declarar la independencia de España e iniciar un “proceso constituyente” para redactar la nueva constitución de una República Catalana. De los 135 diputados en el Parlament, 70 votaron a favor, incluyendo miembros del Parti Demòcrata Europeu Català (PDeCat), la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la pseudoizquierdista Candidatura d’Unitat Popular (CUP).

Los políticos nacionalistas catalanes se comprometieron a montar una resistencia contra la amenaza de. Presidente Mariano Rajoy del PP de invocar el artículo 155 de la Constitución española, derrocar al presidente catalán Carles Puigdemont y a sus ministros regionales, disolver el Parlament catalán y organizar elecciones regionales anticipadas.

En cambio, los nacionalistas han aceptado participar en las elecciones anticipadas convocadas para el 21 de diciembre, una medida que colocará un sello de legitimidad sobre la suspensión de la autonomía catalana por decreto.

Puigdemont y los consellers del Govern catalán expulsados huyeron a Bélgica, ostensiblemente para escapar de un eventual enjuiciamiento. Estando allí, Puigdemont repitió sus llamamientos a la UE para que intervenga en la crisis secesionista mediando un acuerdo entre Madrid y su gabinete depuesto. Como un quid pro quo, accedió a la convocación de elecciones prontas por parte de Rajoy, describiéndolas como un “plebiscito democrático”.

Según un periodista de Radio Catalunya, Ernest Marcià, en declaraciones a la BBC, el respaldo de Puigdemont a las elecciones es una señal de que ya se están llevando a cabo conversaciones secretas entre Puigdemont y Rajoy, mediadas por la UE. “En mi opinión”, dijo Marcià, “está sucediendo algo que nadie sabe que está sucediendo, y probablemente Europa esté interviniendo ... No públicamente, no reconocerán nada”. Pero España ha hecho algo que no dijeron hace unas semanas y Cataluña está aceptando la autoridad de España, lo que también es muy extraño desde el punto de vista secesionista”.

No hay nada extraño en las acciones de Puigdemont. El objetivo de los nacionalistas catalanes desde el primer día era impulsar el apoyo popular al separatismo, en parte explotando los agravios legítimos hacia Madrid y el descontento social generado por la austeridad. Pero esto se centró principalmente en un llamado a las capas de la clase media con base en las demandas de que la relativamente próspera Cataluña dejara de subsidiar a las regiones más pobres de España.

Cataluña es la región más rica de España, representando una quinta parte del producto interno bruto del país. El objetivo de los partidos separatistas es crear un nuevo mini-Estado, o al menos acumular el grado necesario de independencia para establecer relaciones directas con los bancos mundiales, las empresas transnacionales y la UE. El objetivo es consolidar a Cataluña como un área de bajos impuestos y comercio libre, basada en la explotación intensificada de la clase trabajadora.

Sus movilizaciones en la calle nunca fueron más que una forma de apalancamiento en sus negociaciones con Madrid a fin de obtener mayores facultades relacionadas a la recaudación de impuestos y otras concesiones. Los partidos nacionalistas catalanes han pasado años imponiendo medidas brutales de austeridad mientras envían a la policía regional catalana a aplastar huelgas y protestas.

Pero, una vez que la Unión Europea y sus Gobiernos se comprometieron a apoyar la represión de Rajoy, la retirada era sólo una cuestión de tiempo. El lunes, el PDeCAT y el ERC anunciaron que abandonarían su oposición a las elecciones del 21 de diciembre y que presentarían candidatos.

El portavoz del ERC, Sergi Sabrià, al declarar las elecciones como “ilegítimas” y “una trampa”, agregó que, “no obstante, las urnas no nos dan miedo”.

La Assemblea Nacional Catalana, cuyo líder permanece encarcelado por cargos de sedición, insistió en que todavía “solo reconoce la República Catalana” y rechazó el Artículo 155, pero sólo para declarar inmediatamente que convocaría una reunión “antes del 3 de noviembre” para decidir sobre una “estrategia conjunta” para las elecciones del 21 de diciembre.

La pequeñoburguesa Candidatura d’Unitat Popular, CUP, la cual mantuvo en el poder a la coalición ERC-PDeCAT actuando como los promotores más intransigentes de la causa nacionalista burguesa y elogiando sus supuestos credenciales izquierdistas, fue aún más explícita, arrogante y criminal. “El Estado español nos ha neutralizado con la intimidación y el miedo”, se quejó.

“Lo que ha sucedido”, concluyó el diputado de la CUP, Benet Salellas, es “que ha habido un exceso de improvisación en algunas de las acciones durante los últimos meses”. Luego reiteró su apoyo a Puigdemont y lo elogió por enfocarse en apelar a Bruselas, lo que supuestamente “internacionaliza la violación masiva de los derechos humanos”, finalizando sus declaraciones con un patético llamado a Puigdemont a que “apruebe los primeros decretos republicanos”.

El Consejo Político de la CUP organizará una reunión el 4 de noviembre para decidir si apoya las elecciones de Rajoy para tener tiempo para registrarse antes de la fecha límite del 7 de noviembre.

Aquellos sectores de la clase obrera de habla catalana que prestaron apoyo a los nacionalistas han sacado sus conclusiones iniciales sobre la derrota en curso. Los informes indican que la mayoría de los trabajadores del sector público, incluidos los maestros y los bomberos, así como la policía regional, han continuado trabajando después de indicar un respaldo para una campaña de desobediencia civil. La burocracia sindical está más que feliz de aplacar la crisis, con la Intersindical-CSC declarando el lunes que canceló una amenaza de huelga general.

Esta situación está cargada de peligros.

Los independistas primero defendieron un programa divisivo que ayudó a crear una confusión máxima, dividiendo a los trabajadores de Cataluña de los de España, y dividiendo a los hispanohablantes en la región de los trabajadores de habla catalana, en un momento de oposición universal a la agenda de austeridad impuesta tanto por Madrid como Barcelona.

Ahora, después de que el PP aprovechase la oportunidad para movilizar al ejército y a la Guardia Civil e imponer un nuevo Gobierno por decreto, le ofrecen sus servicios como gendarmes políticos con la esperanza de entablar un nuevo acuerdo con Madrid y Bruselas.

La clase obrera de toda Cataluña y España tiene que combatir el intento de Madrid y la UE de imponer un régimen dictatorial, sea o no sancionado por elecciones impuestas. El poder del Gobierno del PP sólo se vio fortalecido con la implementación de medidas represivas y antidemocráticas que inevitablemente se emplearán contra los trabajadores en toda España.

Pero una lucha implacable contra Madrid y sus partidarios de la UE sólo puede librarse si es totalmente independiente de los partidos burgueses catalanes y su agenda reaccionaria de separatismo nacional.

Una respuesta progresista a la crisis que enfrenta la clase trabajadora de España, sea cual fuere el idioma que hable, exige el fin de todas las divisiones nacionales mediante la adopción de la perspectiva del internacionalismo socialista. Contra una España capitalista y el plan de crear una Cataluña capitalista, la clase obrera tiene que librar una lucha unificada para la formación de Gobiernos obreros en España y en toda Europa como parte de la unificación socialista de todo el continente.