El Congreso pospuso hasta el nuevo año cualquier decisión sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA—la orden ejecutiva para aplazar la deportación de personas que vinieron a Estados Unidos como menores de edad. El aplazamiento deja a casi 800.000 jóvenes de DACA en peligro en el período previo a la fecha límite del 5 de marzo establecido por el presidente Donald Trump cuando finalizó el programa en septiembre—para la aprobación de la legislación que regularice su estatus

Si la legislación no se aprueba, todos ellos estarán sujetos a deportación. Tal como están las cosas, unos 11.000 jóvenes ya han perdido el permiso para trabajar como resultado de la derogación de DACA, y un estimado de 120 más se enfrentan al mismo destino cada día.

En noviembre, la líder de la minoría de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi prometió a los destinatarios de DACA que llegaría a un acuerdo antes del nuevo año y prometió que el Caucus demócrata retendría la legislación de gastos provisionales para evitar el cierre del gobierno si no se alcanzaba un acuerdo sobre DACA antes de la clausura de actividades del Congreso por las fiestas de fin de año.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, anunció el martes que había llegado a un acuerdo con el Líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, para renunciar a cualquier acción: “No, no haremos DACA ... esta semana ... Ese será un tema que discutiremos el próximo año. El presidente nos ha dado hasta marzo para abordar ese problema. Tenemos mucho tiempo para hacerlo”.

Siete seguidores de DACA fueron encarcelados el viernes pasado después de organizar una sentada en la oficina de Schumer y luego llevaron a cabo una huelga de hambre.

Los demócratas, especialmente los candidatos a la reelección en estados ganados por Trump, se están distanciando rápidamente de amenazas de un cierre del gobierno para forzar la acción en DACA.

“Tenemos que hacerlo, pero no estoy trazando una línea en la arena que tiene que ser esta semana en lugar de dentro de dos semanas”, dijo la senadora Claire McCaskill (demócrata de Missouri), que se enfrenta a la reelección el próximo año. Haciéndose eco de esos sentimientos fueron los senadores Joe Manchin III (D-W.Va.) Y Joe Donnelly (D-Ind.). Todos estos senadores votaron “sí” cuando el proyecto de ley de financiamiento temporal pasó el Senado la noche anterior por un margen de 66-32. Diecisiete demócratas votaron “sí”, incluido el compañero de fórmula de Hillary Clinton, Tim Kaine (D-Va.), quien intentó usar sus pobres habilidades en el idioma español durante la campaña de 2016 para convencer a los votantes latinos de apoyar el boleto demócrata.

Si bien muchos inscritos en DACA se sienten frustrados porque la decisión ha sido pateada para el 2018, la realidad es que cualquier “acuerdo” de DACA que surja será una legislación reaccionaria para intensificar aún más la represión contra los inmigrantes indocumentados, militarizar la frontera, limitar la inmigración y sentenciar a millones de inmigrantes y refugiados a viajes cada vez más peligrosos.

Luego de una reunión para analizar la política de inmigración el martes pasado, el jefe de personal de la Casa Blanca John Kelly y otros funcionarios entraron en detalles sobre el tamaño y el alcance del muro en la frontera sur y qué medidas requiere la Casa Blanca a cambio de un acuerdo DACA.

Este llamado “acuerdo” permitirá a los demócratas ayudar a aprobar un proyecto de ley para una mayor militarización de la frontera y la represión contra los inmigrantes, mientras lo disfraza como “progresivo” al comerciar con las vidas de 800.000 jóvenes.

Lo que se retrata en los medios como una especie de lucha virtuosa por parte de los demócratas para “salvar a DACA” debe ser denunciado por toda su hipocresía. Desde el primer día, DACA no ha sido más que una moneda de cambio para la élite que detenta el poder político.

De hecho, algunos ya están esperando cobrar, utilizando la aprobación de un acuerdo DACA para impulsar sus propias carreras. La representante Michelle Lujan Grisham (D-NM) anunció que cancelará sus planes de Navidad para quedarse en Washington y trabajar en la legislación. “Creo que mi liderazgo va a cerrar el trato y tengo que creer en eso”, dijo. Lujan Grisham ha anunciado su candidatura para gobernador de Nuevo México en las elecciones de 2018.

DACA se dio a conocer por primera vez como una cínica maniobra en 2012, solo tres meses antes de las elecciones presidenciales. La popular comprensión que el gobierno de Obama había continuado y ampliado las políticas de guerra de Bush en el extranjero y la austeridad en el país, mientras aumentaba dramáticamente el número de deportaciones, se reflejó en las encuestas previas a noviembre. La preocupada administración produjo la orden ejecutiva de la nada en agosto de 2012 en un intento de cortejar a los votantes latinos en el último momento. DACA ofreció solo la deportación diferida para una pequeña fracción de los 11 millones de indocumentados.

Durante los primeros dos años de la administración Obama, los demócratas controlaron la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia, pero no hubo ningún esfuerzo para presentar una legislación que ofreciera rutas a la ciudadanía o una amnistía para los 11 millones de indocumentados.

Esto no debe sorprender, ya que la administración estaba demasiado centrada en deportar a un número récord de inmigrantes (casi 3 millones), estableciendo cupos de camas obligatorios para centros de detención (34.000) y expandiendo masivamente ICE en todo el país para desaparecer personas de sus lugares de trabajo y hogares.

Si bien las condiciones del acuerdo DACA todavía están siendo resueltas, no puede haber ninguna duda de que los demócratas negociarán un acuerdo que presentará algunas de las leyes más reaccionarias contra los inmigrantes desde el confinamiento japonés.

Trump y la derecha republicana se alinean detrás de la “Ley RAISE (Reformando la Inmigración Americana para un Empleo Fuerte)” del senador Tom Cotton (R-Ark.), que terminaría las tarjetas verdes para los padres de ciudadanos estadounidenses adultos, eliminaría todo patrocinio familiar más allá de los cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, disminuye el límite de edad para niños menores de 21 a 18 años y reduce el número de tarjetas verdes por año de 226.000 a 88.000.

Otra propuesta republicana, la Ley SECURE (Seguridad, Coerción, y Compasión Unidos en los Esfuerzos de Reforma) podría ofrecer solamente un “estado provisional” en la forma de permisos de trabajo de tres años para los 690.000 jóvenes de DACA, mientras lo ata a una mayor financiación para la construcción de un muro fronterizo y la contratación de más guardias de frontera, limitando la capacidad de los inmigrantes para reunirse con sus familias, constriñendo el sistema “e-Verify” para excluir a los inmigrantes indocumentados de empleos y penalizando las llamadas “ciudades santuario” que se niegan a cooperar con las agencias federales encargadas de la inmigración.

El miércoles, la Corte Suprema emitió una opinión sin firma que establecía que la administración Trump no está obligada a entregar documentos que “informaron” o estaban relacionados con su decisión de terminar con DACA, como ordenó un tribunal federal de San Francisco para responder a cinco demandas presentadas por abogados y activistas de inmigración contra la administración Trump.

La opinión del miércoles, que expone aún más el carácter derechista de la Corte Suprema y el consenso general antiinmigrante en Washington, se produce solo semanas después que los jueces votaran 5-4 para emitir una orden temporal que protegía a la administración de tener que entregar documentos antes de diciembre 22 fecha límite.

El aplazamiento de cualquier acción en DACA hasta el próximo año expone la indiferencia criminal de ambos partidos políticos al destino de los jóvenes inmigrantes que son amenazados con la deportación a países que, en muchos casos, dejaron cuando eran bebés. Detrás de esta indiferencia se encuentra un consenso bipartidista sobre las políticas esenciales del imperialismo estadounidense que impulsan la inmigración masiva de América Latina y los países devastados por la guerra en el Medio Oriente y el Norte de África.

Los jóvenes de DACA y sus seguidores deben extraer las lecciones críticas de esta experiencia y romper completamente con el Partido Demócrata, cuya cada acción sirve para exponerlo como un partido de belicistas y compinches de Wall Street. Los demócratas merecen solo desprecio, y cualquier política basada en apelaciones a ellos sirve simplemente para infundir ilusiones y desviar cualquier lucha genuina contra el asalto a los inmigrantes. ¿Dónde estaba la “preocupación” de los demócratas por los inmigrantes durante los millones de secuestros y deportaciones que tuvieron lugar bajo la administración Obama?

El Partido de la Igualdad Socialista (SEP, por sus siglas en inglés) rechaza la nociva mentira inherente a todas las propuestas legislativas que están siendo consideradas en Washington que los inmigrantes son los culpables de la caída de los salarios, el desempleo y la pobreza. Estas condiciones son producto del capitalismo y del ataque impulsado por la ganancia contra toda la clase obrera. El SEP exige que se otorgue ciudadanía inmediata a todos los destinatarios de DACA, así como a las familias que los trajeron a este país. Además, el SEP exige una política de fronteras abiertas y el derecho de todos los trabajadores a vivir y trabajar donde quieran. Solo la lucha de toda la clase obrera por la reorganización socialista de la sociedad puede garantizar los derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos e internacionalmente.

(Artículo publicado en inglés el 22 de diciembre del 2017)