Ante protestas de los grupos defensores de los inmigrantes y quejas a la Oficina del Inspector General (OIG, siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) investigó recientemente las condiciones que enfrentan los más de 40 000 inmigrantes detenidos en un día dado en más de 200 cárceles de detención de inmigrantes en todo el país.
El DHS publicó sus hallazgos en un informe tras visitas no anunciadas a seis instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés): la cárcel del condado de Hudson (Nueva Jersey), el centro de procesamiento de Laredo (Texas), el centro de procesamiento del condado de Otero (Nuevo México), la cárcel de la ciudad de Santa Ana (California), el centro de detención Stewart (Georgia) y el complejo Theo Lacy (California).
A pesar de suavizar su lenguaje, el informe intitulado “Preocupaciones sobre el trato y el cuidado de los detenidos del ICE en los centros de detención” revela que, tanto en los centros estatales como con fines de lucro, prosperan los tratos inhumanos y la falta de provisiones de salud, seguridad y comida, así como las prácticas sistémicas que socavan la protección de los derechos de los detenidos. La mayoría de los detenidos son acusados de infringir las leyes de inmigración, estando encarcelados hasta que se resuelvan sus casos y se los expida.
“Los centros de detención son infiernos vivientes”, le comentó un abogado de inmigración de California al WSWS. Pidio permanecer en el anonimato para evitar represalias contra sus clientes. “Las enfermedades se diseminan, los guardias colocan letreros racistas en español para que todos los vean, e incluso llamar a un detenido puede llevar horas de transferencias telefónicas kafkianas y operadores que son callejones sin salida. Un día, esto será recordado como un episodio tan vergonzoso como el internamiento japonés”.
El DHS entrevistó a los detenidos, así como a los trabajadores del ICE y de los centros de detención, incluido el personal médico, los oficiales de agravios y el personal de supervisión. Inspeccionaron las áreas de procesamiento de admisión, instalaciones médicas, cocinas, comedores, áreas residenciales, dormitorios, duchas, baños, áreas de servicios legales, instalaciones recreativas, peluquerías, y presenciaron juicios migratorios y las presentaciones para dar a conocer los derechos a los detenidos.
Uno de los aspectos más inquietantes del informe fue su descubrimiento de que en muchas instalaciones los detenidos estaban alojados incorrectamente según sus antecedentes penales, o alojados antes de que se pudiera determinar el acceso a la documentación, lo que representa una amenaza potencialmente peligrosa. Los detenidos criminales de alto riesgo habían sido alojados con los de bajo riesgo, esta última categoría compuesta por aquellos que solo habían violado las leyes de inmigración.
El informe también encontró que muchas instalaciones no proporcionaban servicios de idiomas adecuados, ya sea negándoles el acceso a intérpretes o publicando políticas en inglés para muchos hispanohablantes.
El informe también señala que los centros impiden que los inmigrantes hablen con y entiendan al personal médico. “El personal no siempre utilizó los servicios de traducción de idiomas, que están disponibles por teléfono, durante los exámenes médicos de los detenidos”, señala el informe. “Algunos formularios de consentimiento médico no siempre estaban disponibles en español, y el personal no siempre explicaba los formularios en inglés a los detenidos que no hablaban inglés. Como resultado, es posible que los detenidos no hayan recibido suficiente información sobre sus afecciones médicas para garantizar un tratamiento médico adecuado durante su detención”.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración informa que las violaciones de las normas médicas desempeñaron un papel destacado en ocho muertes en las instalaciones de detención de inmigrantes del 2010 al 2012. Dicho organismo informa que han ocurrido al menos 10 muertes hasta el momento en el 2017.
El reporte del DHS también notó problemas graves con respecto a la manipulación y seguridad de los alimentos, poniendo en peligro la salud de los detenidos. “Observamos productos y otros alimentos en mal estado, marchitos y mohosos en los refrigeradores de la cocina, así como alimentos después de su fecha de vencimiento. También encontramos alimentos congelados caducados, incluyendo carne, y carne descongelada sin etiquetas que indicaran cuándo había comenzado a descongelarse o la fecha en que debe usarse”. El ICE no exige que los centros de detención respeten los protocolos de seguridad y manejo de alimentos del Departamento de Agricultura de EUA.
Un fenómeno presente a lo largo del estudio fue que los administradores de estas instalaciones no mantenían registros de sus acciones. Los investigadores revisaron los archivos médicos en papel y electrónicos y los registros de agravios. Investigaron los requisitos de salud, seguridad y bienestar, el uso de la segregación, la fuerza, las restricciones, la atención médica y de salud mental, así como la traducción e interpretación y los procesos mediante los cuales se manejaban las quejas dentro de las instalaciones.
Los inspectores a menudo encontraban agravios que, a pesar de haber sido presentados de la manera adecuada, no se habían seguido a fondo, o se recopilaron solo para permanecerlos intactos. “Algunos detenidos informaron que el personal obstaculizó o retrasó sus agravios o los intimidó, por temor a represalias, a no quejarse. Estos elementos de disuasión pueden evitar que los detenidos presenten quejas sobre preocupaciones serias que deberían abordarse y resolverse”, señaló el informe.
De acuerdo con el documento, el personal a menudo se olvida de decirles a los detenidos por qué fueron segregados. Se descubrió que los detenidos están recluidos en “segregación administrativa por largos períodos de tiempo sin revisiones periódicas documentadas que se requieren para justificar una segregación continua”. Algunos detenidos fueron encerrados en sus celdas por violaciones a las reglas menores sin la notificación por escrito de las razones del encierro y las opciones de apelación”.
La espantosa experiencia del ciudadano estadounidense Davino Watson, ilegalmente retenido por el ICE durante tres años y medio, da una idea de la absoluta negligencia tolerada por los funcionarios gubernamentales.
Los centros de detención supuestamente no están destinados a ser lugares de “castigo”, aunque todos los indicadores se asemejan a las condiciones similarmente violentas, insalubres y deshumanizantes que se encuentran dentro de las prisiones estadounidenses. Desde junio, ha habido cuatro huelgas de hambre en el centro de detención con fines de lucro de Adelanto, en el sur de California, que alberga a 1900 detenidos. Las demandas de los huelguistas incluyen reducciones de las fianzas, más tiempo para servicios religiosos, papeleo en sus idiomas nativos, alimentos de mejor calidad, agua limpia las 24 horas del día, y un mejor trato por parte de los guardias y el personal.
Después de un suicidio ahorcado de uno de los detenidos en Adelanto en agosto del 2017, Alexander Burgos Mejía, quien llegó primero a la escena, comentó: “Creo que hacer algo así nos ha pasado por la mente a todos los que estamos encerrados aquí”.
Una ley aprobada en el 2009 requirió que el ICE terminara sus contratos con las instalaciones que no recibieran un visto bueno en dos inspecciones consecutivas. Sin embargo, no se ha cerrado ninguna instalación del ICE pese a las múltiples inspecciones fallidas. El informe del DHS concluye con recomendaciones inservibles más allá de crear una fachada de supervisión por parte del ICE.
Los trabajadores y estudiantes deben abogar por la formación de comités de defensa para proteger a sus amigos, familiares y comunidades de tales horrores en las detenciones y deportaciones presididas por Obama y continuadas por Trump. Con el respaldo de ambos partidos gobernantes, el ICE puede actuar con total impunidad y someter a los inmigrantes y refugiados a condiciones peores que las del ganado.