La decisión de la Administración Trump de acabar con la neutralidad del Internet es un hito en la ofensiva del Gobierno y las principales corporaciones estadounidenses para poner fin a un Internet gratuito y abierto, abriéndole el paso a una censura estatal generalizada de las noticias y análisis de oposición.

Bajo la ley actual, ratificada por numerosos fallos judiciales y convalidada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) en el 2015, las compañías que proveen el acceso al Internet, conocidas como proveedoras del servicio del Internet (ISPs, por sus siglas en inglés), no pueden bloquear ni impedir que un usuario acceda a un sitio web u otros servicios.

Sin embargo, el borrador del proyecto de ley publicado el miércoles por el presidente de la FCC, Ajit Pai, el cual se espera que sea aprobado sin mayor inconveniente el próximo mes, finalizaría las décadas en las que los servicios en línea han sido tratados como utilidades públicas. Les permitiría a los monopolios del Internet, Comcast, Charter, AT&T Y Verizon bloquear, manipular y promover el tráfico a su voluntad.

Esto los dejará interferir con el acceso a ciertas páginas, como el World Socialist Web Site, WikiLeaks u otras fuentes de noticias críticas políticamente, completamente a su discreción, al igual que redes para compartir documentos entre pares, los cuales eran utilizados por medios noticieros para eludir la censura en el pasado.

El final de la neutralidad del Internet también tendrá un impacto económico substancial. Al acabar con la mayor parte de las regulaciones estatales para los gigantes del Internet, permitiría a las ISPs utilizar su poder monopólico para aumentar los precios para los consumidores. Mientras que la mayoría de las personas se verán relegadas a un Internet lento y en gran parte censurado, la habilidad para comunicar información libremente será reservada para aquellos que puedan pagar tasas especiales exorbitantes.

Más allá, al obligar a los proveedores de contenido a pagar un recargo, la eliminación de la neutralidad del Internet amenaza con consolidar aún más los monopolios en el sector de comunicación, mientras limitan el acceso a negocios pequeños y sitios web financiados por sus usuarios, los cuales no tendrán los recursos para competir con los gigantes tecnológicos y mediáticos. Los ISPs podrán subir sus tasas para los sitios y servicios más pequeños, potencialmente expulsándolos del Internet.

Los principales medios de comunicación, los cuales han arremetido por años contra los blogs, sitios web y otras fuentes de noticias independientes que han ganado lectores a expensas de ellos, sin duda buscarán utilizar el nuevo decreto para abalanzar su poder económico y recuperar el control que ejercían antes sobre el discurso político.

El poder que les concede a un puñado de corporaciones es asombroso. Las cuatro mayores compañías de telecomunicaciones controlan más del 75 por ciento de los servicios de Internet de alta velocidad. Más de la mitad de los hogares estadounidense tiene solo un ISP como opción, mientras que la mayoría del resto de hogares solo puede acceder a dos proveedores.

Ahora, estos monopolios gigantes, que ya han demostrado que actuarán como brazos del Gobierno cuando colaboraron con los programas de espionaje masivo e ilegal de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), tendrán abierta la opción de bloquear el acceso a sitios web en su totalidad.

Pese a que las principales redes sociales y empresas de distribución de la información, como Facebook y Google se han opuesto a la decisión, lo han hecho enteramente desde el punto de vista de que poner fin a la neutralidad del Internet les da más poder a los proveedores del servicio a competir con sus negocios.

Facebook, Twitter y Google, el cual es propietario de YouTube, han dejado claro que apoyan firmemente la censura en línea, la cual constituye el contenido esencial de la eliminación de la neutralidad de la red.

Esta semana, Facebook anunció que notificaría a sus usuarios cuando están leyendo contenido de cuentas acusada por las agencias de inteligencia estadounidenses de estar divulgando “propaganda rusa”, creando así una lista negra de medios que comparten fuentes críticas de noticias y análisis.

Esto siguió el anuncio por parte del ejecutivo de Google, Eric Schmidt, de que “desclasificaría” a RT, Sputnik y lo que llamó “ese tipo de sitios” de sus búsquedas y productos de noticias. Tal declaración permite una interpretación abierta acerca de sus intenciones sobre censurar no sólo a sitios web asociados con Rusia, sino efectivamente a toda oposición política. Los comentarios de Schmidt fueron una confirmación de las declaraciones del World Socialist Web Site de que Google está buscando limitar el acceso a sitios con base en un criterio político.

Por su parte, YouTube se ha embarcado en un frenesí de censura, eliminando videos y prohibiendo y desmonetizando canales que, según la plataforma, están divulgando perspectivas “extremistas”.

La supresión de la neutralidad del Internet desempeña un papel clave en esta ofensiva de censura. Bajo las condiciones que existían antes de esta decisión, los usuarios podían eludir estas formas de intensa censura por medio de otras plataformas más pequeñas y abiertas para compartir información.

Sin embargo, con el fin de la neutralidad del Internet, los monopolios de redes sociales y de servicios de transmisión podrán estrangular a sus competidores advenedizos, manteniendo a los usuarios encerrados en plataformas que funcionan cada vez más como redes de distribución de propaganda aprobada por el Estado.

Miles de millones de personas en todo el mundo han acogido el Internet precisamente porque ofrecía una forma gratuita y sin trabas para acceder y compartir información. Las organizaciones de oposición y socialistas, excluidas por décadas del discurso público por el monopolio efectivo ejercido por los principales periódicos y estaciones de televisión y radio, encontraron una audiencia hambrienta de la información suprimida por la cada vez más desacreditada prensa establecida.

Las mentiras estatales —como las “armas de destrucción masiva” que fueron utilizadas para justificar la invasión de Irak, la complicidad del Gobierno con organizaciones islamistas que supuestamente estaba combatiendo como parte de la guerra contra el terrorismo, el espionaje masivo y la naturaleza oligárquica de la política estadounidense— han sido expuestas a través de las publicaciones en el Internet.

Ahora, contra el trasfondo de un recrudecimiento del peligro de guerra y un aumento empinado de la desigualdad social, el acceso público a fuentes alternativas de información es visto como una amenaza intolerable que tiene que ser eliminada o suprimida.

La comunicación por Internet no es un lujo, sino una necesidad social vital que tiene que ser tratada como una utilidad pública. Sin embargo, cuando tres multimillonarios poseen tanta riqueza como la mitad de la población del país y toda la vida social y económica es controlada por un número cada vez más pequeño de corporaciones poderosas, los derechos sociales, desde comunicaciones a las necesidades más básicas en otra infraestructura pública, son tratados como privilegios disponibles solamente para una capa cada vez más fina de la población que los puede costear.

La demanda para atender los derechos sociales más básicos, incluyendo la libertad de expresión y la libertad de prensa, entra en conflicto con el sistema capitalista.

La defensa de un Internet abierto y gratuito es inseparable de la lucha contra el capitalismo, basada en la movilización independiente e internacional de la clase obrera alrededor de un programa socialista. Los monopolios tecnológicos masivos y abultados, los cuales ahora ven como su principal función bloquear, no diseminar, la información, tienen que ser apropiados y convertidos en utilidades públicas a fin de proveerle a toda la población global el conocimiento combinado del mundo.