El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó oficialmente el viernes pasado la fraudulenta reelección del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, siguiendo el periodo de cinco días legal para presentar reclamos tras el anuncio de los resultados finales del Tribunal Supremo Electoral el domingo previo (TSE).

El candidato de la Alianza de Oposición a la Dictadura, Salvador Nasralla, acababa de volver de Washington, donde presentó evidencia del fraude ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Departamento de Estado. Esta última institución declaró el miércoles pasado que no había visto “nada que altere el resultado final”.

Estados Unidos ahora se une a los Gobiernos de México, Guatemala, España y Colombia en felicitar a Hernández y efectivamente hacer caso omiso a la amplia evidencia de fraude, al igual que la conclusión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en cuanto a la “imposibilidad de determinar un ganador”.

Los observadores y analistas de la OEA reportaron toda una serie de ilegalidades, incluyendo manipulaciones no autorizadas de las maletas con los botos transportadas por el ejército antes de ser computadas, compra de votos, la ausencia de representantes de la Alianza en algunos centros, “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático” y un giro inexplicable en los resultados de una ventaja de cinco puntos porcentuales a favor de Nasralla con dos terceras partes de las actas computadas a una victoria final por 1,5 por ciento de Hernández. Gran parte de la evidencia es compatible con los métodos de fraude que planeaba el oficialista Partido Nacional y que fueron expuestos en un audio reportado por la revista Economist un día antes de los comicios del 26 de noviembre.

La Alianza de Oposición, por su parte, ha presentado evidencia de algunas actas que formaron parte del “escrutinio especial” parcial del TSE que habían sido reimprimidas con resultados diferentes. También ha sugerido que el principal fraude y encubrimiento ocurrió durante las prolongadas caídas de los servidores utilizados por el TSE precisamente para enviar las actas escaneadas de alrededor del país, incluyendo un “servidor central de divulgación” mantenido por Amazon, una compañía estrechamente conectada al Departamento de Estado de EUA y el Pentágono.

El jueves, un grupo de veinte legisladores demócratas de EUA le enviaron una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, urgiendo al Gobierno a acatar la evaluación de la OEA, pedir nuevas elecciones y denunciar el “uso excesivo de fuerza” por parte de las agencias de seguridad hondureñas.

Tal cinismo de los demócratas para intentar canalizar la ira social detrás de apelaciones inútiles a la OEA y a la Administración Trump que en evidencia por el hecho de que EUA está respaldando un régimen policial-estatal instalado durante un golpe de Estado orquestado en el 2009 por el Gobierno de Obama.

Más allá, fue durante el mandato de Obama que Washington inició el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte a fin de expandir las fuerzas militares y policiales en Honduras, Guatemala y El Salvador como una forma de suprimir la oposición popular y prevenir que los refugiados escapen la violencia y la pobreza extrema en la región. Tomando en consideración esta historia reciente y los actuales esfuerzos para descarrillar la resistencia a la imposición neocolonial en marcha, es irrisible que los demócratas estén basando su posición al Gobierno de Trump en un frenesí belicista sobre la presunta “injerencia” rusa en las elecciones estadounidenses del 2016.

Hernández, el actual mandatario, se pronunció ante la cúpula militar durante un traspaso de poderes a un nuevo Estado Mayor Conjunto el jueves. Les indicó que las protestas en todo el país contra la reelección fraudulenta “es el resurgimiento de sectores de maras, crimen organizado, haciéndole daño a Honduras”. Luego, aseveró: “la tarea [en seguridad] tenemos que cumplirla y terminarla para que esta nación viva en paz y tranquilidad”.

El reconocimiento de Washington coincide con un giro del ejército y la policía militar hondureña a utilizar municiones reales cada vez más abiertamente contra manifestantes desarmados y en incursiones en barrios obreros para intimidar a sus familias e incluso prevenir que salgan de sus casas. En las tres semanas desde las elecciones, al menos 20 civiles, la mayoría jóvenes, han muerto como parte de la represión estatal. Docenas más han quedados heridos y cientos más han sido arrestados.

Mientras que las encuestas preelectorales mostraban que el 70 por ciento de hondureños se oponían a la candidatura inconstitucional para una reelección de Hernández, la oposición al régimen golpista —el cual ha presidido un mayor empobrecimiento de las masas en uno de los países más pobres y desiguales del continente— se ha vuelto incluso más generalizada como respuesta al fraude electoral y los intentos de crear una atmósfera de terror en la población.

Miles continúan desafiando el riesgo mortal de defender los cortes de calle que la Alianza ha pedido o manifestarse en las calles; la policía militar es recibida con desprecio y resistencia donde sea que realicen sus operaciones; agentes provocadores de la policía han sido identificados cuando intentaban fomentar saqueos y han sido expulsados de las manifestaciones. El jueves por la noche, miles marcharon a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para condenar el asesinato de los protestantes.

El legítimo enojo y las protestas valientes de los trabajadores, jóvenes y campesinos han contrastado marcadamente con la respuesta oficial de la Alianza y las organizaciones en su órbita, las cuales han continuado apelando al imperialismo y a su brazo supervisor neocolonial, la OEA, y han intentado avanzar gradualmente y legitimar un diálogo con el régimen de Hernández.

La declaración del Departamento de Estado el viernes establece claramente que este es el siguiente paso del fraude: “Los estrechos resultados electorales, las irregularidades identificadas por las misiones de observación electoral de la OEA y la UE, y las fuertes reacciones de los hondureños a través del espectro político subrayan la necesidad de un diálogo nacional robusto”.

Manuel Zelaya, el expresidente depuesto en el 2009 y actual líder y flanco izquierdista de la Alianza, ha continuado presentándose en ciertas manifestaciones para avanzar esta agenda. El mismo viernes, respondió al anuncio del Departamento de Estado así: “Nosotros queremos dialogar, pero no queremos que nos impongan una agenda. Si Salvador convoca a un diálogo yo voy a participar, pero queremos que participen sectores neutrales”.

De una forma similar pero más acelerada a la secuencia de eventos después del golpe de Estado del 2009, el escenario está ahora listo para que la OEA y otros títeres internacionales de Washington actúen como mediadores entre los sectores de la llamada “oposición” y el régimen instalado para apuntalarlo.

Uno de los argumentos utilizados por los líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) para justificar su participación en las negociaciones del 2011 era detener la escalada de ataques represivos y asesinatos de líderes locales a manos de las fuerzas estatales, algo que no sucedió después de acceder al Pacto de Cartagena. Hoy día, la policía militar muestra todos los indicios de continuar su ofensiva asesina.

Al mismo tiempo, los sindicatos se han unido a la Iglesia y a la patronal en pedir el diálogo, reproduciendo las amenazas de despidos masivos hechas por las corporaciones transnacionales. Por ejemplo, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Santa Inés (Sitraeasisa), una empresa propiedad de la Standard Fruit Company, advirtió de forma cobarde el jueves: “Si la situación no mejora de aquí al lunes, la empresa nos ha dicho que va a paralizar unos 21.000 trabajadores entre permanentes y temporales”.