La administración de Trump anunció el 6 de noviembre su decisión de dar fin al Estatus Protegido Temporalmente (TPS) para 5000 nicaragüenses que llevan casi dos décadas viviendo legalmente en los Estados Unidos. Estos inmigrantes, muchos de los cuales tienen cónyuges e hijos que son ciudadanos estadounidenses, y que tienen empleo, hogar y pequeños negocios, pasarán a ser indocumentados en enero de 2019, expuestos a ser atrapados y deportados por escuadrones armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El TPS fue creado por una ley promulgada en 1990 para atender a inmigrantes sin ciudadanía estadounidense que no tuvieran la posibilidad de volver a sus países de origen a causa de conflictos armados y desastres medioambientales. El estatus es muy restrictivo, y se aplica solo a inmigrantes que estaban en los EUA en el momento de la designación, y excluye a los que escapan de esas mismas condiciones después. Aunque se permite trabajar a los beneficiarios del TPS y se les requiere que paguen impuestos, se les niegan todos los beneficios federales y no se les brinda ningún medio de obtener el estatus de residente legal ni reunirse con sus seres queridos que quedaron atrás. A cualquier inmigrante condenado por un delito grave o por dos delitos menores se le priva de la protección del TPS.

Aunque esta decisión acerca de Nicaragua afecta a un número relativamente pequeño de inmigrantes, es el primer paso en la introducción de una política reaccionaria anti-inmigrante que podría hacer que 325.000 personas con estatus TPS fueran expulsadas a la fuerza de los Estados Unidos y volvieran a países empobrecidos y plagados de violencia que, en muchos casos, abandonaron de pequeños.

El TPS se concedía a nicaragüenses y hondureños, incluso a los indocumentados, que estaban viviendo en los EUA cuando en América Central causó estragos el huracán Mitch en 1998. Aunque ese estatus tenía que renovarse cada 18 meses —requiriendo que los beneficiarios se re-registraran— esto se venía haciendo de manera más o menos rutinaria durante los últimos veinte años.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, Department of Homeland Security ), que tomó la determinación de dar fin al estatus TPS a los nicaragüenses, postergó temporalmente la decisión sobre los hondureños, de los cuales unos 85.000 se beneficiaron del programa. Se estableció que el estatus TPS para los dos países caducara en enero. Bajo la decisión anunciada hoy, los nicaragüenses tendrán hasta enero de 2019 para obtener la residencia legal o irse del país antes de quedar sujetos a la deportación por la fuerza. Mientras tanto, la decisión concerniente a los hondureños ha sido aplazada hasta julio del año que viene.

La supuesta base de la decisión es que las condiciones en Nicaragua han mejorado hasta tal punto que el TPS ya no es necesario, mientras que para Honduras “se necesita más información”, en palabras de la secretaria interina del DHS Elaine Duke. Duke añadió que el gobierno de Nicaragua no había hecho ninguna solicitud para prorrogar el TPS para sus ciudadanos en los EUA, mientras que las autoridades hondureñas han solicitado una extensión.

El cambio hacia un endurecimiento draconiano de las medidas que conciernen a los inmigrantes contemplados por el TPS fue señalado en mayo cuando el entonces secretario de Seguridad Nacional —y actual jefe de gabinete de la Casa Blanca— el General John Kelly concedió una prórroga de seis meses, en vez de una de 18, a casi 59.000 haitianos que llevan viviendo en los EUA desde el devastador terremoto de 2010 que se cobró la vida de 300.000 personas, al tiempo que dejaba sin hogar a un millón y medio.

Kelly afirmó falsamente que el gobierno haitiano quería que sus ciudadanos fueran devueltos e instó a los que estaban en los EUA a usar los seis meses “para preparar su regreso a Haití”.

Mientras tanto, el estatus de TPS para inmigrantes que vinieron a los EUA antes de los terremotos que devastaron a El Salvador en 2001 caducará en marzo. Los salvadoreños son con mucho la mayor población afectada por el programa, con aproximadamente un cuarto de millón de ellos habiendo sido atendidos por el programa. Parece probable que el DHS detectará “mejoras” similares en este país centroamericano para justificar su expulsión.

Las afirmaciones de que el gobierno de los EUA está actuando sobre la base de cualquier evaluación objetiva de que estas personas que llevan mucho tiempo siendo residentes en los EUA pueden reintegrarse en los países de los que se fueron en muchos casos hace décadas son completamente falsas y cínicas.

El Triángulo del Norte de América Central, azotado por la pobreza, se enfrenta a niveles de violencia propios de guerra civil: 50.000 personas fueron asesinadas allí a lo largo de los últimos tres años. Haití sigue plagado de pobreza y falta de infraestructura, y el Huracán Matthew en 2016 dejó allí enormes destrozos tras su paso.

Todos esos países son víctimas no solo de catástrofes naturales, sino más fundamentalmente de un siglo de opresión por parte del imperialismo estadounidense, puntualizada por invasiones y ocupaciones estadounidenses, dictaduras respaldadas por los EUA y guerras civiles y golpes orquestados por la CIA.

El coste humano de las políticas que está iniciando la administración Trump es devastador. Un estudio reciente hecho por el Centro de Estudios Migratorios encontró que los beneficiarios del TPS de El Salvador, Honduras y Haití —que constituyen el 90 por ciento de los inmigrantes que tienen este estatus— juntos tienen 273.000 hijos que son ciudadanos estadounidenses. Más de la mitad de los de El Salvador y Honduras, y el 16 por ciento de Haití, llevan viviendo 20 años o más en el país, mientras que 68.000 de ellos —el 22 por ciento— llegaron antes de los 16 años de edad. Aproximadamente el 30 por ciento de ellos está pagando hipotecas por sus hogares.

El impacto en los países a los que serán enviados estos inmigrantes también será catastrófico. Los giros de dinero desde el extranjero, la mayoría de los cuales vienen de inmigrantes en los EUA, constituyen casi el 30 por ciento del producto interior bruto (PIB) de Haití. En los países centroamericanos, constituyen aproximadamente el 15 por ciento.

La anulación del TPS es parte de una política fascistoide por parte de la administración de Trump que demoniza a los inmigrantes como una amenaza a la seguridad nacional y una merma en los empleos y estándares de vida “estadounidenses”. Está en línea con el ataque general a los trabajadores inmigrantes mediante redadas intensificadas y arrestos y las amenazas de deportación masiva.

Al mismo tiempo, la administración está utilizando a los inmigrantes del TPS —como a los llamados Dreamers [soñadores], los 800.000 jóvenes inmigrantes indocumentados atendidos por la Acción Diferida para Llegados en su Infancia (DACA)— como peones en su intento de imponer leyes draconianas anti-inmigración que fortalecerían masivamente las medidas de Estado policial contra la inmigración, revocarían políticas actuales que permiten a ciudadanos estadounidenses y a inmigrantes legales patrocinar a familiares cercanos y limitarían drásticamente los derechos de los refugiados.

En su declaración anunciando la decisión más reciente sobre el TPS, la secretaria interina Duke exigió “al Congreso que promulgue una solución permanente a este programa inherentemente temporal”.

Las medidas de la administración han extraído fuego de su base entre capas fascistoides y supremacistas blancos, reflejado en medios como Breitbart, que acusó al DHS de “desplome” al no ordenar la deportación sumaria de cientos de miles de centroamericanos y haitianos.

El Partido Demócrata ha indicado su voluntad de alcanzar un acuerdo con Trump en intensificar la guerra contra los inmigrantes. En septiembre, el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer y la líder de la minoría de la Cámara Nancy Pelosi elogiaron a Trump por su fingida “compasión” por los Dreamers, indicando que estaban dispuestos a aceptar un acuerdo que incluyera una seguridad fortalecida de las fronteras y un endurecimiento de las medidas respecto a la inmigración.

Tal acuerdo solo representaría una mayor intensificación de las políticas anti-inmigración promulgadas por la administración del presidente Barack Obama, que se ganó el título de “deportador en jefe” por expulsar a más inmigrantes que todos los presidentes anteriores juntos.

La decisión brutal del lunes sobre el TPS no carece de antecedentes. En septiembre de 2016, antes de entregar la Casa Blanca a Trump, la administración Obama privó del Estatus Protegido Temporalmente a 4.270 inmigrantes de Guinea, Sierra Leona y Liberia a quienes se había permitido quedarse legalmente en los EUA a causa de la crisis del ébola en África.