El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el lunes que estará poniendo fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de más de un cuarto de millón de inmigrantes provenientes de El Salvador, la gran mayoría de los cuales son trabajadores empobrecidos. Ahora, tendrán 18 meses, hasta el 9 de setiembre del 2019 para irse de Estados Unidos o esperar ser arrestados y deportados.

Tomando en cuenta a los 190.000 hijos de los 262.000 salvadoreños que perderán su protección, la población inmediatamente afectada es mayor a la de ciudades como Toledo, Ohio, o Nueva Orleans, Louisiana. El acorralamiento y arresto de los beneficiarios del TPS requerirá operaciones propias de la Gestapo en el área metropolitana de Washington DC, donde viven 50.000 de ellos, en Los Angeles, donde viven 40.000, y Houston y la ciudad de Nueva York donde viven 50.000 en conjunto.

Este es el mayor grupo que cubre el programa TPS, bajo el cual el secretario de Seguridad Nacional, puede otorgar estadías mayores a las tradicionales para refugiados a las personas que buscan escapar de desastres naturales o guerras civiles en sus países de origen.

Los salvadoreños amparados en el TPS constituyen un segmento importante de la clase obrera en EUA, donde la mayoría ha echado raíces profundas. En promedio, han vivido en EUA por 21 años. Aquellos que se enfrentan a una deportación son principalmente de mediana edad y han vivido aquí la mayor parte de sus vidas adultas. Un estimado indica que su expulsión reducirá el producto interno bruto estadounidense en $110.000 millones durante los próximos diez años.

Alrededor de 190.000 de ellos fueron admitidos antes de 1994 y todos los 262.000 de ellos ingresaron antes del año 2001, cuando varios terremotos devastadores afectaron El Salvador. Decenas de miles escaparon la guerra civil de 1980 a 1992 en la que los escuadrones de la muerte respaldados por EUA asolaron pueblos enteros y masacraron a la población. Hace 37 años, en un solo pueblo, El Mozote, alrededor de 1.200 campesinos fueron asesinados en un episodio conocido como el My Lai salvadoreño.

La decisión respecto al TPS significa una sentencia de muerte para cientos o incluso miles que serán enviados a un país con una de las tasas de homicidio más altas del mundo, dominado por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que operan con impunidad, siendo protegidas por un ejército corrupto que recibe dinero tanto del tráfico como de la ayuda militar estadounidense. Según un reporte del 2015 en el diario Guardian, docenas de salvadoreños fueron asesinados después de ser deportados por Obama entre el 2014 y el 2015.

Este paso refleja la determinación del Gobierno de Trump para poner fin al programa en su totalidad. La secretaria en funciones del DHS, Elaine Duke, acabó con el TPS de 2.500 inmigrantes de Nicaragua, dándoles hasta el 5 de enero del 2019 para irse de EUA, y de 57.000 inmigrantes de Haití, cuya protección expirará el 22 de julio del 2019.

Sin embargo, la responsabilidad cae de igual manera sobre el Partido Demócrata, el cual sentó las bases para el programa de deportaciones masivas de Trump durante los mandatos de Obama. De hecho, su Presidencia deportó a 2,7 millones de inmigrantes, incluyendo a cientos de miles cuando el Partido Demócrata también controlaba el Congreso en los primeros años de su Gobierno.

Así o más cínicos son los fraudulentos mensajes de apoyo para los inmigrantes de parte de los dirigentes demócratas. Barack Obama encarceló a decenas de miles de niños salvadoreños y a sus madres que cruzaron la frontera a EUA durante un fuerte recrudecimiento de la violencia en Centroamérica en el 2014.

En lo que concierne a esta solicitud de Trump y los $15.000 millones que pide para financiar la “seguridad” fronteriza, el Partido Demócrata ha promovido la militarización de la frontera por mucho tiempo y ha dejado en claro que apoya dedicar miles de millones más para expandir lo que ya es un pequeño ejército de policías fronterizos y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cuando el precursor al muro de Trump fue propuesto por primera vez como parte de la Ley del Cerco Seguro del 2006, votaron a favor los principales senadores demócratas, incluyendo a Barack Obama, Hillary Clinton y Joe Biden, al igual que Charles Schumer, el actual líder demócrata del Senado. Como resultado de esta y otras medidas bipartidistas para militarizar la frontera, alrededor de 27.000 inmigrantes murieron cruzando el desierto en los últimos 20 años.

En el 2013, los demócratas aceptaron gastar $40.000 millones en la “seguridad” fronteriza, duplicando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y expandiendo el uso de equipos de vigilancia de alta tecnología, como sensores y drones. Los demócratas también acordaron eliminar la lotería de visas, prohibir que los hermanos de ciudadanos estadounidenses obtengan visas de reunificación familiar y expandir los ofrecimientos de visas dependientes del nivel educativo y la experiencia laboral del aplicante, según las demandas de las corporaciones estadounidenses en busca de mano de obra cualificada. Al final, los republicanos fueron los que rechazaron este proyecto de ley.

Hoy día, proponen ir mucho más allá de sus promesas antimigratorias previas. La decisión de deportar a los beneficiarios del TPS está tomando lugar mientras el Partido Demócrata y Trump teatralizan negociaciones sobre el futuro de 800.000 jóvenes que llegaron al país como niños y fueron incorporados al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Trump puso fin a este ordenamiento, el cual vencerá el 5 de marzo. A partir de esta fecha, podrían comenzar a realizar detenciones masivas de exbenificiarios de DACA utilizando la información que le entregaron al Gobierno como parte de sus solicitudes para el mismo programa.

La Casa Blanca también está demandando recortes en los niveles de inmigración legales como parte de un “compromiso” en cuanto a DACA, incluyendo la eliminación del programa de lotería de visas y de la llamada “migración en cadena”, la cual permite que los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales patrocinen a familiares.

La semana pasada, en anticipación a las negociaciones sobre DACA, el senador Schumer manifestó claramente que apoya intensificar la militarización de la frontera entre EUA y México. Por su parte, el senador Bernie Sanders reiteró que apoya la escalada de los ataques contra los trabajadores indocumentados. El domingo, en el programa “This Week” de ABC, declaró que, pese a que se opone al muro de Trump, “No creo que haya nadie que esté en contra de que necesitemos una seguridad fronteriza fuerte. Si el presidente quiere trabajar con nosotros para que tengamos una seguridad fronteriza fuerte, hagámoslo”.

Sanders, en concordancia con la burocracia sindical, ha hecho eco del nacionalismo económico de Trump y de sus intentos pseudopopulistas para enfrentar a los trabajadores estadounidenses contra sus hermanos y hermanas de clase de otros países.

La gran mayoría de los estadounidenses se opone al nacionalismo antiinmigrante de Trump, con 9 de cada 10 indicando que el Gobierno debería darle la ciudadanía a los inmigrantes que hayan vivido en EUA por un cierto número de años. En enero y febrero del 2017, el anuncio del veto a viajantes de Trump provocó protestas de masas en aeropuertos por todo el país. Desde entonces, el Partido Demócrata ha trabajado sistemáticamente para desviar y suprimir la oposición popular al programa antiinmigrante, proempresarial y belicista de Trump; en cambio, ha promovido campañas reaccionarias y antidemocráticas.

Dichas campañas incluyen la llamada “Me Too” (Yo también), la cual rechaza principios democráticos básicos como la presunción de inocencia y un proceso legal debido a fin de promocionar el feminismo de las capas privilegiadas de la clase media; la campaña antirrusa, que busca girar la política exterior estadounidense a una postura militar más agresiva contra Rusia; y la campaña contra las “noticias falsas” siendo utilizada para justificar la censura del Internet y de las redes sociales.

En diciembre, la Corte Suprema de EUA aprobó y dio vigencia a una versión un tanto modificada del veto a viajantes de Trump, después de que los demócratas en la Cámara de Representantes votarán en proporción de dos a uno contra una moción introducida por un legislador demócrata para realizarle un juicio político a Trump en relación con su programa de deportación masiva.

Los socialistas rechazamos, en su totalidad, el marco reaccionario del “debate” sobre la “reforma” migratoria. El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) rechaza el punto de vista compartido por los Demócratas y los Republicanos, de que los trabajadores indocumentados ya son culpables de un crimen y tiene que rendir cuentas de una forma o la otra.

El PSI defiende el derecho de cada trabajador en todo el mundo a vivir y trabajar en el país que elija, con todos los derechos de ciudadanía, incluyendo el de regresar al país de origen sin temer ser rechazado al volver ni ser separado de su familia.

El total de personas que trabajan en las mismas fábricas, construcciones y otras industrias junto con los 262.000 salvadoreños del programa TPS llega a millones o incluso decenas de millones. Un ataque contra este sector de trabajadores es un ataque contra toda la clase obrera.

Solo el poder de la clase trabajadora —unida a través de las razas y las nacionalidades— puede detener esta ofensiva que busca destruir las vidas de cientos de miles de trabajadores salvadoreños viviendo en EUA.