La Casa Blanca de Trump está preparando un ataque de gran alcance a los pobres

por Patrick Martin
14 diciembre 2017

La administración Trump está preparando un ataque frontal a los programas sociales para los estadounidenses más pobres, según un informe publicado el lunes por el sitio web Politico. Esto implicaría “los cambios de mayor envergadura a los programas de seguridad en la red de protección social en una generación, usando leyes y órdenes ejecutivas para poner en la mira a los beneficiarios de vales de comida, Medicaid y prestaciones de vivienda”, dijo el sitio web.

“La Casa Blanca está preparando calladamente una orden ejecutiva de gran alcance que ordenaría una revisión de arriba abajo de los programas federales en los que se apoyan millones de estadounidenses pobres”, reportó Politico. “Y los legisladores republicanos están en las etapas tempranas de la preparación de leyes que podría hacer más difícil reunir las condiciones para esos programas”.

La orden ejecutiva podría publicarse el mes que viene. Equivale a una conspiración política contra los sectores más pobres de la clase trabajadora incluyendo a la Casa Blanca, los dirigentes del congreso y docenas de gobiernos estatales, trabajando conjuntamente para recortar gastos en programas para los pobres mediante una combinación de recortes directos a las prestaciones, reforzamiento de los estándares de idoneidad y maltrato a familias vulnerables para sacar a cuantas personas les sea posible de los programas de los que ahora dependen.

El Departamento de Agricultura dijo la semana pasada que daría mayores potestades a los Estados para limitar la idoneidad para los vales de comida, que este administra, imponiendo tests anti-drogas y requisitos de trabajo más severos, aunque la vasta mayoría de las familias que reciben prestaciones en vales de comida tienen por lo menos un adulto trabajando.

Los líderes republicanos del congreso indicaron que el ataque al gasto social doméstico no se limitaría a programas de indagación de medios de vida tales como los vales de comida y Medicaid, que están disponibles solo paara familias con pocos ingresos. Los programas más amplios de derecho a subsidio, que brindan servicios a todas las familias, indiferentemente de los ingresos, estarán asimismo en la mira.

El presidente de la Cámara Paul Ryan dijo en una entrevista en la radio la semana pasada, “Vamos a tener que volver el año que viene a los programas de derecho a subsidio”. Señaló a la sanidad, prometiendo no solamente revocar el Obamacare, un intento que ya ha fracasado este año en el Senado, sino también provatizar Medicare, que él denuncio como “sanidad gestionada por el gobierno”.

Expresando la afirmación repetida sin cesar por los republicanos de que afecta a las familias pobres para brindarles acceso a asistencia médica adecuada o poner comida sobre la mesa para sus hijos, Ryan declaró, “Tenemos un sistema de bienestar que básicamente está atrapando a la gente en la pobreza y efectivamente le paga a la gente para que no trabaje”.

El secretario de Agricultura Sonny Perdue se pronunció en el mismo sentido, exigiendo más recortes en el programa de vales de comida, que lleva el nombre oficial de Programa de Asistencia en Nutrición Suplementaria, o SNAP. “El SNAP se creó para ofrecer a la gente la ayuda que necesita para alimentarse a sí misma y a sus familias, pero no fue concebido para ser un estilo de vida permanente”, dijo Perdue.

Las medidas que se están preparando por parte de la administración de Trump y los republicanos del congreso, a espaldas del pueblo estadounidense, efectivamente haría pagar a los sectores más pobres de la clase trabajadora los recortes fiscales masivos para los acomodados que se encuentra ahora en las etapas finales de su aprobación en el congreso.

Tanto la Cámara como el Senado han nombrado miembros para participar en una conferencia especial que combinará las diferentes versiones del recorte fiscal de $1,5 billones para los ricos que aprobó la Cámara en noviembre y el Senado la semana pasada. Todo apunta a que lejos de representar un “compromiso”, la conferencia elegirá las medidas más reaccionarias de las versiones de la Cámara y del Senado para generar un proyecto de ley definitivo que es sustancialmente peor que cualquiera de los dos por separado.

El jueves pasado, 54 republicanos de la Cámara enviaron una carta a los dirigentes republicanos de la Cámara exigiendo que se mantuvieran firmes respecto al plan de la Cámara para una revocación total del impuesto de sucesiones —pagado solo por 5500 familias súper-ricas— en vez de aceptar el plan del Senado, que retiene el impuesto pero eleva el tamaño mínimo de la sucesión a la que se aplicaría, de $22 millones a $44 millones.

De manera similar, los republicanos del senado están exigiendo que el comité de la conferencia acepte la versión del Senado en cuanto a la eliminación de la penalización fiscal del Obamacare para aquellos que no compran seguros de salud, una medida que desestabilizaría el mercado de los seguros individuales y dejaría a otros 13 millones de personas sin cobertura sanitaria.

La esencia del proyecto de ley, que seguramente se mantendrá en cualquier versión que se adopte al final, es la rebaja de los impuestos a las ganancias de los capitalistas y la subida de los impuestos en los ingresos de los trabajadores. Es legislación de clase del tipo más flagrante y reaccionario. Como explica un análisis del proyecto de ley en el New York Times, “por primera vez desde que los Estados Unidos adoptaron una ley de la renta, una tasa mayor se aplicaría a salarios de empleados que a ingresos ganados por propietarios, sociedades y corporaciones mantenidas estrechamente”.

En esas condiciones, el Partido Demócrata ha escogido no concentrarse en la naturaleza histórica del ataque a los trabajadores, sino en una serie de escándalos políticos, primero en relación con afirmaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y ahora concernientes a una cacería de supuestos depredadores sexuales en la industria del ocio, los medios y la política, que los demócratas esperan que socave a Trump.

Cuatro senadores demócratas, incluyendo a Bernie Sanders, que desafió a Hillary Clinton para la nominación presidencial en 2016, y Kirsten Gillibrand, que está dirigiendo la purga por mal comportamiento sexual, han exigido que Trump renuncie a la presidencia a causa de las alegaciones de conducta sexual impropia por parte de más de una docena de mujeres, que incluyen incidentes que abarcan más de tres décadas.

Hay que observar que los demócratas no exigen que Trump renuncie por los crímenes que ha cometido su administración contra millones de trabajadores —atacando programas sociales, recortando el cumplimiento de normativas de seguridad y medioambientales, arrestar inmigrantes y revocando la protección del DACA para casi un millón de inmigrantes traídos aquí de niños— mucho menos por las amenazas de guerra de Trump al mundo, con la guerra nuclear en Corea del Norte.

Su foco está enteramente en la conducta personal de Trump antes de entrar en la Casa Blanca, no en las políticas que persigue su administración. Ello es así porque los demócratas en gran medida respaldan esas políticas y lo harían abierta y entusiastamente si las mismas medidas fueran llevadas a cabo por Hillary Clinton como presidenta.

De manera similar, la campaña demócrata en la elección al senado en Alabama, donde los votantes van a las urnas hoy, se concentra enteramente en alegaciones de comportamiento sexual indebido contra el candidato republicano Roy Moore, que se remontan incluso a 40 años atrás, mientras los demócratas callan sobre las condiciones sociales deplorables creadas por décadas de gobierno republicano en ese Estado sureño.

Según un reportero especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza, que visitó el Estado la semana pasada, Alabama tiene la peor pobreza de cualquier área en el mundo desarrollado, incluso la prevalencia de enfermedades como el helminto, normalmente encontradas solo en las áreas más pobres del África subsahariana. El funcionario de la ONU, Philip Alston, hizo una gira por una comunidad rural donde “aguas servidas fluyen desde las casas desde tuberías de PVC a la vista hacia zanjas abiertas y pozos”, le dijo a un entrevistador.

Los Estados Unidos tienen 41 millones de personas viviendo bajo el umbral de pobreza oficial y la segunda tasa de pobreza más alta del mundo desarrollado —por debajo solo del Estado de Israel, con su numerosa población palestina súper-oprimida.

Estos temas no preocupan al Partido Demócrata, que comparte la responsabilidad por las condiciones devastadoras con las que se confronta la clase trabajadora, empeoradas significativamente por ocho años de políticas derechistas bajo la administración de Obama.