La aprobación por parte del Senado del proyecto de ley introducido por el Gobierno de Donald Trump representa un hito en las décadas de ofensiva burguesa contra la clase obrera en Estados Unidos.

Ante una falta de oposición seria de los demócratas y con la promulgación final prácticamente asegurada para fines de mes, una vez que se completen las últimas negociaciones con la Cámara de Representantes, los congresistas republicanos ya están avanzando a la siguiente etapa de la agenda de guerra de clases: la evisceración del programa jubilatorio del seguro social y los seguros médicos federales para adultos mayores, Medicare, y para los ciudadanos más empobrecidos, Medicaid.

La versión de la legislación fiscal adoptada por el Senado aumenta el déficit del presupuesto federal en $1,5 billones, algo que inmediatamente activa recortes de medio billón de dólares de Medicare durante los próximos diez años, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y que abre la puerta a otros recortes sociales masivos.

La semana pasada, Trump declaró ante un mitin en Missouri, “Ahora abordaremos la reforma del bienestar”. El miércoles, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, les comentó a ejecutivos empresariales: “Muchos argumentan que no puedes rebajar los impuestos porque eso aumentaría el déficit”. Pero, en realidad, indicó, los costos pueden ser cubiertos por “cambios estructurales al seguro social y Medicare en el futuro”.

El término “cambios estructurales” se refiere a la privatización de estos programas elementales de los que dependen cientos de millones de personas, destruyendo así sus garantías sociales.

El plan para destruir estas garantías vendrá después de las disposiciones sumamente regresivas del proyecto de ley fiscal. Dentro de una década, habrá aumentado los impuestos para los hogares con ingresos menores a $75 000 al año, y los habrá disminuido para los más acaudalados. Pero, el cinco por ciento más pudiente de la población recibirá el grueso de los beneficios. Más allá, mientras que el 0,1 por ciento más rico verá un aumento del dos por ciento en sus ingresos después de impuestos para el 2027, el 20 por ciento o quintil más pobre sufrirá una pérdida.

Ambas versiones, la del Senado y de la Cámara de Representantes, cortan casi a la mitad la tasa de impuestos para las empresas, del 35 al 20 por ciento. Además, les permiten a las corporaciones repatriar los ingresos que ocultan en el extranjero con un impuesto descontado de 14,5 por ciento o menos. Son cientos de miles de millones de dólares en ganancias adicionales que le lloverán a las mayores empresas del mundo, las cuales ya contaban con sumas exorbitantes de efectivo disponible.

La versión del Senado disminuye dramáticamente el impuesto sobre las herencias, mientras que la versión de la cámara baja lo elimina completamente. El 0,2 por ciento de hogares cuyos patrimonios alcanzan o superan los $11 millones de dólares podrán heredar sus fortunas virtualmente intactas, creando una versión moderna de una aristocracia dinástica. La versión de los diputados les impone un inmenso aumento impositivo a los estudiantes de posgrado y la versión de los senadores trasiega los fondos de las escuelas públicas a escuelas privadas y religiosas.

Tan despiadado saqueo de la sociedad por y para los ricos ha surcado el Congreso sin una oposición real de los demócratas. Apoyan el enorme paliativo tributario para las empresas, si bien de una magnitud algo menor, y se han quejado de que los republicanos los están aparatando de las negociaciones y de poder disminuir la carga contributiva de los ricos de forma bipartidista.

Una legislación como tal solo pudo haberse aprobado ante una falta de resistencia organizada. Los demócratas no han apelado del todo a la oposición popular, la cual abunda, según varias encuestas de opinión. Al contrario, se han concentrado en la promoción de la caza de brujas por agravios de carácter sexual contra mujeres y el frenesí sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016, ambos de los cuales están siendo utilizados para atacar los principios democráticos de un debido proceso judicial y la presunción de la inocencia y para abrir paso para la represión y la censura. Estas campañas reaccionarias sirven igualmente como una distracción del saqueo del tesoro público estadounidense por parte de la burguesía, conforme se obsequia a sí misma billones de dólares en recortes tributarios.

De igual manera, los sindicatos no han hecho nada para oponerse al proyecto de ley, algo que no causa sorpresa ya que son dirigidos por personas con salarios de seis cifras, lo que los coloca en la élite que se beneficiará personalmente de la legislación.

Este drástico cambio al régimen contributivo marca una escalada en la contrarrevolución social de las últimas cuatro décadas, avanzada tanto por Gobiernos demócratas como republicanos, en los que los recortes fiscales para las empresas han tenido un lugar privilegiado. Después de la crisis de Wall Street del 2008, esta ofensiva se intensificó.

El Gobierno de Obama le inyectó billones de dólares a Wall Street por medio de rescates bancarios, tasas de interés cercanas a cero y la impresión de nuevo dinero bajo el título de “flexibilización cuantitativa”. A esto, se le sumaron ataques a los salarios y pensiones de los trabajadores y recortes presupuestarios a nivel federal, estatal y local. El programa principal de esta Presidencia, Obamacare, tenía como objetivo trasladar la carga de los costos de la salud de las corporaciones y el Gobierno a los trabajadores.

Esta ofensiva contra la clase obrera emerge inexorablemente del sistema capitalismo. Por décadas, la burguesía estadounidense ha buscado contrarrestar el declive del poder económico de EUA, y sus consecuencias para los ingresos corporativos, mediante la redistribución de la riqueza y los ingresos de la clase obrera a las manos de los ricos.

La creación de una serie de burbujas especulativas ha acompañado este proceso, incluyendo la burbuja de las puntocom a finales de los noventa, la burbuja inmobiliaria de los 2000 y el auge en marcha de los activos financieros. Sobran advertencias de que esta última burbuja, que comenzó con el rescate bancario y ha más que triplicado el índice bursátil Dow Jones, ya pasó su tiempo de expiración para una fuerte corrección que podría eclipsar la crisis financiera del 2008.

La vertiginosa subida de los precios de las acciones requiere una redistribución de la riqueza de los pobres a los ricos incluso más agresiva para seguirle irrigando efectivo al esquema de Ponzi. Como lo dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, “En la medida que podamos finalizar el acuerdo fiscal, el mercado bursátil llegará más alto”. Pero advirtió: “No me cabe duda del todo de que, si no lo logramos, verán un revés en una parte significativa de las ganancias”.

Esto explica el agitado ritmo con el que se aprobó el proyecto de ley. El voto del senado concluyó a las dos de la mañana el sábado, sin permitirle a los congresistas leer el documento, el cual se entregó con cambios garabateados en los márgenes.

En el 2009, el World Socialist Web Site publicó una conferencia de David North titulada “La crisis capitalista y el regreso de la historia” (disponible en inglés), que indicaba que, “la característica más esencial de una crisis históricamente significativa es que conlleva a una situación en la que las principales fuerzas de clases en el o los países afectados se ven obligadas a formular y adoptar una postura independiente en relación con esta crisis”.

North aseveró: “Para las clases gobernantes, este proceso sucede de forma particularmente natural. Asumen que sus intereses, políticos y económicos, son los únicos que importan”. Para la clase obrera, sin embargo, “la formulación de una actitud independiente hacia la crisis, con el necesario programa y políticas, se convierte en un proceso social y político más prolongado”.

La burguesía ha dejado clara la respuesta de su clase a la crisis económica, política y social que domina a la sociedad estadounidense —más desigualdad, austeridad y guerra—.

La nueva etapa en la contrarrevolución social inevitablemente provocará una oposición de masas. La cuestión crítica para la clase obrera es la formulación y movilización alrededor de un programa político tan preciso y elaborado como el de la clase gobernante, uno que articule sus necesidades e intereses. Tal programa tiene que exigir la confiscación de la riqueza de la clase capitalista, la toma de las principales corporaciones, su transformación en utilidades públicas bajo un control democrático, y la reorganización de la vida social y económica con base en la igualdad social, es decir, un programa socialista.