Casi tres meses después de que el Huracán María llegara a tierra un equipo de reporteros del WSWS habló con residentes en San Sebastián, Puerto Rico sobre la discrepancia entre los reportes de noticias oficiales sobre la recuperación de la isla y las verdaderas condiciones que confrontan.

Casi tres meses después de que el huracán María llegó a las costas de la isla de Puerto Rico como una tormenta de categoría 5, cientos de miles de trabajadores y jóvenes continúan viviendo sin las necesidades básicas de la vida moderna. Casi un millón de los estimados 3.4 millones de residentes aún siguen sin electricidad y agua potable. Por lo menos 700 escuelas permanecen cerradas y miles de estudiantes o fueron redirigidos a otras escuelas o han sido forzados a permanecer en casa. La mayor parte de las áreas rurales en el centro de la isla aún no pueden ser alcanzadas y muchas carreteras siguen sin reparar.

La tormenta ha puesto al descubierto las terribles condiciones bajo las cuales la clase trabajadora en Puerto Rico ha estado viviendo por décadas. Así como el pueblo trabajador en el territorio de EE.UU., los residentes de la isla han sido sometidos a infraestructura peligrosamente precaria, falta de cuidado a la salud, desempleo, pobreza, recortes a la educación y servicios sociales mientras que la riqueza de un puñado de multimillonarios crece a un ritmo pasmoso. La situación para la clase trabajadora en Puerto Rico está magnificado por el estatus de “territorio autónomo” de la isla y el legado de opresión colonial por EE.UU.

Un equipo periodístico del World Socialist Web Site está actualmente viajando por la isla para documentar la actual crisis, la falta de ayuda por parte de la administración Trump y las autoridades locales y los esfuerzos corporativos y gubernamentales para aprovecharse de la desesperada situación para acelerar el saqueo de los bienes públicos.

En una clínica médica gratuita administrada por voluntarios en San Sebastián patrocinada por Remote Area Medical, los reporteros del WSWS hablaron con aquellos que buscan cuidado médico. Los residentes locales explicaron que se reporta que San Sebastián es una de las zonas más recuperadas de la isla a pesar del hecho de que docenas aún viven sin electricidad o agua potable. Muchos negocios permanecen cerrados –algunos permanentemente- y no hay ni un solo semáforo que funcione. Junto con el aviso de “hervir agua” para la isla entera, otros servicios básicos como el Internet son difíciles de encontrar. Por la ciudad se puede ver a los residentes trabajar en sus techos, limpiando las ruinas y reparando sus hogares, en algunos de los vecindarios más pobres, uno puede ver docenas de lonas azules brillantes en dónde solían estar los techos.

Roberto Hernández, un joven del vecindario que estaba ayudando en la clínica, declaró que la vida en la isla ha sido puesta de cabeza desde la tormenta. “Nos hemos tenido que adaptar para sobrevivir. Las personas no tienen Internet, electricidad o agua. Tienes que ajustar tu vida a como era hace 100 años atrás. Para un montón de personas, es abrumador. Las personas realmente necesitan electricidad. Las personas tienen problemas de respiración, por ejemplo, y necesitan sus respiradores”.

“Me pregunto cuánto tomará hasta que la vida retorne a la normalidad y eso está difícil de predecir. FEMA (la agencia rescatista federal) dice que podrían quedarse en Puerto Rico los próximos cinco o diez años”.

La vida está lejos de ser normal para la clase trabajadora y los residentes pobres de la isla. Una de las características más notables de la situación en Puerto Rico es la amplia discrepancia entre los oficiales reportes corporativos y gubernamentales y la realidad que enfrenta la población.

En primer lugar, el número de muertos reconocido por el estado sigue siendo “64” a pesar de reportes por científicos sociales en Puerto Rico y universidades de EE.UU., junto con Vox, el New York Times y otros centros de noticias, que estiman que el número de víctimas del huracán es 16 veces mayor. El análisis del Times encontró que en los 42 días después de que el huracán llegase el 20 de setiembre, el número de fatalidades fue 1.052 más que el número habitual que muere en ese lapso de tiempo en toda la isla.

Otras afirmaciones contradictorias han sido hechas sobre el estado de las escuelas públicas. El Departamento de Educación afirmó que el 98% de escuelas han sido reabiertas. Sin embargo, han estallado protestas populares en la sede de San Juan y en escuelas por la isla por los cierres de cientos de las 1,100 escuelas públicas de la isla. El sindicato de los profesores ha acusado a la Secretaria de Educación de la isla, Julia Keleher, de mantener deliberadamente las escuelas cerradas -a pesar del hecho de que los profesores y otros voluntarios las han limpiado de escombros y preparado a las instalaciones para que sean reabiertas- porque ella quiere cerrar 184 escuelas y volver a las restantes en instalaciones para que operen centros de educación privados.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está oficialmente reportando que más del 65 por ciento de áreas han sido “energizadas”, aunque muchos residentes y centros de noticias locales mantienen escepticismo sobre esa cifra. Varios centros de noticias locales han especulado que al usar el término “tener energización” el AEE está realizando afirmaciones engañosas al retratar la situación como mejor de lo que es realmente.

La Dra. Gloria López de San Juan declaró al WSWS que la ciudad capital aún sigue siendo una de las zonas más devastadas. “En San Juan, la mayoría de nosotros no tiene agua o electricidad. No sé por qué en la radio siguen diciendo que de 65 a 75 por ciento de personas tienen agua y electricidad porque no las tenemos realmente. Aún hay muchos escombros sin recoger en frente de mi casa”. La Dra. López explicó que durante las noches uno puede ver las áreas con electricidad restaurada y que está en gran parte restringida a las áreas más exclusivas y turísticas, incluyendo el viejo San Juan.

Ella prosiguió: “Mis vecinos y yo éramos capaces de retirar agua de un arroyo pero ahora está contaminado. No podemos usar nuestras maquinas lavadoras. ¡Se venden ahora tablas de lavar en un país moderno! Durante la noche, el ruido de los generadores es como una orquesta y en la mañana hay una neblina sobre la ciudad por los vapores producidos por los generadores”.

Incluso si la cifra “oficial” con respecto a la electricidad es tomada como cierta, el hecho de que tantas personas vivan sin energía por casi tres meses desde que la tormenta llegara no tiene precedentes para un territorio que forma parte del país más “avanzado” en el mundo.

La red de energía en Puerto Rico tiene mala fama por estar dilapidado e inestable. El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, en una entrevista en octubre con Reuters justo después de la tormenta, explicó que “el plan de emergencia es de la siguiente manera: no hay manera de reparar la naturaleza de la red”. Las autoridades dicen que algunas áreas de la isla puede que no tengan poder hasta marzo de 2018.

Aunque las plantas de poder dentro de la isla tienen 18 años de existencia en promedio y usan eficiente gas natural, la planta de poder promedio en Puerto Rico tiene 44 años de existencia y más de la mitad de la isla funciona con petróleo. Junto a los desafíos de reparación y mantenimiento se encuentra el hecho de que es imposible acceder a muchas a líneas eléctricas caídas en áreas remotas. Los residentes de la isla pagan entre 80 y 100 por ciento más por electricidad que el resto del país.

La empresa de servicios públicos de la isla AEE está ahogada en US$9 mil millones de deuda y se declaró en bancarrota sólo unos pocos meses antes de la tormenta. Desde el 2012, la fuerza laboral en AEE ha sido reducida por 30 por ciento, eliminando puestos esenciales como linieros, trabajadores de mantenimiento y técnicos, volviendo, de esta manera, la red de energía aún más vulnerable a los daños de la tormenta.

Para la clase gobernante, la devastación causada por el Huracán María a la red de energía es tomada como una oportunidad de oro para privatizar este bien público. Mientras una parte de la clase gobernante espera obtener una fortuna después de la catástrofe con las privatizaciones, eliminación de “industrias costosas” y contratos secretos sin oferta pública; el verdadero costo de las reparaciones –estimado en más de US$100 mil millones– será colocado sobre las espaldas de la clase trabajadora y los pobres. Ya ha habido anunciamientos de que los peajes de carretera aumentarán tanto como 30 por ciento desde enero, probablemente antes incluso de que los semáforos sean colocados de vuelta.

A pesar de los esfuerzos del gobierno para esconder la realidad, los efectos devastadores de la tormenta permanecerán en los próximos años, sino décadas.