Una cadena de dramáticos eventos políticos se desarrolló en Perú durante las últimas tres semanas que culminaron en el indulto por parte del presidente Pedro Pablo Kuczynski al ex presidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre, quién fuese sentenciado en el 2009 a 25 años de prisión por violaciones de derechos humanos, entre otros crímenes perpetrados por su gobierno.

A pesar de las afirmaciones del gobierno de Kuczynski de que el indulto no fue “negociado”, los principales periódicos peruanos están confirmando lo que el indulto realmente representa en términos políticos:

A mitad de noviembre, como parte de la investigación en las ramificaciones en Perú del escándalo de corrupción cada vez más grande de Lava Jato en Brasil, el brasileño magnate de la construcción Marcelo Odebrecht reveló a fiscales peruanos que contrató a Kuczynski como “consultor” luego de que acabar su papel como primer ministro bajo el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Previamente, Odebrecht había confirmado que había pagado sobornos a Toledo por los derechos a lucrativos proyectos de infraestructura, instigando al ex presidente a huir de Perú y buscar refugio en California.

Kuczynski negó cualquier involucramiento en acuerdos corruptos con Odebrecht, pero el 13 de diciembre, Rosa Bartra, la presidente del “Comité Lava Jato” –y miembro del partido fujimorista Fuerza Popular (FP)– presentó en una conferencia de prensa detalles de pagos por Odebrecht a dos compañías que habían sido establecidas por Kuczynski y su socio chileno, el empresario millonario Gerardo Sepúlveda, en los Estados Unidos mientras PPK servía como ministro bajo Toledo. Estas dos compañías sirvieron como “consultoras” a Odebrecht y fueron recompensadas con más de medio millón de dólares.

Kuczynski admitió su copropiedad de estas compañías pero aun así negó cualquier delito, afirmando que todo estaba dirigido por Sepúlveda. Luego, admitió que había trabajado en otra compañía establecida por Sepúlveda por el cual él recibió directamente “un poco de dinero” trabajando como un consultor privado para Odebrecht.

Esto desató el llamado para la destitución del presidente. El 15 de diciembre, un voto para iniciar los procedimientos de destitución fue aprobado con 93 votos a favor de un total de 130 en la cámara de Congreso. El principal cargo levantado contra el presidente fue “incapacidad moral” –un motivo establecido en la constitución del país– por haber mentido al pueblo sobre sus verdaderos vínculos con la corrupción de Odebrecht.

El fujimorista FP, el principal promotor de la destitución, tiene, por supuesto, otras razones para implementar una reestructuración del gobierno. Su lideresa Keiko Fujimori –hija del encarcelado ex presidente– está ella misma implicada en el escándalo de Odebrecht, aunque pruebas definitivas aún tienen que aparecer. Los abogados del sistema judicial y de la oficina del fiscal general que están investigando a Fujimori hija sobre supuestos pagamentos por Odebrecht y un escándalo de drogas han sido acosados y amenazados por miembros de FP y congresistas.

Como una experta en Latinoamérica declaró al New York Times: “Como en Brasil [con la destitución de Dilma Rousseff], no están planteando acusaciones de corrupción para limpiar a Perú de la corrupción, sino que están usando estos cargos para retirar a sus enemigos del poder”.

Sin embargo, ya que todas las bancadas en el Congreso –excepto la que está compuesta por el partido Kuczynski– votaron a favor del debate por la destitución, parece ser que hay un consenso general para hacer que acabe prematuramente el gobierno de Kuczynski. Su nivel de aprobación –27 por ciento– es alarmante para un presidente que acaba de terminar su primer año de gobierno y ahora las revelaciones de Odebrecht han desacreditado aún más su administración.

Un día antes del voto de destitución, Kuczynski apareció con sus dos vice presidentes, Martín Vizcarra y Mercedes Araóz, en un mensaje televisado en dónde una vez más afirmó no cometer ningún delito en relación con su trabajo con Odebrecht y llamó al voto por la destitución un “golpe constitucional”. Añadió que ni Vizcarra ni Araóz querían tomar parte en un gobierno “que nazca de una maniobra injusta y anti-democrática”.

El mensaje grabado era una advertencia de que si la destitución procedía, ningún vicepresidente tomaría la presidencia y el puesto entonces caería sobre el presidente del Congreso, Luis Galarreta, un acérrimo fujimorista.

La advertencia parece que causó efecto en la bancada de pseudo-izquierda de Nuevo Perú. Días antes del voto por la destitución, comenzaron a hacer campaña contra éste. Argumentaron que el procedimiento de destitución era demasiado “rápido” e indicaron que Dilma Rousseff en Brasil tuvo mucho más tiempo para preparar su defensa antes del voto. Su grito de guerra contra el voto por la destitución era el hashtag #NiGolpismoNiLobbysmo –el “lobbysmo” era para indicar la supuesta corrupción del presidente.

En realidad, las bancadas de la pseudo-izquierda en el Congreso de Nuevo Perú y Frente Amplio habían sido defensores de la estabilidad del orden burgués incluso antes de que Kuczynski tomara el poder. Los líderes de ambas bancadas (Verónika Mendoza y Marco Arana, respectivamente) pidieron un voto para Kuczynski –un ex banquero multimillonario de Wall Street– durante las elecciones generales del año pasado para detener a Keiko Fujimori de que llegar al poder. Desde entonces, en el Congreso, prometieron no ser una oposición “obstruccionista” y defendieron a Kuczynski de los ataques políticos de FP hacia su gobierno.

Si bien el Frente Amplio de Arana inicialmente fue uno de los principales promotores de la destitución, Nuevo Perú declaró a la destitución de ser un plan para llevar a cabo una toma hostil del gobierno por parte de los fujimoristas. Lo nombraron el “fujigolpe”.

El 21 de diciembre, el voto por la destitución tomó lugar y durante los discursos por los miembros del congreso que le precedieron, la prensa reportó que alguien había filtrado un reporte médico sobre la salud de Alberto Fujimori que proponía un indulto.

Cuando el voto llegó, 10 miembros del congreso de FP se abstuvieron, mientras que todos los 10 miembros de la bancada de Nuevo Perú se pararon y salieron de la cámara para excluirse del voto. Las cámaras de televisión mostraron que a medida que salían, miembros de otras bancadas comenzaron a aplaudirlos.

Al final, la destitución fue derrotada, ya que sólo pudo conseguir 79 de los 87 votos necesitados.

Los 10 fujimoristas “rebeldes” que no siguieron la línea del partido y se abstuvieron, fueron dirigidos por Kenji Fujimori, hermano de Keiko e hijo de Alberto quién, según muchos reportes, ha estado tratando por años de derrocar a su hija y volverse el nuevo líder del partido y el próximo candidato presidencial para los fujimoristas.

Kenji también ha estado abogando por el indulto a su padre más que su hermana. Se reporta que Alberto Fujimori le favorece y que tanto padre como hijo mantienen un mayor apoyo al gobierno de Kuczynski.

La participación de Kenji hizo surgir especulación de que el gobierno de Kuczynski había negociado un indulto por Alberto Fujimori, pero esto fue negado por los portavoces del gobierno.

Dos días después de la fallida destitución, El Comercio, la voz derechista y corporativa de la clase gobernante peruana, publicó un editorial criticando tanto a Kuczynski y a la oposición del FP.

El editorial afirmó que Kuczynski no tenía razones para celebrar, ya que su posición era ahora más precaria que antes debido a las revelaciones de Odebrecht. Lamentó el hecho de que el presidente, quién proviene por completo del mundo de los negocios, no ha logrado implementar “reformas económicas” (políticas anti-clase trabajadora) y de que la economía aún menguante no ha mejorado, a pesar de la subida de los precios de minerales, la mayor exportación del país.

En cuanto a FP, El Comercio declaró que ya era tiempo para que el partido abandonara su posición agresiva hacia el gobierno, indicando que una encuesta muestra que el 61 por ciento de peruanos favorece la disolución del congreso, la única institución bajo el poder de FP.

Entonces, al día siguiente, mientras las familias peruanas se reunían para celebrar la Navidad, llegó el anuncio oficial del indulto a Fujimori.

Ya en el 2011, Kuczynski había declarado que si llegara al poder indultaría a Fujimori. Hasta llegó a apoyar a Keiko Fujimori en las elecciones del 2011 cuando la clase gobernante mostró preocupación por el auge del nacionalista Ollanta Humala, ahora encarcelado y esperando juicio por haber recibido sobornos de Odebrecht.

Sin embargo, durante las elecciones del 2016, a medida que era apoyado por la pseudo-izquierda contra Keiko Fujimori, Kuczynski prometió no indultarlo. Una vez en el poder, declaró que estaba revisando su promesa debido a las preocupaciones por la salud de Fujimori, los cuales han probado ser un falso pretexto. Fujimori hasta ahora había vivido en una cárcel dorada en las afueras de Lima y los únicos problemas de verdad que los doctores pudieron encontrar fueron hipertensión y depresión que no son amenazantes para la vida.

Fujimori recibió no sólo un indulto sino un “derecho de gracia”, la suspensión de todos los procesos legales actuales contra él.

Luego del indulto, la prensa –incluso entre los partidarios del gobierno– confirmó en reportes de que el indulto había sido negociado detrás de las escenas durante el voto de destitución. Los periodistas mostraron cómo ciertos momentos durante el debate por la destitución revelaron lo que estaba pasando, como cuando Kenji Fujimori entró en un intenso debate con otros miembros de altos nivel de FP; y cuando congresistas de FP fueron llamados por teléfono por el propio Alberto Fujimori quién les pidió que se abstuvieran de votar.

En Navidad, el presidente dio un mensaje televisivo completamente patético en el que mostró su apoyo a la decisión de indultar a Fujimori citando el falso pretexto del mal estado de salud del ex presidente y afirmando que a pesar de los “excesos” y “errores” de su gobierno éste también hizo “cosas buenas”. Finalmente le dijo a la gente joven que dejen el “odio” atrás y “pasen la página”.

El indulto a Fujimori ha desatado una ola de protestas, mayormente por parte de jóvenes en la capital y otras ciudades. Los parientes de la víctima de aquellos asesinados y desaparecidos durante el gobierno de Fujimori han pedido a organizaciones de derechos humanos internacionales de que condenen las acciones de Kuczynski e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han mostrado su “preocupación” por el indulto.

Encima de todo esto, el gobierno de Kuczynski ha sido estremecido por la renuncia de congresistas, ministros e incluso periodistas y artistas que trabajan en la televisión estatal a raíz del indulto.

Es difícil predecir si el indulto finalmente consolidará una alianza entre el gobierno y la derecha fujimorista. Si ése es el caso, entonces la clase gobernante tendrá a un gobierno unido para su programa de ataques frontales contra la clase trabajadora para apuntalar el capitalismo en el Perú.