La investigación sobre la financiación de la milicia terrorista del Estado Islámico (EI) por la constructora Lafarge-Holcim expone el fraude de la llamada “guerra contra el terror” emprendida por Francia y sus aliados de la OTAN. De hecho, durante cinco años, una firma multimillonaria que lidera la bolsa de valores francesa CAC-40 financió deliberadamente una milicia terrorista que llevó a cabo ataques en toda Europa y en Francia.

Esto descubre directamente el papel del gobierno del Partido Socialista (PS) del ex presidente François Hollande. Reaccionó a los ataques terroristas mortales de enero y noviembre de 2015 en Francia al imponer el estado de emergencia y promover el neofascista Frente Nacional (FN), invitando a su líder, Marine Le Pen, al Palacio del Elíseo. También usó el estado de emergencia como pretexto para reprimir brutalmente las protestas contra su ley laboral antiobrera, afirmando que las protestas socavaron el trabajo policial de la “guerra contra el terror” y la unificación de Francia en una lucha contra el islamismo.

En ese momento, según las investigaciones de seis ejecutivos de Lafarge en las últimas dos semanas, entre ellos el ex director ejecutivo Bruno Lafont y el gerente general Eric Olsen-Lafarge estaban financiando a las mismas milicias terroristas en Siria cuyos ataques fueron citados como una razón para imponer el estado de emergencia.

Le Monde calificó la investigación de los ejecutivos de Lafarge como “un rayo político” y agregó: “Esta es la primera vez que un CEO de CAC-40 se ve implicado en actividades terroristas”.

Además, Lafarge recurrió a mentiras y a la producción de documentos falsos para justificar su financiación de grupos terroristas. El Servicio Nacional de Aduanas Judiciales (SNDJ), que llevó a cabo el interrogatorio de los ejecutivos de Lafarge que condujo a su acusación, concluyó que la administración francesa de la compañía “permitió estas transferencias financieras mediante la creación de documentos contables falsos”.

La evidencia provista por Lafarge refuta su coartada, la afirmación de que pagó a los grupos terroristas solo porque el EI amenazaba una fábrica de cemento Lafarge ubicada cerca de Raqqa, el bastión del EI en Siria. Un informe del auditor londinense PriceWaterhouseCoopers, encargado por Lafarge, descubrió que Lafarge pagó 13 millones de dólares a varias milicias islamistas en Siria entre 2011 y 2015. Esta financiación se prolongó en 2015, mucho después de que Lafarge cerrara su fábrica de cemento de Raqqa en septiembre de 2014.

Según los abogados de Sherpa, la ONG que presentó una demanda en 2016 sobre este tema por “poner en peligro la vida humana”, desencadenó una investigación para “financiar una entidad terrorista” por tres jueces antiterroristas o financieros en la fiscalía de la Oficina en París: la mayor parte de este dinero fue directa o indirectamente al EI.

Otro informe de la firma de abogados estadounidense Baker McKenzie, también encargado por Lafarge, encontró que la filial siria de Lafarge por sí sola pagó casi $5,6 millones a varias milicias terroristas, incluidos $500.000 al EI. Según los informes, el hijo del ex ministro de Defensa sirio, Firas Tlass, sirvió de intermediario para los pagos.

Por lo tanto, mientras el establishment político francés estaba debatiendo en 2014 ó 2015 si bombardear al EI en Siria, Lafarge todavía estaba financiando al grupo terrorista. Finalmente, Hollande dio la orden de bombardear las posiciones del EI en Siria después de los ataques del 13 de noviembre de 2015. Hasta entonces, Francia solo había bombardeado las posiciones del EI en Irak, dejando abierta la posibilidad de beneficiarse de las acciones del EI en Siria como parte de su guerra por el cambio de régimen en ese país.

Lo que surge de esta investigación no es la imagen de una empresa que se quedó en Siria, como afirmaron sus ejecutivos, para representar a Francia o para obtener beneficios de la mayor inversión francesa no relacionada con el petróleo en el Medio Oriente, y por lo tanto tuvo que pagar protección monetaria al EI. Más bien, tomó una decisión deliberada de financiar a las organizaciones que el gobierno del PS presentaba en ese momento como aliados legítimos de conveniencia en su guerra, llevada a cabo con la ayuda de Washington y las otras potencias de la OTAN, para derrocar al gobierno sirio.

En Francia se está librando una dura batalla dentro de los círculos oficiales por este escándalo, que los círculos financieros y judiciales de los EUA y el Reino Unido también están siguiendo de cerca.

Esta semana, Sherpa solicitó a la fiscalía que iniciara una investigación por obstrucción a la justicia, acusando a Lafarge de haber “comprado el silencio” de sus seis ejecutivos incriminados y de “adelantarse a los interrogatorios a los que podrían ser sometidos”.

La ONG repitió su demanda de que la investigación no se concentrara únicamente en Lafarge, sino que también revelara el papel de las autoridades estatales francesas en ese momento. Sus portavoces criticaron “el nerviosismo, la complacencia, o incluso la complicidad” de estas autoridades. Su abogada, Marie Dosé, preguntó: “¿Quién puede garantizar que, mientras tanto, parte del dinero pagado al EI no se destine finalmente a financiar un ataque terrorista en Francia?”.

De hecho, el caso Lafarge plantea no solo el papel de Francia, sino el de todas las principales potencias imperialistas de la OTAN, incluido Estados Unidos. A partir de 2011, estos poderes se establecieron con las redes de los jeques petroleros del Golfo Pérsico para armar y financiar a los grupos terroristas sirios con la melodía, en última instancia, de miles de millones de dólares. Esto ha devastado a Siria, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha obligado a más de 10 millones de sirios a huir de sus hogares.

Los medios y las autoridades políticas de los países de la OTAN trataron de restar importancia al carácter políticamente criminal de esta guerra y, en particular, el hecho, admitido por los funcionarios estadounidenses en 2012, de que los aliados de la OTAN en Siria eran milicias terroristas vinculadas a Al Qaeda.

El caso Lafarge también destaca el papel reaccionario y mentiroso de grupos pseudo-izquierdistas pequeño-burgueses como el Nuevo Partido Anticapitalista de Francia, que fueron partidarios y cómplices de la guerra. Representaron desvergonzadamente a las milicias islamistas en Siria como producto de un levantamiento popular masivo. Como el CAC-40 financió varias milicias islamistas en el terreno en Siria, una antigua colonia francesa, estos grupos asumieron la tarea de promover la mentira de que se trataba de una revolución democrática siria.

Bajo estas condiciones, la pregunta debe hacerse: ¿por qué los funcionarios del PS no están siendo enjuiciados, empezando por el propio ex presidente Hollande? Hollande dio el paso extraordinario en 2012 de reconocer a las milicias islamistas en Siria como el gobierno legítimo de ese país. Un documento emitido por Sherpa este octubre ha exigido que se investigue a los embajadores franceses en Siria y al ex ministro de Relaciones Exteriores del PS, Laurent Fabius. Sin embargo, los medios franceses están minimizando en gran medida este aspecto central del asunto.

Las acciones de Lafarge en Siria también subrayan el carácter políticamente ilegítimo y fraudulento del estado de emergencia, cuyas disposiciones antidemocráticas el presidente Emmanuel Macron ha adoptado ahora permanentemente como ley al aprobar su legislación antiterrorista. Mientras el imperialismo financió a los terroristas del EI, usó sus crímenes en Europa para justificar la represión de las protestas constitucionalmente protegidas de los trabajadores y jóvenes contra los intentos de reprimir sus derechos sociales y democráticos, adquiridos durante generaciones de luchas por la clase trabajadora.