El domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras y la Organización de los Estados Americanos (OEA), ambos, efectivamente pusieron fin al retorcido proceso electoral que siguió los comicios del 26 de noviembre. El TSE hizo la declaración oficial de la victoria del presidente actual, Juan Orlando Hernández, por encima del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, por un margen de 1,5 por ciento. Ahora Hernández se prepara para ser juramentado en enero para otro término de cuatro años.

Por su parte, el titular de la OEA, Luis Almagro, hizo la siguiente declaración: “Ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales”.

Después de tres semanas de rebuscar el camino de menor resistencia, estos anuncios marcan el comienzo de una nueva etapa en la imposición por parte de Washington y el Estado clientelar hondureño de sus gobernantes preferidos, por medio de los mismos métodos utilizados después del golpe militar del 2009.

Al igual que entonces, han dependido en la conformidad y bancarrota política de la “oposición” derechista y pseudoizquierdista para suprimir la indignación social generalizada entre los trabajadores, campesinos y jóvenes hondureños.

Durante las últimas tres semanas, incluyendo a través de un toque de queda durante la primera semana, las fuerzas armadas han recibido órdenes estrictas de despejar e intimidar violentamente a los manifestantes, quienes han colocado un gran número de “paros” o cortes de calle alrededor del país, incluyendo al menos 83 de estos actos el domingo en respuesta al anuncio del TSE. Ha habido al menos 20 civiles muertos, 70 heridos, 800 heridos y otros reportados como desaparecidos.

Estas cifras tan altas sufridas por aquellos protestando el fraude son principalmente el resultado de dos factores: las medidas de ley y orden del Gobierno y las órdenes de la oposición a sus simpatizantes a realizar manifestaciones aisladas como bloqueos de calle, vulnerables a los ataques de la policía militar, y a disuadir la formación de comités de defensa en las colonias de clase obrera abordadas por las operaciones policiales.

El viernes, el expresidente depuesto en el 2009 y líder de la Alianza, Manuel Zelaya, un terrateniente y exdirector del Consejo de la Empresa Privada (COHEP), realizó un desagradable ardid publicitario apareciendo en algunos de los cortes de ruta, constantemente reojeando a sus espaldas, y proclamando: “La gente tiene derecho a sacrificarse por sus hijos, como Jesucristo murió por el pueblo y por los pecados de otros, así estamos dispuestos a sacrificarnos por que esta generación sea respetada en las urnas”.

Los trabajadores y jóvenes hondureños solo tienen que contemplar su historia reciente para saber que no vale la pena desperdiciar ni una gota de sangre para traer al poder a cualquier facción de una burguesía dispuesta a traicionarlos y desplegar el aparato represivo en su contra a fin de defender los intereses del imperialismo en el país.

Al igual que en los años ochenta, cuando Honduras funcionaba como una base para las operaciones de contrainsurgencia de Estados Unidos a través de Centroamérica, y después del golpe de Estado del 2009, las fuerzas estatales, armadas y financiadas por Washington, están secuestrando y asesinando a aquellos al frente de las protestas en marcha, con reportes y videos de uniformados enmascarados llevando a cabo asesinatos extrajudiciales de los manifestantes e intentando ingresar a hogares incluso en plena luz del día. Los enfrentamientos violentos con la policía continuaron pasada la noche del lunes.

La Alianza ha dirigido todas sus apelaciones a una solución a la crisis política más profunda en el país desde los años ochenta al Departamento de Estado de EUA y a la OEA, el brazo diplomático de Washington para el continente americano desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el TSE hizo su anuncio el domingo, Nasralla, un ex-CEO de Pepsi Honduras y un fanático liberal-económico, estaba en camino precisamente para negociar y presentar su evidencia de fraude al Departamento de Estado y la OEA en Washington.

Después de que el golpe del 2009 respaldado por el Gobierno de Obama resultara en protestas de masas en honduras y condenas internacionalmente, la OEA llegó a la conclusión que era necesario suspender a Honduras. Sin embargo, el régimen golpista hondureño, Washington, la OEA y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) firmaron el Pacto de Cartagena en mayo del 2011. El FNRP y su líder, Manuel Zelaya, han servido como un flanco izquierdista fiable para la política burguesa hondureña desde entonces. Casi inmediatamente, el primero de junio del 2011, los representantes hondureños ante la OEA fueron recibidos de vuelta con una ovación de pie.

El domingo pasado, el analista comisionado por la OEA, Irfan Nooruddin, publicó un reporte sobre los resultados electorales. Entre varios otros hallazgos “inusuales”, indica que, después de que dos-terceras partes de las actas habían sido computadas, hubo una “desviación sorprendentemente grande de la tendencia anterior” a favor del Partido Nacional, una desviación presente “en todos los departamentos” y “difícil de explicar como pura suerte”. Su diplomática conclusión: “Rechazaría la proposición que el Partido Nacional ganó las elecciones de forma legítima”.

Ese mismo día, esperando mantener tanto la oposición social en Honduras contra el régimen golpista como las apelaciones de la Alianza orientadas hacia la OEA, Almagro hizo su propuesta de nuevas elecciones. Al igual que en el 2009, el organismo buscará mediar un nuevo acuerdo entre el Gobierno y la facción Zelaya-Nasralla de la burguesía, mientras que Washington y Tegucigalpa aplastan sangrientamente los levantamientos sociales.

El lunes, la burguesía hondureña dio su aval a la declaración del TSE de la reelección de Hernández, con declaraciones de las principales cámaras empresariales, la COHEP y la CONAFEPH.

El Gobierno de Trump ha dejado claro que, pese a las promesas de la Alianza de defender los intereses empresariales estadounidenses, considera vital mantener la intensidad actual y acelerada de escalar la austeridad, la militarización y las formas dictatoriales de gobierno en respuesta al recrudecimiento de la crisis social en el país. Dicha crisis se ha visto profundizada por la deportación de decenas de miles de hondureños de EUA y México, el estancamiento continuo de las inversiones productivas internacionalmente y los preparativos para conflictos militares globales.

Mientras Washington continúa empleando su Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), para reforzar su estrangulamiento de la región y proteger sus intereses contra otras potencias extranjeras, principalmente Rusia y China, y contra la clase obrera, el eslabón más débil de su cadena de control parece ser Honduras.

La pobreza en el país ha aumentado alrededor de un 10 por ciento desde el golpe del 2009, convirtiéndola en una condición generalizada para tres cuartas partes de la población, al mismo tiempo que el número de millonarios ha aumentado significativamente en años recientes. Altos funcionarios hondureños, retirados y activos, están alertando constantemente acerca de la posibilidad de una “insurrección” y “guerra civil”. Como respuesta a huelgas de brazos caídos en las fuerzas policiales, el Gobierno a recurrido a expandir la depuración en marcha de más de 4000 oficiales policiales desde el 2016 para incluir a aquellos que muestren cualquier renuencia a seguir las ordenes represivas. El lunes en la mañana, al menos 17 agentes “renunciaron” ante la Comisión Especial para la Depuración.

También ha habido reportes de ataques contra los principales medios de comunicación que favorecen a la Alianza y que han denunciado el fraude electoral, UNE TV y Radio Progreso, incluyendo amenazas y la destrucción de sus antenas de transmisión y sistemas de cables de fibra óptica. Varios empleados de Radio Progreso ya habían recibido una protección especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a amenazas después del golpe del 2009, y en el 2014 fue asesinado uno de sus directores.

Todas las organizaciones pseudoizquierdistas que trabajan dentro o en la órbita del FNRP, incluyendo a los morenistas Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), y Socialismo o Barbarie (SoB), han cerrado filas detrás de Nasralla, llamando a un “paro nacional cívico” para defender la llegada al poder de la Alianza. La política de estas organizaciones refleja los intereses de capas de la clase media-alta de académicos, oficiales sindicales y burócratas estatales cuyo principal temor es que sus privilegios se vean amenazados por un movimiento independiente de la clase trabajadora contra los grupos de poder burgueses.

La resistencia a la actual ofensiva de la clase gobernante exige el desarrollo de un movimiento independiente de la clase trabajadora, formando comités obreros y de defensa en sus barrios y lugares de trabajo para formular sus demandas y tareas con base en un programa internacional y socialista.