El Senado mexicano se prepara para aprobar una nueva ley que marcaría un paso cualitativo en la militarización de la sociedad mexicana. La ley pondría al ejército a cargo de la “seguridad interior” y les daría a las Fuerzas Armadas la autoridad de llevar a cabo operaciones de espionaje masivas bajo el disfraz de luchar contra el crimen organizado. La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre, se someterá a votación pronto en el Senado, y se espera que sea firmada por el presidente Enrique Peña Nieto en los próximos meses.

La Ley de Seguridad Interior autoriza que el presidente desplegue a las Fuerzas Armadas en situaciones que coloquen en “grave peligro la integridad colectiva de las personas y/o el funcionamiento de las instituciones” o incluso en situaciones que “potencialmente puedan ser amenazas para la seguridad interior”. Estas operaciones supuestamente durarían hasta un año. Sin embargo, la ley específica que el presidente, sin ninguna aprobación legislativa o judicial, puede extender ese periodo si él o ella considera que una “amenaza” todavía sigue presente. Bajo actuales condiciones de una profunda crisis social y política, la ley le abre la puerta al establecimiento de lo que equivaldría a una dictadura militar. Protestas pequeñas pero substanciales contra la ley han ocurrido a lo largo del país.

La frase “seguridad interior” es deliberadamente vaga y podría enmarcar actividades desde desastres naturales a huelgas y protestas. Mientras que la ley reitera que el ejército no será usado contra actividades sociales o electorales, la ley específica que éstas deben ser “pacíficas”, abriendo la puerta a que incidentes de violencia aislados sean usados como pretextos para reprimir a grupos u organizaciones enteras. La ley es una expansión de previas leyes estatales utilizadas para justificar la represión militar de varias huelgas y protestas que han ocurrido desde el 2006, incluyendo a la Ley Atenco, la cual fue aprobada después de una embestida policial contra vendedores de flores en San Salvador Atenco en el Estado de México.

Las Fuerzas Armadas también serán autorizadas para “hacer uso de cualquier método de recolección de información” para “realizar tareas de inteligencia”. El lenguaje general de la ley ha sido interpretado ampliamente como una manera de que el ejército exija que los proveedores de servicios establezcan puertas traseras de encriptación y entreguen la información privada de sus usuarios. A principios de este año, se encontró que el gobierno había penetrado los teléfonos de periodistas y oponentes políticos. Ahora, la clase dirigente busca expandir su alcance para espiar a una clase obrera cada vez más desafiante.

La Ley de Seguridad Interior le otorgaría un marco legal a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo operaciones para la “guerra contra el narcotráfico”, dado que el ejército ha estado llevando a cabo tales tareas de manera informal por más de 11 años.

Mientras que el país se ha militarizado cada vez más, recientemente los niveles de violencia han llegado a niveles récord. Cuando la guerra contra el narcotráfico comenzó en el 2006, más de 6.500 miembros del ejército estaban desplegados nacionalmente. Desde entonces, se le han otorgado poderes policiales a más de 750.000 miembros de las Fuerzas Armadas alrededor del país. Los niveles de violencia ahora son peores que hace una década, con 24.000 personas asesinadas en tan solo en el 2017. Esto representa una figura más alta que el número de muertos en Afganistán e Irak —ambos desgarrados por la guerra— este año.

La raíz de es la represión es la necesidad de la clase dirigente de defender su riqueza a la fuerza. Sin embargo, la fecha de su introducción también coincide con preparaciones para las elecciones presidenciales el próximo año. Sectores dominantes de la clase dirigente no quieren que el actual líder en las encuestas —Andrés Manuel López Obrador del “izquierdista” Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)— sea el siguiente presidente mexicano.

Peña Nieto tiene índices de aprobación de tan sólo un dígito bajo condiciones en las cuales la mitad de la población vive en la pobreza y dos terceras partes de los ingresos del país son capturados por el diez por ciento más rico de la población. El probable candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, es un ex secretario de hacienda que aceleraría las políticas de austeridad y privatización que ayudó a implementar durante el gobierno de Peña Nieto.

El verano pasado, las elecciones gubernamentales más grandes del país, en el Estado de México, fueron caracterizadas por signos de fraude ya que el candidato del PRI marginalmente derrotó a la candidata de Morena. En caso de una situación comparable durante las elecciones presidenciales, la élite gobernante desea usar la Ley de Seguridad Interior para reprimir al descontento social que inevitablemente seguiría.

López Obrador, sin embargo, está vendiendo un programa derechista que no representa ninguna amenaza real para el estatus quo. Él combina llamadas populistas para reducir los salarios de los empleados gubernamentales y combatir la corrupción con promesas de no aumentar los impuestos o incrementar los gastos sociales. Ha descrito a su plataforma como una de “austeridad” para equilibrar el presupuesto fiscal. Recientemente prometió no subir los impuestos corporativos en un video dirigido a atraer a la élite empresarial mexicana y estadounidense.

López Obrador se ha puesto a la Ley de Seguridad Interior al ofrecer una manera alternativa para centralizar al ejército. Su propuesta, conocida como Mando Único, combinaría a los departamentos de policía municipales en una sola guarda nacional. “Se establece en la Constitución desde hace tiempo el que pueda haber una guardia nacional y se pueden integrar todas las corporaciones tanto las policiacas como las militares para que todos de manera coordinada enfrentemos en su momento el grave problema de la inseguridad”, dijo López Obrador.

Él propone integrar a los mandos militares aún más en la toma de decisiones ejecutivas al tener informes diarios con altos oficiales militares y el presidente. López Obrador también ha sugerido darles amnistía a miembros del crimen organizado para reducir la violencia.

El programa de Morena no hará ninguna mejora significativa en las vidas de las masas mexicanas. López Obrador se opone un análisis de clase de la sociedad mexicana y busca que empleados gubernamentales sean chivos expiatorios por la pobreza que enfrentan millones. El Mando Único es simplemente un cambio cosmético que no prevendrá que las Fuerzas Armadas repriman violentamente a la oposición social.

Como el World Socialist Web Site ha notado, él ofrece un programa de clase media que dejaría las relaciones capitalistas sociales intactas, y está principalmente dirigido a bloquear el crecimiento de oposición social, la cual ha surgido en México en la forma de protestas contra la masacre de Ayotzinapa (2014), la masacre en Oaxaca contra los maestros en paro (2016), y el aumento de impuestos del gasolinazo.

Ninguna sección del sistema político mexicano se opone a la militarización de la sociedad mexicana y las preparaciones para la posibilidad de un gobierno militar abierto. Cuando se le preguntó a Arturo Álvarez, un legislador del Partido Ecologista Verde de México, que respondiera a declaraciones de que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, dijo: “Blablablabla.”