Arranca la campaña electoral catalana en medio de la represión del gobierno del Partido Popular

por Paul Mitchell y Chris Marsden
7 diciembre 2017

Ha empezado la campaña para las elecciones regionales catalanas previstas para el 21 de diciembre. Las elecciones son una caricatura de democracia, que tienen lugar a la sombra de la represión instigada por el gobierno del Partido Popular (PP) español.

El antiguo presidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro otros ministros siguen exiliados en Bélgica. Están intentando evitar ser arrestados bajo las previsiones del Artículo 155 de la Constitución española, mediante el cual el PP impuso el gobierno directo sobre Cataluña en respuesta al referéndum del primero de octubre sobre la independencia, organizado por la coalición secesionista que encabezaba el gobierno regional.

El lunes, el Tribunal Supremo de España le negó la libertad bajo fianza a lo encarcelados ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, el ex Consejero de Interior Joaquim Forn y los dirigentes de los grupos cívicos Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Como Puigdemont, están acusados de sedición, rebelión y malversación por hacer una declaración unilateral de independencia (DUI) siguiendo al referéndum del primero de octubre. El tribunal declaró que una “repetición criminal” del proceso independentista podría suceder si se soltara a los presos.

Seis otros ex consejeros encarcelados fueron liberados bajo fianza pagando 100.000 euros, solo tras estar de acuerdo en atenerse a los términos del Artículo 155, que ilegaliza su manifestación política de independencia. El Artículo 155 fue utilizado por primera vez, contra Cataluña, acompañado por el envío de tropas y miles de Guardias Civiles, que lanzaron ataques brutales a los votantes durante el referéndum.

La decisión del PP de mantener a los cuatro dirigentes separatistas en la cárcel se tomó a pesar de que la coalición entre el Partido Democrático Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Junqueras haya declarado que el referéndum del primero de octubre fue “consultivo” y la declaración unilateral de independencia (DUI) del 26 de octubre puramente “simbólica”. Ambos participan de las elecciones del 21 de diciembre aunque antes las habían tachado de ilegales, y han omitido cualquier referencia a la DUI en sus programas electorales.

Pero ni esto es suficiente para el Gobierno de Mariano Rajoy. Está decidido a dejar claro que cualquier intento de revivir el “proceso de independencia” será recibido con más represión. En una entrevista el 29 de octubre con El Mundo, el portavoz del PP en el parlamento Pablo Casado declaró, “El Artículo 155 es una advertencia. Ningún desafío independentista, por más mayoría que tenga, tendrá éxito”.

El giro del PP hacia medidas de Estado policial tiene implicaciones que van mucho más allá de reprimir a los secesionistas catalanes. El delegado del gobierno del PP en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha advertido al Partido Socialista (PSOE) regional, que está en coalición con el partido Podemos de la pseudo-izquierda, de que su política “está empezando a ser digna de la aplicación del Artículo 155”. Alfonso Alonso, dirigente del PP en el País Vasco, también advirtió de que la región podría terminar en la “misma situación” que Cataluña porque tiene los “mismos ingredientes”.

Tampoco la amenaza de represión policial y militar tiene que limitarse a las Comunidades Autónomas españolas. Es un arma esencial en el arsenal de un gobierno minoritario frágil e impopular que persigue imponer recortes salvajes y aplastar toda resistencia a sus ataques a los derechos democráticos buscando la austeridad, el militarismo y la guerra.

El PP utilizó la poco conocida Ley de Estabilidad Presupuestaria por primera vez en Cataluña para impedir el uso de fondos del Estado para el referéndum del primero de octubre, afirmando que fue una intervención “excepcional” para parar una “situación de ilegalidad manifiesta”. En noviembre, sin embargo, el PP anunció que ejercería un control semanal de las finanzas de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, respaldada por Podemos, y amenazando con destituirla, a pesar de que su administración redujo un tercio la deuda de la ciudad de 2 mil millones de euros. Más recientemente, el Ministerio de Hacienda envió cartas a 22 grandes consejos municipales, principalmente en el sur, región más pobre, incluyendo a Sevilla, Cádiz y Granada, advirtiéndolos de que pagaran a sus proveedores o el Ministerio quedaría a cargo de las finanzas.

Los peligros planteados por esta ofensiva planificada son aumentados también debido a la perspectiva política en bancarrota seguida por los independentistas catalanes. A pesar de sus invocaciones de la lucha heroica librada contra el fascismo franquista y el hecho de que hayan quedado mal con el PP, los nacionalistas catalanes tienen tan poca intención de defender a la clase trabajadora como la tienen las administraciones del PSOE-Podemos que están siendo atacadas en otras partes de España.

Una de las principales razones por las que la coalición del PDeCAT/ERC lanzó su propuesta independentista fue para desviar la oposición social creciente a su implementación de recortes salvajes desde la crisis económica global de 2008. Los partidos independentistas culparon por cada ataque que hicieron al hecho de que Cataluña está obligada a pagar demasiados impuestos para mantener a las Comunidades Autónomas menos prósperas de España. Apelaron a las capas de la clase media sobre esta base, mientras se concentraban en fomentar el nacionalismo cultural de una manera que dividía a los trabajadores en Cataluña y en España, y en la propia Cataluña, donde grandes sectores de la clase trabajadora son hablantes de castellano y los que apoyan la independencia son la minoría.

El partido de la pseudo-izquierda Candidaturas de Unidad Popular (CUP) desempeñó un papel pernicioso al adornar la secesión con un barniz izquierdista y presentándola como la respuesta a la austeridad. Tras las elecciones regionales de 2015, mantuvo el equilibrio del poder y, a cambio de permitir que ERC y el PDeCAT formaran un gobierno y prosiguieran con la austeridad, exigieron con éxito un referéndum por la independencia. Las preocupaciones comunes de los trabajadores y de los jóvenes, españoles y catalanes, quedaron a continuación enterradas bajo una avalancha de retórica nacionalista divisoria precisamente cuando la necesidad de la unidad se ha vuelto de importancia primordial para confrontar una clase capitalista que se enfrentaba a una crisis de gobierno sin precedentes.

El verdadero objetivo de los partidos separatistas siempre ha sido seguir desarrollando a Cataluña como una plataforma de inversiones de bajos impuestos y bajos salarios para los principales bancos y corporaciones. Como el referendum del primero de octubre, manifestaciones en las calles tuvieron lugar solo para respaldar llamamientos a la Unión Europea para respaldar mayores competencias respecto a la recaudación de impuestos y otras concesiones para Cataluña del gobierno central español, comparables a las que ya se concedieron a la Comunidad Autónoma vasca.

Cuando en cambio la UE respaldó la represión de Rajoy, y los bancos y las grandes compañías empezaron a irse de Barcelona, los nacionalistas declararon que el referéndum y la DUI pretendían ser “simbólicos” y no vinculantes, mientras Puigdemont declaraba que él estaba “siempre abierto a otro tipo de relación con España”.

El ex vicepresidente catalán Junqueras dijo que todos ellos habían sido “ingenuos”. Continuó: “No pensábamos que el Estado se atrevería a aplicar estos niveles de represión. O que la Unión Europea toleraría que el gobierno del PP, en nombre de la unidad de España, tomara medidas tan duras contra el pueblo y las instituciones de Cataluña”. La concejala de Barcelona por la CUP y ex diputada catalana Eulàlia Reguant declaró que el problema era que “la capacidad coercitiva del Estado” había sido “subestimada”.

La clase trabajadora debe tener una posición independiente contra la represión de Madrid en Cataluña, incluyendo la exigencia de la liberación de los cuatro presos políticos, la retirada de todos los cargos y la cancelación del Artículo 155.

En vísperas del referéndum del primero de octubre, el Comité Internacional de la Cuarta Internacional emitió una declaración con el título “¡Oponeos a la represión del Estado al referéndum sobre la independencia de Cataluña!”. Explicábamos allí: “La represión del PP goza del apoyo de las principales potencias europeas y de los Estados Unidos —temiendo la división de un miembro de la Unión Europea y de la OTAN— a pesar de temores de que las medidas del presidente del Gobierno español Mariano Rajoy inflamen el sentimiento independentista”.

La declaración insistía en que “la única política válida contra el peligro de la guerra y la dictadura es luchar para unificar a la clase trabajadora en España y en Europa en una lucha contra el capitalismo y por la reorganización socialista de la sociedad. Esto solo puede llevarse a cabo en lucha revolucionaria contra todas las facciones burguesas españolas... Solo la formación de gobiernos obreros en cada país y la unificación de Europa sobre bases socialistas puede impedir el descenso hacia la reacción social y la guerra y permitir el desarrollo armonioso de la economía de Europa para satisfacer las necesidades de su población”.