Después de imponer el artículo 155 de la Constitución española para suspender el gobierno electo de Cataluña la semana pasada, España, respaldada por la Unión Europea (UE), se está moviendo rápidamente hacia un régimen militar. Cuando la jueza del Tribunal Superior, Carmen Lamela, puso en custodia a ocho ministros del gobierno regional catalán, el jefe de las fuerzas armadas españolas, general Fernando Alejandre, amenazó ayer con atacar Cataluña.

En el diario derechista ABC, Alejandre afirmó que sus planes para la intervención militar nacional son parte de planes similares de los países de la OTAN en Europa y América del Norte. “Al igual que nuestros aliados”, dijo, “estamos desarrollando planes para, entre otras cosas, defender infraestructuras críticas, tomar medidas en respuesta a catástrofes o situaciones de crisis, reaccionar ante amenazas externas, luchar contra el terrorismo o participar en la defensa colectiva en el contexto de la alianza atlántica [de la OTAN]”.

Al parecer para asegurar a los lectores que el ejército español no está preparando un golpe, Alejandre agregó inmediatamente: “Naturalmente, nuestros planes toman en cuenta que las Fuerzas Armadas son herramientas al servicio de la nación española, y que el poder ejecutivo debe decidir el tiempo y la forma de una intervención”.

Alejandre enfatizó, sin embargo, que Cataluña era un objetivo de la planificación de guerra española. Llamó al movimiento independentista catalán “la mayor amenaza para nuestra democracia”. Para preparar al ejército español para sus tareas, escribió: “Debo tomar en cuenta el acuerdo adoptado por el Senado el 27 de octubre, que señaló ‘la extraordinaria gravedad de la desobediencia de las obligaciones constitucionales y la realización de acciones gravemente contrarias al interés general por parte de las instituciones del gobierno regional catalán’”.

Al haber señalado la amenaza supuestamente planteada por Cataluña, Alejandre continuó: “La historia muestra que, si es necesario, el pueblo español y también sus fuerzas armadas saben cómo defender a nuestra nación”. Aclamando a los soldados españoles “de todas las épocas”, declaró, “Nuestra historia está repleta de ejemplos en los que los militares españoles pusieron su amor por España antes que cualquier otra consideración ...”.

La afirmación de Alejandre de que el secesionismo catalán es la mayor amenaza para la democracia española es una mentira política absurda: la principal amenaza proviene de Madrid y el ejército.

Sus comentarios son una advertencia de que España y toda la Unión Europea (UE) están avanzando hacia la dictadura. Las garantías de Alejandre de que no habrá un golpe son una evasiva. Madrid lanzó un enfrentamiento total con Cataluña durante el referéndum sobre la independencia catalana del primero de octubre, que intentó bloquear a través de una violenta represión policial. Según decapita al gobierno catalán y trata de instalar a sus virreyes no electos en Barcelona frente a protestas masivas, Madrid sin duda planea depender de las fuerzas de seguridad incluso más que durante el referéndum.

Su elogio del papel del ejército español durante “todas las épocas” es una amenaza escalofriante que debe servir como una advertencia para los trabajadores de toda Europa. Durante el último siglo, aparte de sus agresivas y sangrientas guerras coloniales en el norte de África, el ejército español solo ha tenido un objetivo: el pueblo español. La última vez que el ejército español entró en Cataluña, en enero de 1939 bajo el mando del fascista generalísimo Francisco Franco al final de la Guerra Civil española, llevó a cabo ejecuciones masivas de sus opositores políticos para aplastar las luchas revolucionarias de la clase obrera.

La amenaza de la intervención militar doméstica en España, en medio de un estado de emergencia en la vecina Francia y la creciente demanda de censura del Internet en Washington, es el producto de una crisis mortal del capitalismo. Después de un cuarto de siglo de creciente militarismo y medidas de austeridad desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, y particularmente desde el colapso de 2008 en Wall Street, la UE está desacreditada. Con decenas de millones de trabajadores desempleados y niveles de vida cayendo en gran parte de Europa, la clase dominante está aterrorizada por el aumento de la ira social y se dirige hacia la dictadura.

El gobierno del Partido Popular (PP) del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ataca despiadadamente a los nacionalistas burgueses catalanes para demostrar que no se tolerará ninguna oposición. Los referendos de independencia se celebraron pacíficamente en Quebec en Canadá o en Escocia en el Reino Unido. No obstante, Madrid inflamó deliberadamente el conflicto catalán, atacó a los votantes pacíficos durante el referéndum del primero de octubre y luego rechazó la suspensión del presidente catalán Carles Puigdemont de una declaración de independencia y sus solicitudes de diálogo.

El objetivo principal de Madrid es la oposición en la clase obrera, y en su asalto a Cataluña actúa con desprecio por el pueblo español. A pesar de semanas de propaganda anti-catalana sin parar en la prensa, las encuestas sugieren una creciente oposición en España al aplastamiento de la autodeterminación catalana por parte de Madrid. En una encuesta reciente de El Mundo, el 57 por ciento de los españoles y el 76 por ciento de los catalanes querían un referéndum pacífico sobre la independencia de Cataluña, mientras que grandes mayorías se oponían a la independencia.

Sin embargo, Madrid busca apoderarse del aparato estatal de la comunidad autónoma catalana e imponer la austeridad y el militarismo a instancias de la UE, que ha respaldado a Madrid y exigió que ―a pesar de la crisis catalana― siga recortando el gasto social para cumplir con los criterios de déficit presupuestario de la UE.

Ayer, los tribunales españoles encarcelaron a ministros catalanes como Oriol Junqueras (vicepresidente), Jordi Turull (vocero), Raúl Romeva (asuntos exteriores) y Joaquín Form (interior). Acusados de rebelión, sedición y malversación por el referéndum del primero de octubre y la declaración de independencia del 27 de octubre, se enfrentan a hasta 30 años de cárcel.

El depuesto presidente regional catalán Carles Puigdemont y cuatro ministros regionales que huyeron a Bélgica el lunes también se enfrentan a un arresto. El fiscal de España exige al Tribunal Superior que emita órdenes de detención europeas. También se han presentado cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y a cinco miembros del Comité de Oradores.

Esta implacable respuesta no fue dirigida a un ministro acusado, Santi Vila, quien renunció en el último minuto antes de la votación de independencia del viernes pasado. No fue encarcelado, pero fue liberado con una fianza de €50.000. Vila fue recibido con gritos de “traidor”, “cobarde” y “ahora la policía lo protege” a su llegada a la corte. Claramente está siendo preparado como el contendiente en las elecciones del 21 de diciembre que Madrid ha exigido organizar en Cataluña.

El único camino para oponerse al giro de Madrid y la UE hacia la dictadura es la movilización independiente de la clase obrera en España y en Europa en una lucha revolucionaria, socialista e internacionalista, no solo contra Madrid y la UE, sino también contra los nacionalistas catalanes.

Estos últimos, después de haber dirigido administraciones pro-austeridad en Barcelona durante décadas, plantean la perspectiva reaccionaria de construir un estado capitalista separado en Cataluña orientado a la UE.

Mientras Madrid y el gobierno de Puigdemont se enfrentan en una lucha cada vez más encarnizada, también cierran filas contra la clase trabajadora. Ambos buscan un trato a expensas de los trabajadores, basado en la política de austeridad cada vez más militarizada de la UE. En Bruselas, Puigdemont repitió sus llamamientos a la UE para negociar un acuerdo con Madrid, y accedió a la llamada de Rajoy para las elecciones del 21 de diciembre, llamándolas un “plebiscito democrático”.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium organizaron una manifestación en Barcelona. Han asistido la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, los concejales de su coalición BComú apoyada por Podemos, la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y el Partido Democrático Europeo Catalán (PDeCAT), y la pequeño-burguesa Candidaturas de Unidad Popular (CUP). Colau propuso una amnistía y la anulación del artículo 155 después de las elecciones del 21 de diciembre como “puntos mínimos” para la reconciliación y un retorno a la “normalidad democrática” en Cataluña.

El gobierno de Colau ha votado para reconocer la administración de Puigdemont como “el legítimo gobierno de Cataluña”, rechazó la aplicación del artículo 155 y “la respuesta autoritaria y amenazante del Estado”. Rechazó una moción de la CUP para “reconocer la proclamación de la República Catalana” el 27 de octubre.

Propuestas similares están siendo hechas por estrategas de la clase gobernante a nivel internacional. En un editorial, el New York Times escribió: “Por el momento, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, armado con la Constitución del país, parecía haber tomado la delantera”. Sin embargo, advirtió, “la postura inflexible de Rajoy podría ser contraproducente si el enfrentamiento continúa. Las tácticas violentas de la policía española para tratar de aplastar el referéndum dejaron sentimientos amargos en Cataluña, y más tácticas de mano dura, si los catalanes desafiaran a Madrid, podrían cambiar aún más las simpatías, tal vez incluso fuera de España”.

El periódico aconsejó la reducción de la escalada y confiar en la bancarrota de la burocracia sindical y sus aliados políticos, como el partido Podemos, para estrangular la oposición de la clase trabajadora. “Es probable que los principales sindicatos y muchos funcionarios públicos acepten el control temporal de Madrid”, escribió. “Si los partidos catalanes de hecho están preparados para participar en unas nuevas elecciones regionales, el señor Rajoy debería mostrar magnanimidad disculpándose por el comportamiento de la policía el primero de octubre”, aconsejó el Times.

La base de tal reconciliación sería un acuerdo de todos los partidos sobre despliegues militares y policiales intensificados y medidas de austeridad en Cataluña y en toda España.