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España acusa a Rusia de interferir en crisis catalana

La clase política de España es la última en culpar a Rusia por su crisis sistémica de gobierno, esta vez en relación con el referéndum sobre la independencia de Cataluña, y en utilizar tales acusaciones para atacar los derechos democráticos.

Como en el resto del mundo, los medios de comunicación previamente liberales, como el diario El País, tradicionalmente pro Partido Socialista (PSOE), son los que han instigado y dirigido la campaña.

El País ha llevado a cabo una campaña frenética y paranoica donde afirma que la crisis catalana no fue provocada por la violenta represión gubernamental del Partido Popular (PP) contra los secesionistas, sino por Moscú y su promoción de “noticias falsas”.

En solo dos meses, el periódico ha publicado 47 artículos que vinculan a Rusia con la crisis catalana, incluyendo 5 editoriales. Al frente de la campaña está el director adjunto, David Alandete.

Alandete se graduó de la Universidad George Washington en el 2006 con una maestría en Política y Prácticas Internacionales, gracias a una beca Fulbright. Se convirtió en periodista acreditado en el Departamento de Estado, el Pentágono y el Congreso, y cubrió el caso judicial de la denunciante Chelsea Manning, así como el décimo aniversario de la invasión estadounidense de Afganistán, convirtiéndose en uno de los pocos periodistas no estadounidenses autorizados a visitar el campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

El País y Alandete comenzaron su campaña de “noticias falsas” con un artículo del 25 de septiembre publicado en inglés “How Russian news networks are using Catalonia to destabilize Europe” (Cómo las redes de noticias rusas están utilizando a Cataluña para desestabilizar a Europa).

Apenas una semana antes del referéndum de independencia del 1 de octubre, el periódico pregonaba: “En un intento para sembrar discordia dentro de la Unión Europea, la maquinaria de disrupción en línea rusa está trabajando a toda velocidad para equiparar la crisis catalana con los conflictos en Crimea y con los Kurdos a los ojos de opinión pública.”

Las ostensibles pruebas eran agencias noticieras pro-Kremlin como RT, Sputnik y Vzglyad y supuestas cuentas prorrusas de Twitter que se atrevían a cuestionar el aplastamiento siendo preparado contra el referéndum, algo que El País y los demás grandes medios principales madrileños exigían fervientemente que impulsara el Gobierno del Partido Popular (PP), independientemente de las consecuencias.

Continuamente, apareció otro artículo en el que se afirmaba que se había llevado a cabo un “un pormenorizado análisis de webs prorrusas y perfiles de redes sociales”. En una amalgama de galerías de villanos, denunció varias cuentas de Twitter, informes de noticias de RT, un ejército de bots prorrusos, así como a Julian Assange y Edward Snowden, quienes supuestamente habían estado minando la “legalidad constitucional” de España durante la crisis catalana.

Desde entonces, El País ha afirmado una y otra vez que hay evidencia incontrovertible de la interferencia estatal rusa en la crisis catalana, una ficción que esperan que de repetirla se enraíce en la conciencia popular como un hecho.

El hecho es que no hay evidencia.

Las fuentes principales de El País son el centro de pensamiento pro-EUA, el Atlantic Council, el grupo de reflexión español, El Instituto Elcano, el cual depende únicamente de El País para su información, y un estudio realizado por Javier Lesaca, investigador visitante en la Escuela de Medios y Asuntos Púbicos del alma mater de Alandete, la Universidad George Washington, y también columnista de El País. El estudio no ha sido publicado ni mencionado por la universidad, y el lector tiene que aceptar incuestionablemente que el “software avanzado de medición y análisis de big data que utiliza tecnología española”, supuestamente utilizado por Lesaca en su estudio.

Al principio, el Gobierno del PP ignoró los reclamos de El País. En ese momento, aplaudía el apoyo de Moscú a sus medidas represivas, algo reflejado por el embajador español en Rusia, Ignacio Ibáñez Rubio, quien declaró: “Desde el principio, Rusia ha reconocido que este es un asunto interno de nuestro país ... Así que estamos muy complacidos con la posición de Rusia respecto a la crisis en Cataluña”.

Pero las arremetidas diarias regresaron. Publicó un editorial criticando al PP por ignorar las investigaciones del comité de inteligencia del Senado estadounidense y no mostrar “—al menos aparentemente— de considerar preocupante lo que podría ser una injerencia directa extranjera con afán desestabilizador” en medio de “la mayor crisis institucional que ha vivido España en las últimas décadas, una crisis que amenaza su integridad territorial”.

No fue hasta el 10 de noviembre, después de 18 artículos y 3 editoriales de El País, que el Gobierno español tomó la pista y alertó sobre la supuesta interferencia rusa, tres días antes de su asistencia a una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE).

Descartando evidencias del Centro Criptológico Nacional diciendo que no había detectado ninguna participación de algún Estado extranjero durante la crisis catalana, el portavoz del Gobierno del PP, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, lanzaron un ataque contra Rusia.

“Creemos que Europa debe tomarse este tema muy en serio... No es posible que fuerzas extrañas, ajenas, que no sabemos quiénes son, quieran alterar ese orden constitucional”, declaró Méndez.

Cospedal explicitó: “Lo que tiene contrastado el Gobierno es que muchos mensajes e intervenciones que se han producido a través de las redes sociales vienen del territorio ruso”.

La UE, en parte utilizando los reclamos falsos de España, formó un Grupo de Expertos de Alto Nivel encargados con discutir “posibles acciones futuras para fortalecer el acceso de los ciudadanos a información confiable y verificada y prevenir la difusión de desinformación en línea”. En otras palabras, La UE dio aviso de que ahora decidirá qué pueden leer o decir en línea los usuarios del Internet en todo el continente.

El PSOE también intervino, convocó una sesión urgente de la Comisión de Seguridad Nacional en el Parlamento para discutir la interferencia rusa e invitó como invitada de honor a la investigadora de El Instituto Elcano y miembro del centro de pensamiento pro-PP, FAES, Mira Milosevich.

Milosevich, que cuenta en su historial la promoción de la Guerra de Irak del 2003 y las mentiras sobre armas de destrucción masiva para justificarla, preparó una presentación sobre, según sus propias palabras, una “hipótesis” basada en el “comportamiento anterior” de Rusia y “documentos oficiales rusos”.

La hipótesis de Milosevich equivalía a afirmaciones inciertas e infundadas, entre ellas: “Hay varios medios que han transmitido información errónea (intencionadamente o no) sobre Cataluña”; “El concepto de la guerra de información está en la doctrina militar de Rusia”; y que Cataluña supuestamente se asemeja a “Hechos previos en la guerra de información en las campañas de las elecciones presidenciales en EUA, en la campaña del brexit, en las elecciones de Francia y Alemania”.

A pesar de admitir que, “No existen pruebas materiales ni huellas informáticas de que fuera ordenada por el presidente Vladimir Putin o por miembros de su gabinete”, la conclusión descarada de Milosevich fue que “Rusia está en una guerra informativa con España”.

Tras la contribución de Milosevich, representantes del PP, el PSOE y el partido de derechas Ciudadanos exigieron medidas para censurar comentarios críticos del Gobierno español. Le pidieron a Google y a otras redes sociales que ocultaran las páginas web de los sitios con influencia rusa.

El único partido que criticó a la Comisión de Seguridad Nacional fue el pseudoizquierdista Podemos, pero lo hizo desde la derecha, atacando al PP por socavar el prestigio internacional de España. Su secretario de organización, Pablo Echenique, lamentó la broma telefónica realizada por dos comediantes rusos que engañaron a la ministra de Defensa española, haciéndola creer que el presidente depuesto catalán, Carles Puigdemont, era un espía ruso. Lo llamó una “vergüenza nacional ... una enorme incapacidad del Gobierno para llevar a cabo una política internacional que no provoque ridículo fuera de nuestras fronteras”.

La campaña española “antirrusa” tiene el mismo propósito político que en Estados Unidos, donde lo que comenzó como un intento del Partido Demócrata de explicar su derrota como resultado de la interferencia rusa y justificar sus intentos de anular la elección presidencial de Donald Trump se ha convertido en una represión de escala completa contra la libertad de expresión. Los medios de comunicación rusos están siendo objeto de censura, como parte de una campaña cada vez más amplia contra cualquier sitio web que exponga la narrativa de la clase gobernante sobre la política nacional e internacional, sobre todo contra el World Socialist Web Site.

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